21 OBRAS, 24.4 MILLONES Y DEMASIADAS DUDAS: CHENALHÓ EXIGE QUE AUDITORÍA Y ANTICORRUPCIÓN RESPONDAN

#CHENALHÓ | 24.4 MILLONES BAJO SOSPECHA: AQUÍ NO BASTA DECIR QUE “TODO ES POLÍTICO”, HAY INSTITUCIONES QUE DEBEN RESPONDER

COLUMNA | CHIAPAS EN LA MIRA
Chiapas | 19 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

En Chenalhó hay una cifra que no puede esconderse detrás de comunicados, acusaciones políticas ni discursos de tranquilidad:

24 millones 456 mil 785 pesos.

Ese es el monto que habitantes y autoridades comunitarias señalan como presuntamente comprometido en 21 obras del Programa de Inversión Municipal (PIM) 2025 que, aseguran, fueron reportadas pero no ejecutadas. La denuncia también alcanza recursos vinculados con FAISMUN y FORTAMUN, dos fondos particularmente sensibles porque están destinados a infraestructura social y fortalecimiento municipal. (PORTAVOZ⁠)

No estamos hablando de una banqueta mal terminada.

No estamos hablando de una lámpara que se fundió.

Estamos hablando de más de 24 millones de pesos y de obras que comunidades enteras aseguran no haber recibido.

Y cuando aparecen cantidades de este tamaño, la discusión deja de ser exclusivamente sobre el presidente municipal Alberto López González.

Aquí también hay que preguntar:

¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE COBRAN PARA VIGILAR EL DINERO PÚBLICO?

EL PUENTE DE CASI 10 MILLONES

Dentro del expediente aparece un caso que merece revisión por sí solo.

La obra PIM 28 corresponde a la construcción del denominado “Puente Amarrillo”, en el Barrio San Pedro, con una asignación cercana a 9 millones 950 mil pesos.

Los denunciantes sostienen que se trata de una estructura de apenas 15 metros y consideran desproporcionado su costo. Eso no prueba por sí mismo un sobreprecio, pero sí constituye una razón suficiente para revisar proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, volumetrías, estimaciones, contratos, facturas y pagos. (PORTAVOZ⁠)

Porque casi diez millones de pesos no pueden explicarse con una fotografía y un boletín.

Se explican con expedientes.

LO MÁS GRAVE: LO QUE HABRÍA OCURRIDO EN LA ASAMBLEA

De acuerdo con la denuncia difundida públicamente, el 12 de febrero el Ayuntamiento convocó a agentes municipales de las 138 localidades.

Los denunciantes sostienen que, después de confrontar la información con documentos de la cuenta pública, el Ayuntamiento habría reconocido que recursos originalmente asociados a obras fueron destinados a fiestas tradicionales y pago de mayoles. (PORTAVOZ⁠)

Esto tiene que investigarse a fondo.

Porque si un recurso fue aprobado, registrado y reportado para determinada infraestructura, la autoridad competente debe establecer si legalmente podía modificarse su destino, mediante qué procedimiento, quién autorizó el cambio y cómo quedó registrado contablemente.

No basta decir:

“Se utilizó en otra cosa”.

El dinero público tiene partida, destino, reglas y responsables.

Y LUEGO APARECEN LAS FIRMAS

El caso todavía tiene otro capítulo.

Los denunciantes aseguran que el 1 de abril agentes rurales fueron convocados durante el pago de sus gratificaciones y se les pidió firmar hojas bajo el argumento de gestionar la liberación de recursos.

Según esa versión, la mayoría terminó firmando sin conocer completamente el contenido que posteriormente tendría el documento y únicamente cuatro agentes se habrían negado. (PORTAVOZ⁠)

El Ayuntamiento sostiene una versión diferente y ha rechazado las acusaciones, atribuyéndolas a intereses políticos. También ha presentado una lista de conformidad firmada por representantes comunitarios. (PORTAVOZ⁠)

Perfecto.

Entonces que hablen los documentos.

Que se periten las firmas si es necesario.

Que se revise cuándo se elaboró el documento.

Quién lo redactó.

Quién lo imprimió.

Quién recogió las firmas.

Y qué información se proporcionó a los agentes antes de firmarlo.

Porque precisamente para resolver dos versiones contradictorias existen las instituciones fiscalizadoras.

LOS NOMBRES TAMBIÉN IMPORTAN

La denuncia no solamente apunta al alcalde Alberto López González.

También menciona a Manuel Jiménez Pérez, tesorero municipal; Mariano Pérez Arias, director de Obras Públicas; Gilberto Darinel Ruiz Liévano, contralor municipal, y a otros funcionarios señalados por los denunciantes como posibles responsables. (PORTAVOZ⁠)

Todos conservan su derecho a responder y cualquier responsabilidad deberá determinarla la autoridad competente.

Pero precisamente por eso urge una investigación.

Porque un gasto municipal de esta magnitud no pasa por una sola mano.

Alguien solicita.

Alguien autoriza.

Alguien contrata.

Alguien supervisa.

Alguien paga.

Alguien registra.

Y alguien presenta la cuenta pública.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA: LA ASE CHIAPAS TIENE LA PALABRA

La primera institución que debería ofrecer resultados concretos es la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, encabezada actualmente por José Antonio Aguilar Meza. Su propia estructura cuenta con una Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos. (Asechiapas⁠)

Los denunciantes aseguran que el caso fue llevado ante esa instancia. (PORTAVOZ⁠)

Entonces la pregunta para Aguilar Meza es sencilla:

¿Ya se revisó la Cuenta Pública 2025 de Chenalhó específicamente respecto de estas 21 obras?

