ÓSCAR APARICIO HABLA DE “CALIDAD MORAL”: ¿Y QUIÉN RESPONDE POR LOS 185 DÍAS QUE LOS HERMANOS MUÑOZ PASARON EN PRISIÓN?
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ÓSCAR APARICIO HABLA DE “CALIDAD MORAL”: ¿Y QUIÉN RESPONDE POR LOS 185 DÍAS QUE LOS HERMANOS MUÑOZ PASARON EN PRISIÓN?
COLUMNA DE OPINIÓN | CHIAPAS EN LA MIRA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 11 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira
Óscar Alberto Aparicio Avendaño recibió el Certificado Único Policial y dejó una frase que merece ser revisada con cuidado:
“Caminamos con calidad moral, con transparencia”.
Calidad moral.
Dos palabras enormes.
Dos palabras que no se acreditan únicamente aprobando exámenes, recibiendo certificados o posando frente a una cámara.
La calidad moral se demuestra cuando una autoridad acepta revisar sus errores.
Cuando investiga a sus propios elementos.
Cuando responde por los abusos cometidos bajo su mando.
Y, principalmente, cuando tiene la capacidad de mirar a los ojos a las personas afectadas por una operación policiaca y explicarles por qué el Estado les quitó la libertad, el patrimonio o la tranquilidad.
Por eso, antes de celebrar el certificado de Óscar Aparicio, conviene abrir su expediente.
No solamente el currículum lleno de cargos, cursos y condecoraciones.
También el otro.
El de las cifras incómodas.
El de los nombramientos frustrados.
El de las investigaciones abiertas.
El de los policías que denuncian abusos dentro de la corporación.
Y el de las familias que aseguran haber sufrido atropellos durante los operativos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.
Porque la moral no se anuncia.
Se demuestra.
APARICIO NO ES UN IMPROVISADO
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es originario de Tuxtla Gutiérrez.
Es capitán piloto aviador, licenciado en Derecho y cuenta con estudios en seguridad, defensa interamericana y derechos humanos.
Su trayectoria comenzó en la Policía Federal. Se desempeñó como comandante de compañía y de grupos tácticos, además de participar en operaciones contra el narcotráfico en Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Durango y la Ciudad de México.
También fue comandante de la Unidad de Homicidios, Operaciones Especiales y Grupo Táctico en Chiapas.
Él mismo asegura que ha sido evaluado desde 1999, que acumula 14 pruebas de control y confianza y que cuenta con 27 años dentro de instituciones de seguridad.
No es un improvisado.
Precisamente por eso hay que exigirle más.
CHIHUAHUA: LAS MEDALLAS FRENTE A LOS RESULTADOS
El 1 de noviembre de 2016, el entonces gobernador Javier Corral lo nombró director general de la Policía Estatal Única de Chihuahua.
El gobierno estatal informó que su llegada fue acordada con la administración del presidente Enrique Peña Nieto y con la Comisión Nacional de Seguridad.
El 9 de junio de 2017 fue ratificado como comisionado estatal de Seguridad, con seis divisiones especializadas bajo su responsabilidad.
Su currículum oficial destacaba dos condecoraciones máximas de la Policía Federal, una mención honorífica y reconocimientos relacionados con la captura de objetivos buscados en Estados Unidos.
Muchas medallas.
Muchos cursos.
Muchos cargos.
Pero los resultados también forman parte de la trayectoria.
El 3 de diciembre de 2024, El Diario de Chihuahua publicó que durante el periodo en que Aparicio estuvo al frente de la corporación estatal, entre finales de 2016 y mediados de 2020, Chihuahua acumuló más de 14 mil homicidios.
El medio documentó incrementos de entre 25 y 50 por ciento en los homicidios dolosos respecto de años anteriores.
Ningún funcionario puede ser responsabilizado individualmente por todos los homicidios registrados en un estado atravesado por disputas criminales complejas.
Pero tampoco puede pretender que esas cifras desaparezcan de su evaluación.
Si un secretario quiere atribuirse las capturas, los decomisos y los operativos exitosos, también tiene que responder por los periodos en los que la violencia aumentó.
La responsabilidad pública no funciona solamente cuando las cifras favorecen.
DE CHIHUAHUA A LA GUARDIA NACIONAL
Aparicio dejó la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua en mayo de 2020 y regresó a la estructura federal.
