MOTOZINTLA | ¿QUIÉN SOSTIENE EL CASO CONTRA VICENTE ÁNGEL? LA CADENA DE MANDO QUE YA NO PUEDE DECIR QUE NO SABÍA

COLUMNA | CHIAPAS EN LA MIRA
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

Chiapas | 19 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

EN LAS INSTITUCIONES, LAS IRREGULARIDADES RARA VEZ SUBEN SOLAS POR LA CADENA DE MANDO

Alguien tiene que reportarlas.

Alguien tiene que reconocer que una detención pudo ser arbitraria.

Alguien tiene que informar que una prueba fue presentada deficientemente.

Alguien tiene que admitir que la firma de un documento está cuestionada.

Alguien tiene que comunicar que posiblemente el juez del fuero común no es competente.

Pero cuando reconocer un error puede ocasionar una llamada de atención, una investigación administrativa o incluso la pérdida del empleo, la información puede comenzar a desaparecer en el camino.

Los reportes se suavizan.

Las contradicciones se omiten.

Los errores se convierten en “incidentes procesales”.

Y los superiores reciben una versión limpia, conveniente y alejada de lo que realmente sucede.

El caso de Vicente Ángel Cortés Roblero obliga a revisar toda la cadena.

UN TERRENO FEDERAL SIN DENUNCIA FEDERAL

La defensa sostiene que los espacios relacionados con el proceso se encuentran dentro de la ribera del río Chelajú y forman parte de una franja bajo resguardo de la Comisión Nacional del Agua.

También afirma que existen estudios de Protección Civil y referencias de la Semarnat que ubican los terrenos dentro del canal.

Si esto se confirma, el problema jurídico es profundo.

Conagua no habría presentado una denuncia.

Tampoco la Semarnat ni la Profepa.

Ninguna de las dependencias federales que podrían considerarse afectadas aparece reclamando el predio.

Entonces:

¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA?

¿QUIÉN ACREDITÓ LA PROPIEDAD O POSESIÓN DEL ESPACIO?

¿CON BASE EN QUÉ DOCUMENTO SE SOSTIENE EL DELITO?

¿POR QUÉ EL ASUNTO CONTINÚA ANTE UN JUEZ DEL FUERO COMÚN?

La competencia no es un capricho del abogado.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por una autoridad legalmente competente.

El defensor Ramiro Zunun anunció que promoverá un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito en Tapachula para impugnar la competencia del juez local.

El juez de Control Rafael Flores Sánchez ha tomado decisiones favorables para la defensa: admitió el video grabado por Vicente y dejó fuera la prueba extemporánea presentada por la Fiscalía.

Sin embargo, el abogado considera deficiente la respuesta del juez frente al planteamiento de incompetencia.

La defensa teme que Vicente pueda llegar a ser sentenciado por una autoridad que posiblemente no debería conocer el asunto.

LA FISCALÍA DE MOTOZINTLA

El fiscal del Ministerio Público que, según la defensa, lleva la acusación es Alejandro de Jesús Suárez Camas.

Su actuación debe ser revisada objetivamente.

No por una campaña personal.

No por venganza.

No para condenarlo desde una columna.

Debe revisarse porque Vicente permanece privado de la libertad y existen cuestionamientos concretos:

¿Por qué intentó excluirse el video que favorece a Vicente?

¿Por qué apareció hasta agosto un documento fechado desde diciembre de 2025?

¿Por qué no se verificó previamente la firma atribuida al inculpado?

¿Por qué se sostiene el proceso ante el fuero común si el predio estaría bajo resguardo de Conagua?

¿Por qué no se promovieron mecanismos alternativos de solución?

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva cuando el lugar ya estaría desocupado?

¿Por qué, según la defensa, se busca conducir a las personas detenidas hacia un procedimiento abreviado que implicaría reconocerse culpables?

Estas preguntas deben responderse dentro del expediente y mediante una revisión institucional.

LA CADENA DE RESPONSABILIDADES

Alejandro de Jesús Suárez Camas no es toda la Fiscalía.

Por encima de su actuación existe una estructura administrativa y jerárquica.

La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal está encabezada por Olger Villanueva Ovando.

La Subdirección de Investigación y Judicialización de Motozintla aparece bajo la responsabilidad de José Absalón Moreno Guillén.

La Fiscalía General del Estado es dirigida por Jorge Luis Llaven Abarca.

La Policía Municipal responde al Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Alfonso Meza Pivaral.

La estructura estatal de seguridad se encuentra bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

La conducción política del Poder Ejecutivo corresponde al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Cada uno tiene facultades distintas.

No todos participaron directamente en la detención ni en las audiencias.

Pero todos forman parte de una cadena institucional que debe funcionar para detectar abusos, corregir errores y evitar que una persona permanezca injustamente en prisión.

LA POLICÍA MUNICIPAL TAMBIÉN DEBE RESPONDER

La madre de Vicente ha señalado públicamente que fueron policías municipales quienes detuvieron a su hijo.

Por eso el alcalde Alfonso Meza Pivaral debe explicar:

¿Quién ordenó la detención?

¿Cuáles fueron los nombres de los agentes participantes?

¿Existen partes informativos?

¿Hay videos de cámaras corporales, patrullas o establecimientos cercanos?

