SALIÓ A TRABAJAR, GRABÓ UN OPERATIVO Y TERMINÓ EN PRISIÓN: LOS 159 DÍAS DE VICENTE ÁNGEL

#MOTOZINTLA | SALIÓ A TRABAJAR, GRABÓ UN OPERATIVO Y TERMINÓ EN PRISIÓN: LOS 159 DÍAS DE VICENTE ÁNGEL

COLUMNA | CHIAPAS EN LA MIRA
PRIMERA DE TRES PARTES

Chiapas | 16 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

HAY INJUSTICIAS QUE DUELEN HASTA EL ALMA.

Duelen porque detrás de cada expediente existe una persona. Porque detrás de los barrotes hay una familia esperando. Porque mientras las instituciones hablan de procedimientos, plazos y pruebas, una madre cuenta las noches que lleva sin abrazar a su hijo.

El caso de Vicente Ángel Cortés Roblero comenzó la mañana del 10 de marzo de 2026.

Vicente salió rumbo a su trabajo. En el camino se encontró con un operativo de desalojo en la ribera del río Chelajú, en Motozintla. En el lugar se encontraban elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías municipales.

Vicente hizo lo que actualmente realizan miles de personas cuando observan un acontecimiento de interés público:

SACÓ SU TELÉFONO Y COMENZÓ A GRABAR.

Dos policías se acercaron y le preguntaron qué estaba haciendo. Él respondió que documentaba los acontecimientos para la página de Facebook Chiapas al Día.

La transmisión quedó publicada.

EL VIDEO EXISTE.

No es una historia inventada meses después. No es solamente la palabra de la familia contra la versión de una corporación. Basta buscar el nombre de Vicente Ángel Cortés Roblero en las redes sociales para encontrar parte de lo sucedido aquella mañana.

Pero Vicente no llegó a su trabajo.

Fue detenido, vinculado a proceso y enviado al CERESO número 7 de Huixtla.

Desde entonces han transcurrido 159 días.

CUATRO AUDIENCIAS.

Cuatro ocasiones en las que su madre ha esperado escuchar que su hijo podrá regresar a casa.

Cuatro momentos en los que una familia sin poder económico ha tenido que enfrentarse a instituciones con personal, presupuesto, policías, fiscales, asesores, peritos y toda la maquinaria del Estado.

Mientras tanto, Vicente continúa tras las rejas.

LA DETENCIÓN DE QUIEN ÚNICAMENTE ESTABA GRABANDO

Durante el operativo fueron detenidas aproximadamente entre 20 y 30 personas, según el recuento proporcionado por el abogado Ramiro Zunun.

La investigación estaba relacionada con la ocupación de espacios ubicados en la ribera del río Chelajú. Algunas personas habían levantado galeras o pequeños corrales en franjas que quedaron libres después de la reconstrucción del canal.

Pero la defensa sostiene que el caso de Vicente es distinto.

ÉL NO ESTABA OCUPANDO UN TERRENO.

No estaba construyendo.

No estaba vendiendo lotes.

No estaba derribando árboles.

Iba de paso, observó el operativo y comenzó a grabar.

A pesar de ello, fue incluido dentro del mismo grupo de personas detenidas y terminó acusado dentro de un proceso relacionado con el supuesto despojo de un área protegida.

La acusación es sostenida, según la defensa, por el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas.

Por eso la pregunta debe dirigirse con claridad:

¿QUÉ CONDUCTA CONCRETA ATRIBUYE EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MOTOZINTLA, ALEJANDRO DE JESÚS SUÁREZ CAMAS, A VICENTE ÁNGEL PARA JUSTIFICAR QUE LLEVE CASI MEDIO AÑO EN PRISIÓN?

UNA ACUSACIÓN QUE CAMBIÓ EN EL CAMINO

Según la defensa, inicialmente las personas fueron investigadas por despojo. Posteriormente, al advertirse que esa acusación no reunía los elementos necesarios, la clasificación jurídica habría sido modificada hacia un supuesto despojo de área protegida.

Pero existe un problema.

La defensa sostiene que no hay un decreto que declare ese espacio como área natural protegida. También señala que el terreno forma parte de una franja bajo resguardo de la Comisión Nacional del Agua.

Si el predio pertenece a Conagua, tendría que aclararse por qué el asunto se está procesando ante autoridades del fuero común y no ante instancias federales.

Conagua no aparece como denunciante.

Tampoco la Semarnat ni la Profepa.

Entonces, ¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA QUE RECLAMA EL PREDIO?

Esta es una de las preguntas que el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, quien sostiene la acusación contra Vicente Ángel, debe responder jurídicamente dentro del expediente.

¿Quién denunció?

¿Quién acreditó ser propietario o poseedor?

¿Qué institución federal se considera afectada?

¿Dónde se encuentra el documento que demuestra que el terreno es un área protegida?

La respuesta no puede quedar escondida entre tecnicismos, documentos cuestionados ni audiencias aplazadas.

Una persona está detenida.

Una madre está esperando.

Una familia está pagando las consecuencias.

CUATRO AUDIENCIAS Y UNA JUSTICIA QUE NO LLEGA

La etapa intermedia fue aplazada en distintas ocasiones.

De acuerdo con el abogado Ramiro Zunun, uno de los diferimientos ocurrió porque el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, tenía programada otra audiencia.

El 12 de agosto se reanudó el procedimiento, pero una tormenta provocó un corte de energía eléctrica y la audiencia volvió a suspenderse.

La continuación se realizó el 14 de agosto.