El 1 de julio de ese año fue designado titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional.
Posteriormente ocupó la Dirección General de Vigilancia y Supervisión Interna de la Unidad de Asuntos Internos.
Ese dato resulta particularmente importante.
Aparicio no solamente fue operador.
También tuvo responsabilidades relacionadas con la supervisión interna de los policías.
Conoce la importancia de investigar abusos, revisar procedimientos, proteger evidencias y sancionar conductas indebidas.
Por eso no puede alegar desconocimiento cuando en Chiapas aparecen denuncias contra los mandos que trabajan bajo su autoridad.
TAMAULIPAS: EL NOMBRAMIENTO QUE SE CAYÓ
En septiembre de 2022 se anunció que Aparicio sería secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.
Debía asumir el cargo el 1 de octubre.
No ocurrió.
El 30 de septiembre, medios como Milenio y El Diario de Juárez informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional no avaló su designación.
Las razones completas no fueron explicadas públicamente mediante una resolución conocida.
Que un nombramiento no haya sido avalado no demuestra por sí mismo la comisión de un delito.
Pero tampoco es un detalle que deba borrarse.
Cuando una institución federal frena la designación del encargado de la seguridad de un estado, la sociedad merece conocer los motivos.
Ese capítulo permanece sin una explicación pública suficiente.
ZACATECAS Y SU REGRESO A CHIAPAS
Después apareció como subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.
Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2024.
Autoridades de Zacatecas informaron que su salida ocurrió después de una solicitud del entonces gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar para incorporarlo al nuevo gobierno chiapaneco.
No fue una designación accidental.
Fue una elección directa.
Desde diciembre de 2024, Aparicio encabeza la Secretaría de Seguridad del Pueblo y se convirtió en uno de los personajes con mayor poder operativo en Chiapas.
LA FUERZA PAKAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL HOMBRE FUERTE
Con Aparicio llegó una nueva imagen para la seguridad estatal.
Vehículos blindados.
Elementos encapuchados.
Armamento.
Despliegues.
Sobrevuelos.
Convoyes recorriendo municipios.
Y un secretario uniformado, cubierto de insignias, hablando de fuerza, inteligencia y recuperación del territorio.
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue presentada en diciembre de 2024 como el grupo de élite que enfrentaría al crimen organizado en las zonas donde la policía convencional no podía operar.
El proyecto comenzó con aproximadamente 500 elementos especializados.
El mensaje político fue inmediato:
En Chiapas ya había mando.
Y sí, bajo su dirección se han realizado capturas importantes, decomisos y operativos contra grupos delictivos.
Esos resultados deben reconocerse.
Pero una corporación no se evalúa únicamente por las armas aseguradas y las fotografías de los detenidos.
También debe evaluarse por la forma en que actúa cuando entra en una comunidad.
Por el respeto a las viviendas.
Por el trato a las familias.
Por la legalidad de las detenciones.
Y por lo que ocurre con los bienes que sus elementos retiran durante un operativo.
LOS HERMANOS MUÑOZ: 185 DÍAS QUE NADIE LES DEVOLVERÁ
El caso de Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio, conocidos públicamente como los hermanos Muñoz, obliga a contrastar el discurso de “calidad moral” con la realidad.
Los hermanos trabajaban en actividades agrícolas y ganaderas en el rancho Los Maximilianos, en el municipio de Cintalapa.
Su familia había llegado desde Guerrero huyendo de la violencia.
Buscaron en Chiapas un lugar para trabajar, criar animales, cultivar y reconstruir su vida.
Pero el 13 de octubre de 2025, la fuerza del Estado llegó hasta su rancho.
Durante un operativo fueron detenidos y posteriormente acusados de participar en la quema de vehículos sobre el tramo Ocozocoautla-Arriaga.
La versión oficial los presentó como responsables.
Sin embargo, existía una contradicción brutal.
El expediente CEDH/827/2025, integrado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, estableció que los elementos ingresaron al rancho Los Maximilianos aproximadamente a las 12:57 horas.
Daniel fue detenido a las 13:00.
Camerino, a las 13:05.
La quema de vehículos por la que fueron acusados ocurrió hasta las 15:10 horas.
Más de dos horas después.
La pregunta es elemental:
¿Cómo podían estar quemando vehículos en una carretera si ya estaban bajo custodia de los policías?
No era una diferencia de minutos.
