BIENESTAR SECUESTRADO: EL PODER MAL EJERCIDO EN CHIAPAS

Chiapasenlamira.com Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 4 de mayo de 2025En Chiapas, la Secretaría de Bienestar parece haber perdido el rumbo y sus principios. Lo que debería ser una institución al servicio de las comunidades más vulnerables se ha convertido, en manos de ciertos personajes, en un espacio de manipulación política, tráfico de influencias y abuso sistemático.Al centro de esta estructura perv3rsa está Manuela Obrador Narváez, actual delegada de los Programas Federales para el Desarrollo en Chiapas, cuya única credencial relevante parece ser su parentesco con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En lugar de encabezar una política pública basada en la justicia social, ha convertido a Bienestar en una red de favores, am3nazas y clientelismo.Una pieza clave en este engranaje es Marcela Díaz, directora regional en Los Altos, cuyo comportamiento ha escalado de lo autoritario a lo francamente riesgoso. Díaz no solo actúa como operadora política, sino como pieza de imposición violenta en las comunidades indígenas, con una actitud que raya en el desprecio institucional. Se le ha visto descalificar asambleas por “no alinearse” a los intereses del programa y presionar a representantes comunitarios para forzar decisiones. Su presencia representa la negación absoluta del principio de libre determinación de los pueblos originarios.Con la llegada del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) —una nueva modalidad del FAIS—, que destina recursos directos a comunidades indígenas para obras de infraestructura básica, se ha documentado un patrón alarmante: ya existe una lista de “constructores amigos” —entre ellos presuntos beneficiarios cercanos al diputado plurinominal por Morena Fermín González Ramírez— que son favorecidos sistemáticamente. Los contratos, según fuentes locales, se pactan en reuniones privadas sin licitación ni consulta comunitaria.Las instrucciones, según testimonios, vienen directamente de Manuela Obrador: solo se asignan recursos a proyectos que superen el millón de pesos, excluyendo a las comunidades más pequeñas y vulnerables. Es una política de descarte que ahonda la desigualdad estructural.Además, trabajadores del propio programa han denunciado públicamente que se les obliga a laborar fines de semana sin justificación, bajo am3nazas e intimidación. El trato clasista y r@cista que ejerce Díaz —insultos, humillaciones y desdén hacia pueblos originarios— es incompatible con cualquier visión de servicio público.En una reciente reunión con presidentes municipales de la región Altos, Díaz fue severamente cuestionada por desconocer las reglas de operación del programa y por insinuar que las comunidades pretendían desviar recursos. En lugar de ofrecer una respuesta institucional seria, Manuela Obrador desestimó las denuncias y pidió “pruebas”, negando el derecho de los municipios a ser escuchados. La opacidad no solo es tolerada: es política oficial.Pero la red de omisión no termina ahí. El FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), que debería vigilar el buen uso de estos recursos, está a cargo de José Antonio Aguilar Castillejos, exdelegado de Programas Federales en Chiapas y hoy operador político clave dentro de la estructura de Bienestar. Aguilar Castillejos ha sido denunciado por usar recursos públicos para beneficiar intereses personales, como la mejora de caminos que conducen a propiedades familiares, y por encubrir irregularidades cometidas por sus excolaboradores. Su silencio frente a las denuncias por corrupción, desvío de recursos y manipulación de contratos lo convierten en cómplice por omisión o por conveniencia.Hoy, Chiapas vive una paradoja perversa: se le promete justicia social desde el discurso, pero se le administra con soberbia desde la práctica. Mientras Marcela Díaz encarna una visión autoritaria y antiderechos, Manuela Obrador y José Antonio Aguilar Castillejos sostienen la estructura desde la impunidad, blindados por lealtades políticas y no por resultados reales.La Secretaría de Bienestar requiere una auditoría profunda, una intervención externa, y la renuncia inmediata de quienes han traicionado su mandato. No podemos permitir que los recursos para los pueblos indígenas se sigan usando como moneda de cambio o herramienta de chantaje político.Los programas sociales deben ser un instrumento de justicia, no una plataforma de corrupción. La dignidad de los pueblos originarios y de quienes trabajan con compromiso por un mejor país no puede seguir siendo pisoteada.Hay que limpiar la casa, recuperar el sentido de servicio público y sacar a los parásitos del poder.#BienestarSecuestrado #FAISPIAMFraude2025 #ChiapasResiste #FueraMarcelaDíaz #FueraManuelaObrador #AuditoríaFAISYa#ChiapasEnLaMiraNoticias #ChiapasEnLaMiraInforma