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La reciente denuncia del regidor Paco Rojas Oficial en sesión de cabildo pone bajo la lupa la gestión del alcalde Angel Torres Culebro. El regidor evidenció que más de 6 millones de pesos fueron asignados a la compra de láminas, tinacos y kits de belleza, recursos que podrían haberse destinado a cubrir necesidades apremiantes como la escasez de medicamentos para trabajadores del ayuntamiento.

Estas acciones, señaló Rojas Toledo, tienen un fuerte aroma a prácticas políticas del pasado: estrategias que buscan obtener réditos electorales en lugar de atender las verdaderas prioridades de los ciudadanos. Y en el caso del alcalde Ángel Torres Culebro, esta polémica se suma a la inconformidad de la ciudadanía por los problemas derivados de una mala impresión de los prediales, lo que ha generado un descontento generalizado.

El desvío de recursos públicos no es algo nuevo en la administración pública local, pero lo que sorprende e indigna es la falta de transparencia y la evidente desconexión con las necesidades esenciales de la población. En una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, donde la gente enfrenta carencias básicas, resulta incomprensible que se derrochen millones en programas que parecen diseñados más para obtener votos que para resolver problemas estructurales.

Durante la sesión de cabildo, Rojas Toledo cuestionó el compromiso de los funcionarios municipales: “¿Por qué destinar recursos a programas de dudosa utilidad cuando existen necesidades apremiantes? El papel del cabildo debería ser velar por los intereses de la población, no por los de un grupo político”.

El alcalde Torres Culebro, quien hasta ahora no ha dado una respuesta convincente sobre esta situación, enfrenta un desafío doble: recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar que su administración trabaja para el beneficio colectivo, y no para intereses partidistas.

Es evidente que los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez merecen más. Merecen una administración que priorice la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

No es suficiente con denunciar estas irregularidades; es imperativo que haya un seguimiento efectivo, sanciones a los responsables y un cambio en la forma en que se toman decisiones que afectan a toda la comunidad.

El desvío de recursos no solo es un acto de corrupción; es una traición a la confianza de los ciudadanos. Y si las autoridades no actúan con firmeza, serán juzgadas no solo en los cabildos, sino también en las urnas y en la memoria colectiva de quienes exigen un gobierno justo y eficiente.