Era un desfase de más de dos horas documentado en los propios registros.
A pesar de ello, fueron enviados a prisión.
SEIS MESES DETRÁS DE LAS REJAS
Daniel y Camerino permanecieron aproximadamente 185 días encarcelados, del 13 de octubre de 2025 al 16 de abril de 2026.
Más de seis meses.
Mientras Óscar Aparicio encabezaba operativos y hablaba de resultados, ellos dormían en una celda.
Mientras la Fuerza Pakal era presentada como una corporación de élite, su familia intentaba demostrar que los horarios no coincidían.
Mientras los comunicados oficiales presumían el restablecimiento del orden, dos hombres esperaban que alguien revisara algo tan básico como la hora de su detención.
Finalmente, un juez federal les concedió la protección de la justicia y ordenó su libertad al no existir elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.
No fue el sistema estatal el que corrigió voluntariamente el caso.
Tuvo que intervenir la justicia federal.
Daniel y Camerino salieron del penal.
Pero nadie puede devolverles los 185 días.
Nadie puede borrar la cárcel.
Nadie puede regresarles las noches que su familia pasó sin saber si volverían.
Y nadie debería conformarse con decir que finalmente quedaron libres.
La libertad tardía no borra el abuso.
LAS BOLSAS NEGRAS DE LOS MAXIMILIANOS
La detención no fue la única irregularidad denunciada.
La familia sostiene que, durante el operativo, los elementos ingresaron al rancho sin mostrarles una orden judicial, golpearon a los hermanos y retiraron diversos bienes.
De acuerdo con los testimonios conocidos por Chiapas En La Mira, algunos agentes llevaban bolsas negras en las que presuntamente colocaron teléfonos, aparatos electrónicos y otros objetos tomados del lugar.
La acusación es grave y debe investigarse.
No puede afirmarse sin una resolución que todos los elementos participaron ni que cada objeto denunciado fue sustraído.
Pero sí corresponde preguntar:
¿Qué contenían esas bolsas cuando los agentes entraron?
¿Qué contenían cuando salieron?
¿Los aparatos fueron registrados en una cadena de custodia?
¿Existe un inventario?
¿Fueron puestos a disposición del Ministerio Público?
¿Ya fueron devueltos?
¿Quién supervisó el operativo?
¿Había cámaras corporales?
¿Quién firmó la relación de objetos asegurados?
Porque si un policía retira un teléfono, una computadora o cualquier aparato sin documentarlo, eso no es un aseguramiento legal.
Es una conducta que debe investigarse.
UNA FAMILIA AFUERA, DOS HERMANOS ADENTRO
Mientras Daniel y Camerino estaban encarcelados, el rancho quedó asegurado.
Sus padres, dos adultos mayores, denunciaron que no podían ingresar para atender los animales, cultivos y demás actividades productivas.
La afectación no se quedó dentro del penal.
Alcanzó a toda la familia.
Perdieron el acceso a su hogar y a su fuente de subsistencia.
Tuvieron que abandonar su vida cotidiana para recorrer oficinas, buscar abogados, pedir ayuda y exigir que alguien revisara el expediente.
Ese es el rostro humano que no aparece en los videos oficiales de los operativos.
Los padres esperando.
Los animales sin atención.
El rancho deteriorándose.
Dos hijos encarcelados.
Y una acusación cuya cronología no se sostenía.
Óscar Aparicio habla de calidad moral.
¿Dónde estuvo la calidad moral durante esos 185 días?
¿Quién revisó el caso?
¿Quién detectó la contradicción?
¿Quién decidió seguir adelante a pesar de los horarios?
¿Algún mando fue sancionado?
¿Alguien ofreció una disculpa?
¿Quién reparará el daño?
LOS MUÑOZ NO SON EL ÚNICO SEÑALAMIENTO
El caso de Los Maximilianos no apareció de manera aislada.
El 4 de febrero de 2025, Avispa Midia publicó testimonios sobre presuntos abusos cometidos durante operativos de la Fuerza Pakal, entre ellos señalamientos por posibles detenciones arbitrarias, robo de vehículos y extorsión.
El 30 de abril de ese año, Grupo Animal documentó acusaciones ciudadanas contra la misma corporación.
Y el 3 de marzo de 2026, El País publicó declaraciones del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien confirmó que seis integrantes de la Fuerza Pakal enfrentaban procesos por extorsión, abuso de autoridad y desaparición forzada.