¿Qué conducta atribuyeron específicamente a Vicente?

¿Por qué fue detenido si manifestó que estaba grabando para una página informativa?

¿El director de la Policía Municipal abrió alguna investigación interna?

El silencio municipal también forma parte del problema.

La responsabilidad de un Ayuntamiento no termina cuando entrega a una persona al Ministerio Público.

Debe responder por la legalidad de la actuación de sus agentes.

LA FUERZA PAKAL Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

En el operativo también participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, debe revisar la intervención de sus elementos y determinar si existen grabaciones, reportes operativos y órdenes de mando.

Las corporaciones estatales han informado públicamente que utilizan herramientas tecnológicas para documentar sus intervenciones.

¿EXISTEN VIDEOS DEL OPERATIVO DEL 10 DE MARZO?

¿FUERON PRESERVADOS?

¿SE ENTREGARON A LA DEFENSA?

¿MUESTRAN EL MOMENTO EN QUE VICENTE FUE DETENIDO?

Si existen, deben incorporarse al proceso.

Si no existen, la autoridad debe explicar por qué.

No puede pretenderse que solamente sea válido el relato de quienes ejecutaron la detención mientras se intenta desacreditar el video grabado por el ciudadano detenido.

¿QUÉ INFORMACIÓN LLEGÓ HASTA TUXTLA?

El 6 de marzo de 2026, apenas cuatro días antes de la detención de Vicente, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró en Motozintla la primera etapa de una Unidad Administrativa destinada a la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En ese acto estuvieron el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

La obra fue presentada como infraestructura destinada a fortalecer la gobernabilidad, el Estado de derecho y las capacidades operativas de la región.

Cuatro días después, Vicente fue detenido.

Hoy continúa en prisión.

La coincidencia temporal no demuestra que los altos funcionarios conocieran o autorizaran las presuntas irregularidades denunciadas por la defensa.

Pero sí vuelve indispensable preguntar:

¿QUÉ INFORMACIÓN RECIBIERON SOBRE EL OPERATIVO?

¿QUIÉN LES REPORTÓ LOS RESULTADOS?

¿LES DIJERON QUE ENTRE LOS DETENIDOS HABÍA UNA PERSONA QUE TRANSMITÍA PARA UNA PÁGINA?

¿CONOCEN LAS CONTRADICCIONES POSTERIORES?

¿SABEN QUE LA FIRMA DE UNA PRUEBA ESTÁ CUESTIONADA?

¿SABEN QUE EL JUEZ DEJÓ FUERA ESE DOCUMENTO?

¿SABEN QUE LA DEFENSA PROMOVERÁ UN AMPARO POR LA POSIBLE INCOMPETENCIA DEL FUERO COMÚN?

A partir de esta publicación ya no podrá argumentarse que el caso nunca llegó a la opinión pública.

CUANDO EL SILENCIO PROTEGE AL FUNCIONARIO, NO A LA INSTITUCIÓN

Ocultar una irregularidad no protege a una institución.

PROTEGE A QUIEN COMETIÓ LA IRREGULARIDAD.

Negar información a los superiores no preserva la confianza pública.

La destruye.

Disfrazar un error para evitar una llamada de atención puede terminar prolongando la prisión de una persona.

Por eso Chiapas En La Mira hace del conocimiento público este caso.

No sustituimos al juez.

No realizamos peritajes.

No declaramos culpables o inocentes desde una publicación.

Pero sí tenemos la responsabilidad periodística de exponer las contradicciones, escuchar a la madre, documentar la postura del abogado y exigir que la cadena de mando revise lo que ocurre en Motozintla.

El fiscal Alejandro de Jesús Suárez Camas, el fiscal de Distrito Olger Villanueva Ovando, el subdirector José Absalón Moreno Guillén, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, el alcalde Alfonso Meza Pivaral, el secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tienen distintos niveles de responsabilidad institucional.

Ahora todos conocen públicamente el caso.

CORRESPONDE A CADA UNO ACTUAR DENTRO DE SUS FACULTADES.

UNA MADRE NO DEBERÍA GRITAR PARA QUE EL ESTADO LA ESCUCHE

La madre de Vicente no tendría que acudir una y otra vez a los medios para pedir que revisen el expediente de su hijo.

No debería depender de publicaciones, videos o presión social para obtener justicia.

Pero cuando las puertas institucionales no responden, hablar públicamente se convierte en su última herramienta.

Su hijo salió a trabajar.

Se detuvo a grabar.

Fue arrestado.

Cuatro audiencias después, sigue recluido en el CERSS número 7 de Huixtla.

El lugar relacionado con el proceso estaría vacío.

La supuesta víctima federal no ha presentado denuncia.

La firma de un documento está cuestionada.

Una prueba fue excluida.

El video fue admitido.

La competencia del juez será impugnada mediante un amparo.

Y la madre continúa esperando.

Esta historia ya no puede esconderse dentro de un expediente.

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE.

LA SERIE TERMINA, PERO EL SEGUIMIENTO CONTINÚA: ¿QUÉ AUTORIDAD SERÁ LA PRIMERA EN REVISAR EL CASO, TRANSPARENTAR LAS PRUEBAS Y EXPLICAR POR QUÉ VICENTE ÁNGEL SIGUE EN PRISIÓN?