DE 110 A 466 MILLONES: ÁNGEL TORRES DEBE EXPLICAR EL PRESUPUESTO

DE 110 A 466 MILLONES: ÁNGEL TORRES CULEBRO Y DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ DEBEN EXPLICAR EL GASTO EN SEGURIDAD

COLUMNA DE OPINIÓN

El problema no es que Tuxtla Gutiérrez destine más dinero a la seguridad pública.

El problema es que, durante los primeros tres meses de 2026, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal haya pasado de 110 millones 749 mil 175 pesos a 466 millones 332 mil 513 pesos, sin que los documentos publicados permitan conocer con precisión para qué se ampliaron los recursos.

Son 355 millones 583 mil 338 pesos adicionales. El presupuesto modificado terminó siendo 4.21 veces mayor que el aprobado originalmente: un incremento cercano al 321 por ciento. 

Debe hacerse una precisión: los 466 millones no representan necesariamente dinero ya gastado. Se trata del presupuesto modificado disponible para la dependencia. Al cierre de marzo se habían devengado 82 millones 461 mil 457 pesos.

Pero esa diferencia no elimina las preguntas. Las aumenta.

¿De dónde provinieron los 355 millones adicionales? ¿Qué programas los recibieron? ¿Qué parte se destinó a salarios, patrullas, combustible, cámaras, armamento, uniformes, capacitación, mantenimiento o contratación de policías? ¿Qué metas se establecieron y qué área será responsable de cumplirlas?

Los estados financieros presentan cifras generales por dependencia, pero no ofrecen el nivel de detalle necesario para seguir el recorrido de cada peso.

Y cuando una Secretaría multiplica más de cuatro veces su presupuesto en apenas un trimestre, la explicación no puede quedar escondida entre columnas contables.

ÁNGEL TORRES NO PUEDE PRESENTARLO COMO UN AJUSTE TÉCNICO

El presidente municipal, Ángel Carlos Torres Culebro, encabeza la administración que recibió, modificó y ejerce ese presupuesto.

No puede deslindarse diciendo que se trata de recursos etiquetados o de movimientos realizados por la Tesorería. Si el Ayuntamiento consiguió más de 350 millones de pesos adicionales para seguridad, corresponde al alcalde informar cuál es su origen, cuáles son las reglas de operación y qué resultados deberá producir esa inversión.

La seguridad pública no puede administrarse mediante anuncios, fotografías y entregas ceremoniales.

En mayo, el gobierno municipal difundió una inversión superior a 26 millones de pesos para adquirir 10 patrullas Ford Explorer Police Interceptor, 10 camionetas RAM 1500, 20 cuatrimotos y 10 scooters eléctricos. La inversión fue reconocida públicamente por el Gobierno del Estado. 

La compra puede ser necesaria, pero no explica por sí sola el salto presupuestal.

Los 26 millones representan apenas alrededor del 5.6 por ciento del presupuesto modificado de 466 millones. Además, la entrega fue anunciada en mayo, mientras que el aumento presupuestal ya aparecía registrado al cierre de marzo.

Ángel Torres debe publicar los anexos, programas, contratos, proveedores, montos, calendarios y metas vinculados a la ampliación. La ciudadanía no tiene que conformarse con ver patrullas nuevas. Tiene derecho a saber cuánto costó cada unidad, mediante qué procedimiento se compró, quién fue el proveedor y cuánto se destinará a mantenimiento, combustible y operación.

DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ TAMBIÉN DEBE RESPONDER

El actual secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es David Hernández Pérez, quien rindió protesta ante el Cabildo el 3 de julio de 2025. Llegó con el compromiso público de conducirse con honestidad, apego a la ley y resultados. 

El presupuesto de 2026 se encuentra bajo su responsabilidad operativa.

David Hernández debe informar cuál fue el diagnóstico que justificó cuadruplicar los recursos, cuáles son las áreas prioritarias, cuántos policías tiene actualmente Tuxtla, cuántos aprobaron los controles de confianza, cuántos fueron contratados, qué colonias recibieron mayor vigilancia y qué indicadores se utilizarán para evaluar su desempeño.

La exigencia de transparencia no surge únicamente por el tamaño del presupuesto.

Desde el inicio de la administración de Ángel Torres, la Policía Municipal ha enfrentado episodios que obligan a revisar sus controles internos.

En enero de 2025, cuando la Secretaría todavía era encabezada por Félix Noé Penagos Madrigal, nueve policías municipales fueron detenidos dentro de la investigación por la desaparición de Cristian “N” y José Luis “N”, vistos por última vez en instalaciones municipales destinadas a faltas administrativas. La detención no equivale a una sentencia, pero mostró la gravedad de las sospechas que alcanzaron a integrantes de la corporación. 