También informó que más de 450 policías municipales y estatales habían sido investigados y que más de 300 enfrentaban procesos judiciales por conductas presuntamente indebidas.
La responsabilidad penal es individual y debe resolverse en los tribunales.
Pero la responsabilidad política y administrativa llega hasta la estructura de mando.
Aparicio dirige la Secretaría.
Debe explicar cuántas denuncias se han presentado contra integrantes de la Fuerza Pakal.
Cuántos elementos fueron suspendidos.
Cuántos continúan operando.
Cuántos fueron vinculados a proceso.
Y qué medidas se adoptaron para impedir que un operativo legítimo se convierta en una oportunidad para detener, intimidar o despojar a personas inocentes.
LA FUERZA SIN CONTROL TAMBIÉN PRODUCE MIEDO
Cuando un convoy entra en una comunidad con vehículos blindados y elementos encapuchados, la diferencia de poder es absoluta.
Una familia difícilmente puede identificar a cada policía.
No siempre puede registrar el número de las unidades.
Mucho menos puede exigir, en medio de un despliegue armado, un comprobante por cada objeto retirado.
Si no existen cámaras corporales, identificaciones visibles, inventarios, cadenas de custodia y supervisión externa, la oscuridad de un operativo puede convertirse en terreno fértil para la impunidad.
La autoridad no puede responder únicamente que todos sus elementos aprobaron controles de confianza.
El control de confianza evalúa al policía.
La rendición de cuentas evalúa lo que hace con el poder que recibió.
Y eso se revisa después de cada operativo.
LA PRESUNTA “NARCONÓMINA”
A finales de febrero de 2026, una investigación de El Universal difundió documentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación que presuntamente contenían registros de pagos y referencias a integrantes de corporaciones policiales.
El nombre de Aparicio y el de miembros de la Fuerza Pakal quedaron relacionados mediáticamente con esa información.
Que un nombre aparezca en documentos atribuidos a un grupo criminal no demuestra que esa persona haya recibido dinero ni acredita responsabilidad penal.
Pero la información fue suficientemente grave para provocar una investigación oficial.
El 1 de marzo de 2026, la Fiscalía de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aparicio declaró que todo debía investigarse con profundidad, objetividad y apego a la ley.
También aseguró que no tenían nada que ocultar.
Entonces que se publiquen las conclusiones.
¿Los documentos eran auténticos?
¿Quiénes aparecían?
¿Qué diligencias se realizaron?
¿Hubo responsabilidades?
Una investigación no puede quedarse convertida en un anuncio para contener la crisis mediática.
LOS AUTOS, LAS JOYAS Y LA TRANSPARENCIA
El 6 de marzo de 2026, El Universal publicó información obtenida de las declaraciones patrimoniales de Aparicio.
El reportaje señaló que declaró automóviles clásicos adquiridos a precios considerablemente inferiores a referencias comerciales, además de joyas y propiedades.
Según el medio, en 2023 destinó 738 mil pesos a vehículos y joyas, cifra equivalente al 97 por ciento de lo que ganó como funcionario durante ese año, sin contar ingresos que reportó por la enajenación de bienes.
Para 2024 declaró ingresos por aproximadamente 2.53 millones de pesos, incluyendo salario y enajenación de bienes.
Tener casas, vehículos o joyas no constituye un delito.
Comprar barato tampoco.
Pero cuando un funcionario habla de transparencia, debe estar dispuesto a explicar públicamente las operaciones patrimoniales que generan dudas.
¿Quién le vendió los automóviles?
¿Cuál era su condición?
¿Por qué fueron declarados con valores tan inferiores a los precios comerciales?
¿De dónde provinieron los ingresos por enajenación de bienes?
La transparencia no consiste únicamente en presentar una declaración.
También implica responder las preguntas que esa declaración genera.
LOS ABUSOS DENUNCIADOS DENTRO DE LA CORPORACIÓN
Los señalamientos no solamente vienen de ciudadanos.
Mujeres integrantes de la Guardia Estatal denunciaron ante Chiapas En La Mira presuntos acuartelamientos prolongados, malas condiciones dentro de las instalaciones, favoritismos y supuestos cobros para obtener descansos.
Las acusaciones se concentran particularmente en la actuación del mando Claudio Molina.
