TZIMOL: 40 PROMOCIONES PARA INVESTIGAR FALTAS. ¿QUÉ FUE DE ELLAS? ¿QUÉ GASTOS SE ACLARARON, QUÉ SIGUE EN TRÁMITE Y QUIÉN RESPONDIÓ?

TZIMOL: 40 PROMOCIONES PARA INVESTIGAR FALTAS. ¿QUÉ FUE DE ELLAS? ¿QUÉ GASTOS SE ACLARARON, QUÉ SIGUE EN TRÁMITE Y QUIÉN RESPONDIÓ?

TERCERA PARTE DE TRES.

Tzimol, Chiapas | 28 de septiembre de 2026@ChiapasEnLaMiraSi usted trabajó y no le pagaron, pediría cuentas. Entonces, ¿por qué habría de quedarse callado cuando las auditorías señalan gastos del Ayuntamiento de Tzimol que debían aclararse? Es dinero público. También es suyo.

Los auditores hicieron señalamientos. El Ayuntamiento presentó algunas aclaraciones. Pero la historia no termina cuando se entrega un informe: falta saber qué pasó con cada expediente, qué documentos se aceptaron, si hubo dinero recuperado y si se determinaron responsabilidades.

Una observación no prueba un robo. Y que no se conozca la resolución no significa que no exista. Precisamente por eso hay que pedirla: la ciudadanía merece conocer el resultado, no quedarse mirando cómo un expediente pasa de un escritorio a otro.

40 PROMOCIONES: INVESTIGAR NO ES SANCIONAR
En la revisión de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) emitió 26 pliegos por aproximadamente 21 millones 127 mil pesos y registró 27 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, conocidas como PRAS. Estas promociones buscan que la autoridad competente investigue posibles faltas administrativas y determine si procede una sanción.

En 2023 hubo 13 pliegos por cerca de 13 millones 839 mil pesos y otras 13 PRAS.
Son 40 promociones entre los dos años. No son 40 sanciones. Tampoco puede afirmarse, solo con esa cifra, que se abrieron 40 procedimientos distintos. La pregunta es a quién se turnó cada caso, qué hizo esa autoridad y en qué terminó.

Los hallazgos federales de 2024, remitidos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siguen otra vía. También requieren una respuesta propia.

LAS CIFRAS TIENEN FECHA; LAS PREGUNTAS SIGUEN VIGENTES
Los montos de los pliegos de 2022 y 2023 corresponden al cierre de aquellas auditorías. No indican, por sí solos, cuánto continúa pendiente en septiembre de 2026. Para saberlo hace falta consultar el seguimiento de cada observación. Que una autoridad la declare “solventada” significa que la dio por atendida; no necesariamente que se devolvió dinero.
En 2024, el informe incorporó aclaraciones por 57 mil 650 pesos y cerró con cuatro pliegos por aproximadamente un millón 161 mil pesos. Por separado, registró hallazgos federales por cerca de 5 millones 347 mil pesos, enviados a la ASF.

Ninguna de esas cifras prueba un robo como tal ni dice cuánto sigue pendiente hoy. Pero tampoco basta con anunciar que se emitieron pliegos o se enviaron hallazgos: ¿qué se comprobó después? ¿qué quedó sin aclarar al terminar cada trámite? ¿hubo consecuencias cuando correspondía?

LA ASE, LA ASF Y EL CONGRESO: ¿QUÉ HICIERON DESPUÉS?
A JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA, auditor superior del estado, y a las autoridades que recibieron las promociones les corresponde informar qué trámite se dio a los casos y qué resultados pueden hacerse públicos.
A AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL, titular de la ASF desde marzo de 2026, le corresponde explicar el seguimiento de los hallazgos federales de 2024 remitidos a esa institución.
¿Qué observaciones se aclararon y con cuáles documentos?
¿Cuáles continúan en trámite?
¿Se recuperó dinero? ¿Cuánto y por qué concepto?
¿Qué promociones dieron lugar a procedimientos?
¿Existen resoluciones definitivas o sanciones firmes?

Un monto total no le dice a la gente si se acreditaron los trabajos de una consultoría, si después se localizaron los aparatos pagados para el parque o si el terreno destinado a una terminal quedó escriturado a nombre del Ayuntamiento. Cada respuesta debe poder relacionarse con el gasto que originó la observación.

MARCELA CASTILLO ATRISTAIN preside la Mesa Directiva del Congreso del Estado en septiembre de 2026. A ella y a la comisión legislativa competente hay que preguntarles qué hicieron con los informes de Tzimol, qué información solicitaron a la ASE y qué pueden comunicar a la población.

El Congreso no resuelve por sí mismo todos los expedientes. Pero recibir informes sin explicar qué seguimiento se les dio deja a la ciudadanía con la misma pregunta de siempre: ¿para qué sirve enterarse de las observaciones si nunca se conoce su desenlace?

LOS ALCALDES TAMBIÉN DEBEN DAR EXPLICACIONES
Las cuentas de 2022 y 2023 corresponden al gobierno encabezado por JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMÉNEZ.
En 2024 hay que distinguir la licencia temporal de Altuzar, el interinato de JOSÉ ALFREDO MALDONADO DOMÍNGUEZ y el inicio de la administración de VÍCTOR ALFONSO GORDILLO MORALES. Cada pregunta debe dirigirse a quienes tomaron las decisiones durante el periodo correspondiente.

También importa establecer qué hicieron Tesorería, Obras Públicas, las áreas de compras, el Cabildo, los supervisores y los proveedores. Autorizar un pago, recibir una obra y entregar documentos para aclarar una observación son actos distintos.

La administración que conserva los archivos debe facilitar los contratos disponibles, las pruebas de entrega y las respuestas que el Ayuntamiento presentó ante los auditores. Cambiar de presidente municipal no hace desaparecer los documentos ni convierte el dinero público en asunto de una sola administración.

TZIMOL NECESITA RESULTADOS, NO SOLO EXPEDIENTES
Si un gasto fue aclarado, que se diga con qué pruebas. Si se devolvió dinero, cuánto y por qué. Si un procedimiento terminó, cuál fue su resultado público. Y si sigue abierto, cuál es su estado en la medida en que la ley permita informarlo.

Quienes ejercieron los recursos deben explicar sus decisiones. Quienes los revisaron deben decir qué hicieron con sus hallazgos. La ciudadanía no tiene por qué conformarse con saber que hubo observaciones mientras el final de la historia permanece fuera de su alcance.

Nota sobre las cantidades: se presentan cifras redondeadas para facilitar la lectura. Los importes exactos constan en los informes originales.