¿Las obras existen físicamente?

¿Coinciden los avances reportados con lo construido?

¿Los contratos existen?

¿Quiénes fueron los contratistas?

¿Cuánto se pagó?

¿Existen estimaciones y actas de entrega-recepción?

Eso es fiscalización.

Lo demás es discurso.

ANA LAURA ROMERO BASURTO: ¿Y LA ANTICORRUPCIÓN EN TIEMPO REAL?

En Chiapas existe además la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Ana Laura Romero Basurto. (Gobierno de Chiapas⁠)

La dependencia cuenta, incluso, con áreas de Programación de Auditorías, Enlace de Auditorías Estado-Federación y Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública. (Gobierno de Chiapas⁠)

Entonces aquí hay materia de sobra.

Son 21 obras.

Son más de 24 millones.

Hay comunidades denunciantes.

Hay señalamientos sobre la cuenta pública.

Hay versiones contradictorias.

Y existe un puente cercano a los diez millones de pesos cuyo costo ha sido cuestionado públicamente.

¿Qué más se necesita para revisar?

Si la nueva política anticorrupción presume prevención y vigilancia del gasto, Chenalhó representa una oportunidad para demostrar que esos conceptos sirven fuera de las presentaciones oficiales.

AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL: LA ASF TAMBIÉN FUE LLAMADA

Los denunciantes solicitaron además la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, actualmente encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel. (PORTAVOZ⁠)

Y existe una razón relevante.

Entre los recursos que piden revisar aparecen fondos como FAISMUN y FORTAMUN, vinculados con aportaciones federales a los municipios. (PORTAVOZ⁠)

La propia ASF tiene atribuciones para fiscalizar recursos públicos federales ejercidos por estados y municipios. (ASF⁠)

Así que tampoco aquí debería existir espacio para mirar hacia otro lado.

Si hubo recursos federales involucrados, que se siga el dinero desde su transferencia hasta su último comprobante.

RAQUEL BUENROSTRO TAMBIÉN TIENE UN EXPEDIENTE QUE MIRAR

Los ciudadanos también solicitaron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez. Documentos oficiales federales de 2026 la identifican como titular de esa dependencia. (Sidofqa⁠)

Otra vez:

No se está pidiendo una condena anticipada.

Se está pidiendo algo mucho más elemental:

revisar.

Seguir transferencias.

Cruzar expedientes.

Verificar obras.

Comparar contratos contra avance físico.

Determinar si los recursos llegaron a su destino.

Y establecer responsabilidades si existen irregularidades.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ YA FUE ENTERADA

El caso también llegó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

De acuerdo con la información publicada, habitantes de Chenalhó acudieron el 25 de marzo a la Ciudad de México para solicitar su intervención ante el riesgo de que el conflicto social escale. (PORTAVOZ⁠)

Ese dato no es menor.

Chenalhó conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los conflictos políticos, comunitarios e institucionales se dejan crecer.

Por eso este caso no debería administrarse hasta que explote.

Debe investigarse antes.

Y EDUARDO RAMÍREZ TAMPOCO PUEDE QUEDARSE FUERA

Los denunciantes también dirigieron su petición al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien solicitaron instruir a las instancias correspondientes para efectuar una revisión exhaustiva de estos recursos y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes. (PORTAVOZ⁠)

Ahí también habrá que observar qué ocurre.

Porque combatir la corrupción no consiste únicamente en señalar lo que hicieron administraciones anteriores.

También significa investigar a los gobiernos municipales actuales cuando existen elementos que ameritan revisión.

Aunque sean aliados.

Aunque haya costo político.

Aunque incomode.

24 MILLONES NO PUEDEN PERDERSE ENTRE OFICIOS

Hay algo particularmente ofensivo en este caso.

Chenalhó es un municipio con comunidades que todavía necesitan caminos, alumbrado, infraestructura y servicios elementales.

Por eso 24 millones 456 mil 785 pesos significan mucho más ahí que una cifra dentro de una hoja de Excel.

Significan obras.

Caminos.

Puentes.

Servicios.

Infraestructura que debió llegar a comunidades.

Por eso ninguna autoridad debería tratar este expediente como un pleito político más.

Si las 21 obras existen, que las autoridades las documenten y las muestren.

Si el dinero se ejerció correctamente, que publiquen contratos, montos y comprobaciones.

Si hubo modificaciones presupuestales legales, que exhiban las autorizaciones.

Pero si las obras no existen y el dinero tomó otro camino, entonces no estamos frente a una diferencia política.

Estamos frente a hechos que pueden generar responsabilidades administrativas, resarcitorias y, dependiendo de lo que determine una investigación, eventualmente penales.

Alberto López González tiene derecho a defenderse.

Pero Chenalhó tiene un derecho todavía más elemental:

saber dónde terminaron los 24 millones 456 mil 785 pesos.

Y ahora la pregunta ya no es únicamente para el alcalde.

También es para José Antonio Aguilar Meza, Ana Laura Romero Basurto, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Raquel Buenrostro Sánchez, Rosa Icela Rodríguez y Eduardo Ramírez Aguilar:

¿QUIÉN VA A ABRIR LOS EXPEDIENTES Y SEGUIR EL DINERO?

Porque si después de denuncias, documentos, 21 obras cuestionadas y más de 24 millones de pesos ninguna institución encuentra nada que revisar, entonces el problema de Chenalhó será todavía más grande que un posible desvío.

Será preguntarnos para qué sirven todas las instituciones creadas precisamente para impedirlo