Pero la responsabilidad administrativa también alcanza al secretario.
Todo mando opera dentro de una cadena jerárquica.
Las denunciantes sostienen que trabajan jornadas prolongadas, permanecen acuarteladas y soportan condiciones indignas.
También señalan presuntos pagos para conseguir descansos y un trato diferenciado.
Son testimonios que deben investigarse y no pueden presentarse como responsabilidades judicialmente acreditadas.
Pero tampoco deben desecharse porque las policías pidieron reservar su identidad.
Dentro de una corporación armada, el temor a represalias no es una fantasía.
La pregunta para Aparicio es directa:
¿Ordenó una investigación?
¿Claudio Molina continúa ejerciendo mando?
¿Se revisaron listas de servicio, descansos, depósitos, mensajes y testimonios?
¿Existe alguna sanción?
¿O todo quedó archivado?
LA MORAL NO CABE EN UN CERTIFICADO
Óscar Aparicio afirma que desde 1999 ha presentado 14 evaluaciones de control y confianza.
Ahora tiene un Certificado Único Policial.
Eso demuestra que cumplió con determinados requisitos institucionales.
Pero un certificado no borra las cifras registradas durante su gestión en Chihuahua.
No explica por qué se cayó su nombramiento en Tamaulipas.
No resuelve las dudas sobre su patrimonio.
No sustituye las conclusiones de la investigación relacionada con la presunta “narconómina”.
No responde por los señalamientos contra Claudio Molina.
No aclara qué ocurrió con los bienes presuntamente retirados del rancho Los Maximilianos.
Y, sobre todo, no devuelve a Daniel y Camerino Muñoz los 185 días que pasaron detrás de las rejas.
Ahí está el centro de esta historia.
Aparicio puede tener medallas.
Puede tener cursos.
Puede haber aprobado 14 evaluaciones.
Puede acumular 27 años de trayectoria.
Pero la calidad moral no se mide por la cantidad de certificados colocados en una pared.
Se mide por la capacidad de asumir responsabilidades.
De investigar a los propios.
De reconocer errores.
De reparar daños.
Y de impedir que la fuerza pública aplaste a quienes debería proteger.
LAS PREGUNTAS QUE APARICIO DEBE RESPONDER
Si realmente camina con transparencia, que informe:
¿Cuántas operaciones ha realizado la Fuerza Pakal?
¿Cuántas viviendas fueron intervenidas?
¿Cuántas personas fueron liberadas porque las acusaciones no se sostuvieron?
¿Cuántos bienes fueron asegurados?
¿Cuántos fueron devueltos?
¿Cuántas denuncias se han presentado contra los elementos?
¿Cuántos policías fueron suspendidos?
¿Cuántos mandos fueron investigados?
¿Qué pasó con quienes integraron el caso contra los hermanos Muñoz?
¿Quién reparará el daño causado durante sus 185 días en prisión?
¿Dónde quedaron los aparatos presuntamente retirados de Los Maximilianos?
Y si hubo irregularidades, ¿quién responderá?
Porque la fuerza del Estado no se demuestra entrando armado a una comunidad.
Se demuestra respetando la ley incluso cuando nadie está grabando.
La moral no se proclama frente a un micrófono.
Se demuestra cuando llega el momento de responder por el daño causado.
Óscar Aparicio dijo que caminan con calidad moral.
La frase ya quedó registrada.
Ahora falta demostrarla.
🔥 ¿PUEDE ÓSCAR APARICIO HABLAR DE “CALIDAD MORAL” MIENTRAS DOS HERMANOS PASARON 185 DÍAS EN PRISIÓN POR UNA ACUSACIÓN QUE NO SE SOSTUVO Y NADIE HA RESPONDIDO POR EL DAÑO?
FUENTES CONSULTADAS
- Gobierno de Chihuahua, 9 de junio de 2017.
- Guardia Nacional, julio de 2020.
- Milenio, 30 de septiembre de 2022.
- El Diario de Juárez, 30 de septiembre de 2022.
- El Diario de Chihuahua, 3 de diciembre de 2024.
- Avispa Midia, 4 de febrero de 2025.
- Alerta Chiapas, 26 de noviembre de 2025.
- El Universal, 1 de marzo de 2026.
- El País, 3 de marzo de 2026.
- El Universal, 6 de marzo de 2026.
- Chiapas En La Mira, agosto de 2026.
