VICENTE ÁNGEL CORTÉS ROBLERO: 148 DÍAS EN PRISIÓN; SU FAMILIA AFIRMA QUE SU “DELITO” FUE GRABAR

Motozintla, Chiapas | 5 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

VICENTE ÁNGEL CORTÉS ROBLERO: 148 DÍAS PRESO TRAS GRABAR UN DESALOJO EN MOTOZINTLA

Este 4 de agosto, Vicente Ángel Cortés Roblero cumple 148 días privado de la libertad. Está a seis días de completar cinco meses lejos de su esposa, de sus hijos de cuatro y seis años y de su madre, Elisa Vila Roblero Escalante.

Fue detenido el 10 de marzo por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías municipales de Motozintla, mientras grababa un operativo para desalojar un predio ocupado por personas señaladas como invasoras, cerca de la ribera del río.

Su familia sostiene que Vicente Ángel no participó en la ocupación, no derribó árboles, no intentó apropiarse de ningún terreno ni intervino en actos violentos.

Iba rumbo a su trabajo. Encontró el operativo y decidió documentarlo con su teléfono para la página de Facebook Estamos al Día.

Ese acto le cambió la vida.

Para su familia, su único “delito” fue grabar.

También cambió la vida de su esposa, quien ahora debe sostener sola a sus dos hijos y enfrentar los gastos de un proceso judicial para el que no cuentan con recursos suficientes.

Mientras las instituciones disponen de policías, ministerios públicos, asesores, vehículos, informes y presupuesto público, la familia de Vicente Ángel intenta defenderlo sin dinero para contratar a un abogado particular.

Esa desigualdad también pesa dentro de un expediente.

Su madre, Elisa Vila Roblero Escalante, ha convertido su dolor en denuncia pública. Regresó al sitio donde su hijo fue detenido para pedir justicia y su liberación.

Sus preguntas son directas:

¿Qué árbol derribó?

¿Qué daño ambiental provocó?

¿Qué propiedad despojó?

¿Qué conducta realizó, además de grabar?

La familia afirma que inicialmente se habló de una acusación relacionada con ecocidio y que posteriormente Vicente Ángel fue vinculado por despojo agravado.

La autoridad debe explicar qué hechos concretos respaldan esas acusaciones.

No basta que una persona se encuentre en el lugar de un operativo para atribuirle todas las conductas cometidas por quienes estaban ahí. La responsabilidad penal es individual. El Ministerio Público debe demostrar qué hizo Vicente Ángel, no limitarse a señalar dónde estaba.

Grabar no es despojar.

Documentar un desalojo no es cometer ecocidio.

Presenciar una intervención policial no convierte automáticamente a una persona en invasora.

También debe aclararse qué ocurrió durante las horas posteriores a su detención.

Según el testimonio familiar, Vicente Ángel fue detenido aproximadamente a las 7:21 de la mañana, pero fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta cerca de las 6 de la tarde.

Casi once horas.

¿Dónde permaneció durante ese periodo?

¿Estuvo bajo custodia de la Fuerza Pakal o de la Policía Municipal?

¿Quién estuvo al mando del operativo?

¿Qué actuaciones se realizaron antes de su presentación?

¿Existe un registro preciso de su traslado?

La puesta a disposición sin demora no es una formalidad que las autoridades puedan ignorar. Es una garantía para impedir incomunicación, abusos, alteración de informes o actuaciones realizadas fuera del control legal.

Cada minuto debe quedar registrado y justificado.

La responsabilidad institucional alcanza al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Si elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal participaron en la detención, el secretario debe informar qué órdenes recibieron, quién coordinó el despliegue, bajo qué fundamento actuaron y qué documentos respaldan su intervención.

La Fuerza Pakal ha sido presentada como una corporación especializada para responder ante delitos de alto impacto. Por su capacidad operativa, armamento y despliegue, sus actuaciones deben estar sujetas a controles todavía más estrictos.

Una corporación no se fortalece ocultando información.

Se fortalece demostrando que actúa dentro de la ley.

El presidente municipal de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, también debe responder.

La Policía Municipal forma parte de la administración que encabeza. El alcalde debe explicar qué agentes participaron, quién les dio instrucciones, qué informe presentaron y por qué una persona que, según su familia, estaba grabando terminó detenida.

No se le pide al alcalde que sustituya al juez ni que resuelva el proceso.

Se le exige rendir cuentas por la policía bajo su gobierno.

Mientras las autoridades evitan responder, la prisión ya castiga a toda una familia.

La esposa de Vicente Ángel enfrenta la manutención de los dos niños. Sus hijos llevan 148 días sin la presencia cotidiana de su padre. No comprenden de expedientes, medidas cautelares ni tipos penales.

Solo saben que su padre no ha regresado.

Su madre tampoco debería verse obligada a suplicar públicamente para que el Estado revise una detención, explique sus actuaciones y garantice una defensa adecuada.

La falta de dinero no puede convertirse en una condena.

La prisión durante un proceso tampoco debe funcionar como una pena anticipada. Mantener a una persona encerrada exige pruebas suficientes, una acusación individualizada y razones jurídicas que justifiquen la medida.

Si existen pruebas sólidas contra Vicente Ángel Cortés Roblero, deben mostrarse y acreditarse ante la autoridad judicial.

Pero si fue detenido por encontrarse en el lugar y grabar, el caso representa algo más grave: el uso de la fuerza pública contra quien documenta una actuación oficial.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar debe ordenar una revisión seria del caso. Óscar Alberto Aparicio Avendaño debe explicar la intervención de la Fuerza Pakal. Alfonso Meza Pivaral debe responder por la Policía Municipal. El Ministerio Público debe precisar qué conducta atribuye a Vicente Ángel y con qué pruebas pretende sostenerla.

Su madre pide justicia y la liberación de su hijo.

Su esposa pide que regrese el padre de sus niños.

La familia pide que el proceso no dependa del dinero que no tiene.

Vicente Ángel lleva 148 días en prisión. El poder ha tenido tiempo suficiente para explicar qué árbol derribó, qué propiedad despojó y por qué grabar un desalojo terminó en casi cinco meses de encarcelamiento.

Hasta ahora, las preguntas siguen abiertas.

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS DEBERÁN ESPERAR SU MADRE, SU ESPOSA Y SUS DOS HIJOS PARA QUE LAS AUTORIDADES EXPLIQUEN, CON PRUEBAS, POR QUÉ VICENTE ÁNGEL CORTÉS ROBLERO CONTINÚA EN PRISIÓN?