Para la familia, cada suspensión no representa únicamente una nueva fecha escrita en el expediente.

Significa otro viaje.

Más gastos.

Más incertidumbre.

Más días con Vicente dentro del CERESO.

Pelear contra el sistema cuesta dinero. Se necesitan traslados, documentos, copias, peritajes y defensa jurídica.

Del otro lado está una madre que pide que alguien escuche.

No exige privilegios.

No pide que se viole la ley.

PIDE QUE SE REVISE EL VIDEO Y QUE SU HIJO NO SEA CASTIGADO POR HABER DOCUMENTADO UN HECHO NOTICIOSO.

EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE CONOCE DIRECTAMENTE EL EXPEDIENTE

El nombre del fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, debe quedar claro para la opinión pública porque, según la defensa, es el servidor público que conoce directamente el asunto y sostiene la acusación contra Vicente Ángel.

Mencionarlo no significa declararlo responsable de un delito ni emitir una sentencia pública en su contra.

Significa identificar al funcionario que interviene directamente en un proceso que mantiene privada de la libertad a una persona desde el 10 de marzo.

El fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, debe responder dentro del expediente:

¿Qué prueba demuestra que Vicente estaba ocupando el terreno?

¿Qué elemento acredita que participó en un despojo?

¿Existe alguna imagen donde aparezca construyendo, delimitando o vendiendo espacios?

¿Por qué continúa solicitándose que permanezca detenido?

¿Por qué no se ha considerado una medida cautelar distinta?

¿Se investigó que Vicente explicó desde el primer momento que estaba grabando para una página informativa?

Estas preguntas no representan una condena contra el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas.

Representan un ejercicio de rendición de cuentas sobre las actuaciones de un servidor público.

LA ESTRUCTURA OPERATIVA NO TERMINA CON ÉL

Aunque el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, interviene directamente en el caso, no trabaja fuera de una estructura institucional.

La Subdirección de Investigación y Judicialización de Motozintla aparece bajo la responsabilidad de José Absalón Moreno Guillén.

La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal tiene como titular a Olger Villanueva Ovando.

Son estos niveles operativos y regionales los que reciben los informes, supervisan las investigaciones y deben revisar que las actuaciones del fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, se encuentren apegadas a la legalidad y al principio de objetividad.

En el ámbito municipal se encuentra el alcalde de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, cuyo gobierno debe revisar la actuación de la Policía Municipal que participó en la detención.

También se encuentra la Secretaría de Seguridad del Pueblo, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dentro de cuya estructura estatal opera la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

No todos estos funcionarios participaron personalmente en la detención o en la integración del expediente.

Pero cada área tiene responsabilidades de supervisión, información y control dentro de su respectivo ámbito.

CUANDO LA INFORMACIÓN NO LLEGA HASTA ARRIBA

Existe un problema recurrente dentro de muchas instituciones.

Los mandos operativos y funcionarios intermedios pueden negar, minimizar u ocultar información a sus superiores para evitar que queden expuestos sus errores, posibles actos de corrupción o deficiencias profesionales.

Así se protegen de una llamada de atención.

Así evitan una investigación interna.

Así conservan el cargo.

Así consiguen que las autoridades superiores reciban solamente una versión conveniente.

No afirmamos, sin una investigación, que el fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, haya ocultado información.

Pero los hechos denunciados por la defensa obligan a preguntar si sus superiores conocen completamente lo que sucede en este expediente.

¿El fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, informó que Vicente afirma haber sido detenido mientras grababa?

¿Informó que la transmisión continúa disponible en redes sociales?

¿Comunicó que la defensa cuestiona la competencia del fuero común?

¿Explicó que Conagua, Semarnat y Profepa no aparecen como denunciantes?

¿Sus superiores revisaron personalmente los elementos utilizados para mantener a Vicente en prisión?

¿Recibieron el expediente completo o solamente una versión procesada por quienes sostienen la acusación?

Este medio hace del conocimiento de la opinión pública lo expuesto por la madre de Vicente y por el abogado Ramiro Zunun para que las autoridades competentes revisen el caso.

No buscamos responsabilizar anticipadamente a quienes posiblemente todavía no conocen todos sus detalles.

Buscamos impedir que la información quede detenida, minimizada u ocultada en los niveles operativos.

La transparencia no perjudica a una institución que actúa correctamente.

La fortalece.

Y si existen errores, permite corregirlos antes de que produzcan una injusticia irreparable.

Porque cuando los conductos institucionales no funcionan, la voz pública se convierte en el último recurso de quienes no tienen poder.

Vicente Ángel sigue preso.

Su madre continúa esperando.

El video permanece en las redes sociales.

El fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Alejandro de Jesús Suárez Camas, continúa sosteniendo la acusación, de acuerdo con la defensa.

Ahora corresponde a las autoridades competentes conocer el expediente completo y determinar si las actuaciones se realizaron correctamente.

Y la pregunta no desaparece:

¿VICENTE FUE DETENIDO POR COMETER UN DELITO O POR GRABAR LO QUE LAS AUTORIDADES HACÍAN AQUELLA MAÑANA?

PRIMERA DE TRES PARTES.

EN LA SIGUIENTE ENTREGA: LA FIRMA QUE LA DEFENSA SEÑALA COMO FALSIFICADA, LA PRUEBA QUE APARECIÓ MESES DESPUÉS Y EL DOCUMENTO QUE HIZO QUE EL JUEZ LLAMARA LA ATENCIÓN AL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MOTOZINTLA, ALEJANDRO DE JESÚS SUÁREZ CAMAS.