LA SIMULACIÓN EN LA FISCALÍA: TRABAJO SIN CONTRATO Y SIN PAGA EN CHIAPAS

Chiapasenlamira.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 2 de junio de 2025

El 2 de enero de 2025, 21 elementos operativos fueron convocados a integrarse a la Fiscalía al Combate al Robo de Vehículos (FCRV) de Chiapas como Comandantes Operativos, con un salario prometido de $40,000 mensuales.

Entregaron documentos, firmaron formatos oficiales —incluyendo seguro de vida— y comenzaron funciones operativas, todo dirigido al área de Recursos Humanos de la FGE. Sin embargo, a más de tres meses, no han sido contratados, no han recibido pago alguno, ni reconocimiento oficial como personal de la institución.

Entre el 17 y 19 de enero, participaron en un operativo en San Cristóbal de las Casas, logrando una detención y asegurando vehículos. Del 1 al 14 de febrero, operaron en filtros de revisión vehicular (C1 a C6), recuperando 18 unidades robadas y deteniendo a una pareja de asaltantes armados. Pese a ello, sus logros fueron adjudicados a otras corporaciones como la FRIP en medios oficiales.

El 17 de febrero se les ordenó quedarse en instalaciones de la Fiscalía sin explicación. Desde entonces, su situación quedó en el limbo: ni contratados, ni dados de baja.

El 14 de marzo, Control y Confianza les negó la evaluación por no figurar en nómina ni en el sistema institucional. Sorprendentemente, el 15 de marzo recibieron un correo de la FGE solicitándoles su declaración patrimonial, como si fueran servidores públicos activos.

El 24 de marzo fue destituido el Fiscal de Robo de Vehículos, Mtro. Miguel Ángel Morales Zúñiga, y en su lugar fue nombrado Lic. Ramón Arnulfo Casanova Ozuna, quien desconoció la situación y se negó a continuar con el trámite. Los remitió al Director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Eber Quintero Juárez, quien les informó que las altas estaban detenidas por falta del visto bueno del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca.

Desde entonces, nadie les ha dado respuesta ni han recibido un solo peso por su labor.

Durante este periodo, muchos dejaron sus hogares, invirtieron dinero propio y pusieron en riesgo su vida, motivados por servir a Chiapas. En lugar de reconocimiento, han recibido indiferencia, abandono y simulación institucional.

Y mientras tanto, el gobierno de Chiapas repite discursos de “humanismo” y “justicia social”, completamente ajenos a esta realidad.

Las pruebas abundan: fotografías, videos, documentos, bitácoras, asignación de equipo táctico y presencia diaria en instalaciones oficiales. Todos sabían que estaban ahí: desde personal administrativo hasta el propio Fiscal General.

Lo más alarmante es la posibilidad de que estas personas sean ahora criminalizadas como estrategia para encubrir responsabilidades. No sería la primera vez.

Este caso es reflejo de un sistema podrido: nepotismo, simulación, abuso de poder y uso político de las instituciones. Personal capacitado ha sido desplazado para colocar a compadres, cuñados y amigos, mientras se atropellan derechos laborales y humanos.

Hoy, estos 21 elementos exigen lo mínimo: ser escuchados, investigados y reparados. No buscan favores. Exigen justicia.

Chiapas no necesita más discursos. Necesita verdad, legalidad y dignidad para quienes sí trabajan por la seguridad de este estado.

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