En enero de 2026, ya durante la gestión de David Hernández Pérez, dos policías municipales fueron detenidos y acusados de privar ilegalmente de la libertad y robar a un ciudadano. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial, pero el caso obliga a preguntar qué controles, supervisión y seguimiento existían sobre esos agentes. 

La gestión de Hernández Pérez también fue cuestionada después del operativo para retirar del Libramiento Norte a integrantes de la colectiva Madres en Resistencia. El propio secretario reconoció haber ordenado la intervención y sostuvo que actuó por seguridad, por la presión de automovilistas y con base en una instrucción de la Fiscalía. 

Estos antecedentes no prueban que todo el cuerpo policial opere de manera irregular. Sí demuestran que el presupuesto debe incluir controles internos, capacitación, supervisión, cámaras corporales, atención de quejas y mecanismos efectivos para sancionar abusos.

Más dinero sin vigilancia institucional también puede financiar una corporación con los mismos problemas.

¿Y LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CABILDO?

El Cabildo no puede actuar como espectador.

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana fue instalada desde octubre de 2024. Está presidida por el regidor Antonio Mayorga Zúñiga; la síndica Emma Itzel Orantes Ortega ocupa la Secretaría; y participan como vocales Areli Guadalupe Latournerie Castellanos, Miguel Ángel Zárate Izquierdo y Ana Paola Aguilar Hidalgo. 

¿Qué análisis realizó esa comisión sobre el incremento presupuestal?

¿Solicitó un informe al secretario David Hernández Pérez?

¿Revisó las metas, adquisiciones y programas que recibirán los recursos?

¿Existe un dictamen, minuta o acta pública donde se expliquen los 355 millones adicionales?

En la información pública indexada consultada se encontró la integración de la Comisión, el nombramiento del actual secretario y transmisiones de sesiones de Cabildo. Sin embargo, no apareció un acta o dictamen accesible que explique específicamente el aumento del presupuesto de Seguridad Pública de 110 a 466 millones de pesos.

Eso no significa necesariamente que el documento no exista. Significa que no está siendo presentado de manera sencilla, visible y comprensible para la ciudadanía.

Además, regidores como Francisco Rojas Toledo y Areli Latournerie han denunciado públicamente falta de transparencia en distintos gastos, contratos y decisiones del Ayuntamiento. Son señalamientos que deben investigarse y no sentencias contra el alcalde, pero revelan que la discusión sobre el acceso a la información ya se encuentra dentro del propio Cabildo. 

MENOS CARPETAS, PERO MÁS PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Las autoridades han difundido que la incidencia delictiva en Tuxtla disminuyó 36 por ciento durante el primer semestre de 2026 y que los delitos de alto impacto bajaron 30 por ciento.

Ese resultado debe reconocerse, pero no utilizarse como permiso para evitar la rendición de cuentas.

Además, la percepción ciudadana cuenta otra parte de la realidad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reportó que en junio de 2026 el 70.6 por ciento de la población adulta de Tuxtla consideraba inseguro vivir en la ciudad, frente al 64.7 por ciento registrado en marzo. 

La incidencia registrada y la percepción de inseguridad miden fenómenos distintos. Una puede disminuir mientras la otra aumenta. Por eso el Ayuntamiento debe presentar resultados verificables, no elegir únicamente la cifra que favorezca su narrativa.

466 MILLONES EXIGEN CUENTAS COMPLETAS

Ángel Torres Culebro y David Hernández Pérez tienen que demostrar que el incremento presupuestal responde a una estrategia seria y no a una bolsa de recursos sin trazabilidad pública.

Deben publicar:

El origen de los recursos etiquetados, los programas financiados, las adquisiciones realizadas, los contratos celebrados, los proveedores seleccionados, el costo unitario del equipamiento, las metas trimestrales, los indicadores de desempeño y los informes revisados por el Cabildo.

No se está cuestionando que Seguridad Pública reciba más recursos.

Se cuestiona que la ciudadanía no pueda saber claramente en qué se utilizarán.

ÁNGEL TORRES CULEBRO, DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ Y LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL CABILDO DEBEN RESPONDER UNA PREGUNTA CONCRETA: ¿DÓNDE ESTÁ EL DESGLOSE PÚBLICO DE LOS 355 MILLONES DE PESOS QUE FUERON AÑADIDOS AL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD DE TUXTLA?