JUSTICIA A LA DERIVA EN CHIAPAS: ENTRE EL ABANDONO INSTITUCIONAL Y LA IMPUNIDAD JUDICIAL

200 años de justicia en Chiapas. Una celebración sobre ruinas. Chiapasenlamira.com Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 24 de mayo de 2025Mientras el Poder Judicial del Estado de Chiapas hace poco celebraba, con fasto y oratoria, su bicentenario, desde los pasillos agrietados de los tribunales y los traslados extenuantes hacia salas rebasadas por la ineficiencia, una voz se alzó con claridad y conocimiento. Es una denuncia documentada, fundada, proveniente de quien conoce a fondo los engranajes del sistema: el abogado Mauricio Gándara Gallardo, con 42 años de experiencia en el ejercicio del derecho.Su testimonio exhibe con detalle la precariedad, el desdén institucional y la miseria ética con la que se imparte justicia en Chiapas. Lo que Gándara denuncia no es un caso excepcional. Es, lamentablemente, el reflejo de lo que viven cientos de chiapanecos y chiapanecas —especialmente quienes no tienen estudios, quienes carecen de conocimiento jurídico, abogados, redes de apoyo, ni el dinero que «agilice» el accionar burocrático— cuando se atreven a exigir algo tan básico como justicia. Para ellos, enfrentarse al sistema no es solo una travesía burocrática: es un salto al vacío y una humillación constante.Desde la desatención de la Fiscalía General del Estado, que abre «registros de atención» para esconder denuncias bajo la alfombra estadística, hasta la displicencia de jueces que suspenden audiencias sin explicación o que invocan normas de otras materias para validar decisiones arbitrarias, el relato de Gándara es el retrato fiel de un sistema colapsado.Uno de los momentos más reveladores ocurre con el juez Walter Constantino Vleeschower, quien cita a Gándara a una audiencia en el centro penitenciario El Amate —ubicado a más de 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez—, pero lo deja esperando por más de cinco horas. Cuando por fin lo recibe, suspende la diligencia argumentando la ausencia de los investigados, aunque jurídicamente no era necesario que estuvieran presentes en ese tipo de audiencia. Más tarde, en una nueva sesión, el juez se declara «incompetente» —no solo en el sentido jurídico— y remite un caso de robo agravado a un juzgado para delitos menores. Una decisión sin fundamento legal y con consecuencias graves para la búsqueda de justicia.El otro caso, no menos preocupante, recae en manos de la jueza Marta Patricia Maldonado Utrilla, quien retrasa por dos meses una audiencia de control judicial contra un no ejercicio de la acción penal emitido por la Fiscalía. A la fecha programada, la audiencia no se celebra porque su actuario olvidó notificar a los involucrados. La jueza, lejos de asumir responsabilidad, encubre la negligencia y muestra una evidente cercanía personal con la fiscal del caso, intercambiando saludos y conversación de índole personal y afectuosa en plena audiencia. Cuando por fin se lleva a cabo, y pese a que la fiscal se mantiene en silencio absoluto, la jueza confirma la decisión de no ejercer acción penal, invocando argumentos tomados del Código de Procedimientos Civiles… en una audiencia penal.Es difícil no preguntarse: ¿qué ocurre entonces con los justiciables sin experiencia legal, sin recursos, sin voz? Si a un abogado con décadas de experiencia se le trata con semejante desprecio institucional, ¿qué puede esperar una madre soltera en busca de justicia para su hijo, un campesino despojado de sus tierras, o una muj3r violentada que denuncia a su agr3sor?La respuesta está a la vista. Y es devastadora.Y mientras todo esto ocurre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asume su cargo no como un recién llegado, sino como alguien que ya ha formado parte de esa «rueda de la fortuna» institucional. Conoce de antes sus lógicas, sus silencios, sus pactos tácitos. Ahora tiene la posibilidad de hacer las cosas diferentes. ¿Lo hará, o seguirá como otro engranaje de un sistema que gira sobre su propia decadencia?La denuncia de Mauricio Gándara no solo interpela a la cabeza del Poder Judicial. Es una interpelación al Estado, a la sociedad, a quienes aún creen que la justicia en Chiapas es accesible, pronta, completa o imparcial.Los cuadernos judiciales señalados —el 56/2024 y el 36/2025— están disponibles. Las audiencias están videograbadas. El Consejo de la Judicatura no puede alegar ignorancia. Las pruebas existen. Lo que falta es voluntad.Mientras tanto, quienes tienen el valor de exigir justicia son obligados a recorrer kilómetros, esperar horas, ser tratados como estorbos administrativos y enfrentarse a operadores jurídicos que actúan no con derecho, sino con indiferencia.Y, aun así, el Poder Judicial se celebra a sí mismo.Se celebran 200 años… ¿de qué? De privilegios. De omisiones. De normalización del abus0. De castig@r al que exige y premiar al que encubr3.Sin verdad, sin sanción y sin transformación institucional, los 200 años de historia de la justicia en Chiapas no son legado: son un lastre. #JusticiaChiapas #PoderJudicialChiapas #ConsejoDeLaJudicatura #JuanCarlosMorenoGuillén #ImpunidadJudicial #VíctimasSinJusticia #ReformaJudicialYa #DenunciaPública #ChiapasInjusticia #ExigimosJusticia#ChiapasEnLaMiraNoticias #ChiapasEnLaMiraInforma #ChiapasEnLaMira#AprendeALeerConChiapasEnLaMira