IMSS “5 DE MAYO”: LAS DENUNCIAS CAMBIAN DE PACIENTE, PERO EL ABANDONO SE REPITE

Columna de opinión
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 3 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

Quizá usted ha llamado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para solicitar una cita y el teléfono permanece ocupado durante horas.

Quizá logró comunicarse, acudió desde temprano y terminó esperando frente a una ventanilla sin recibir información clara.

Quizá, después de varias horas, entró a consulta, recibió una receta y en la farmacia le respondieron que uno o varios medicamentos no estaban disponibles.

“Llame después”, “pregunte la próxima semana”, “regrese otro día”.

Esa cadena de respuestas ya forma parte de la experiencia cotidiana de numerosos derechohabientes. No debería ser normal, pero la repetición ha conseguido que muchas personas terminen aceptando como inevitable lo que constituye una falla institucional.

En el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, conocido como “5 de Mayo”, las denuncias cambian de fecha y de paciente, pero conservan el mismo fondo: medicamentos que no llegan, tratamientos que se retrasan, personal que no informa, directivos ausentes y familias obligadas a recurrir a las redes sociales para ser escuchadas.

El 20 de julio, pacientes del área de Hematología denunciaron que permanecían internados durante periodos de hasta 20 días esperando citarabina, un medicamento esencial en determinados tratamientos contra leucemias y otros cánceres de la sangre.

Uno de los pacientes afirmó que ya debía haber comenzado su quimioterapia, pero llevaba dos semanas esperando. También sostuvo que otras personas acumulaban cerca de 20 días sin recibir una respuesta clara. 

En un tratamiento oncológico, el calendario no es un asunto administrativo. Cada ciclo responde a una programación médica. Retrasarlo puede afectar el desarrollo del tratamiento y aumentar la angustia de personas que ya enfrentan una enfermedad grave.

Mientras el IMSS anuncia estrategias para fortalecer la atención oncológica y presume el envío de miles de piezas de medicamentos a otras entidades, en Tuxtla Gutiérrez hay pacientes que aseguran permanecer internados esperando que un fármaco llegue. 

Esa contradicción merece una explicación.

DEL DESABASTO A LAS CONSECUENCIAS

El 26 de julio se hizo pública la denuncia de la familia de un adulto mayor que fue operado de la cadera y dado de alta con la indicación de utilizar un anticoagulante.

De acuerdo con sus familiares, la farmacia no entregó el medicamento por falta de existencia y, días después, el paciente sufrió un infarto cerebral isquémico que lo dejó con graves afectaciones.

La relación directa entre la falta del medicamento y las consecuencias denunciadas deberá establecerse mediante expedientes clínicos, peritajes y resoluciones de las autoridades competentes.

Pero el caso plantea una pregunta ineludible: ¿qué protocolo activa el IMSS cuando no tiene disponible un medicamento indispensable para prevenir una complicación grave?

No basta con colocar un sello de “no surtido” en una receta.

La institución debe ofrecer una alternativa, localizar el medicamento, canalizar al paciente o garantizar de alguna manera la continuidad del tratamiento.

Cuando una persona sale de un hospital sin el fármaco que necesita, el problema no termina en la ventanilla. El riesgo se traslada a su casa y a su familia.

EL CASO DE DANIEL

A estas denuncias se suma el caso de Daniel, un joven que, según su familia, ingresó caminando al Hospital “5 de Mayo” para realizarse estudios relacionados con un tumor y falleció después de varios días sin recibir el procedimiento que necesitaba.

Los familiares afirmaron públicamente que el especialista se encontraba de vacaciones y que no había una persona que lo sustituyera. Las publicaciones sobre el caso atribuyen el fallecimiento a una presunta negligencia médica. 

Esa acusación debe investigarse con seriedad y no puede darse por acreditada únicamente con testimonios difundidos en redes.

Pero tampoco puede ignorarse.

Un hospital que presta servicios permanentes no puede depender de la presencia de una sola persona. Las vacaciones son un derecho laboral; dejar sin cobertura una especialidad indispensable es una falla administrativa.

La enfermedad no espera a que regrese el médico.

Un tumor no suspende su avance porque el especialista esté fuera.

Una urgencia no puede quedar condicionada al calendario personal de un funcionario.

LOS NOMBRES Y LAS RESPONSABILIDADES

Las inconformidades de los derechohabientes han alcanzado a la directora del hospital, Rosalba Morales García; a la subdirectora médica, Zoila Barrios; y a la auxiliar administrativa, Luisa Genovés.

Corresponde a las autoridades confirmar sus cargos, revisar las actuaciones atribuidas a cada una y responder a los señalamientos. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de exigir que quienes ocupan puestos de responsabilidad expliquen qué ocurre dentro de la unidad.

Los usuarios denuncian desabasto, falta de organización, maltrato y ausencia de directivos.

Si las acusaciones son falsas, deben desmentirse con datos:

¿Cuántas recetas no se surtieron?

¿Qué medicamentos faltaron?

¿Cuántos tratamientos se retrasaron?

¿Quién quedó como responsable durante las ausencias?

¿Cuántas quejas se recibieron y qué respuesta tuvo cada una?

El silencio no aclara.

La propaganda tampoco.

ZOÉ ROBLEDO: MUCHO PAÍS, POCO CHIAPAS

Zoé Robledo continúa al frente de la Dirección General del IMSS. Durante 2026 ha encabezado anuncios, reuniones regionales, inauguraciones y presentaciones de nuevas obras hospitalarias en distintas partes del país. 

En los comunicados oficiales se habla de crecimiento, eficiencia, infraestructura y transformación.

En Chiapas, los pacientes hablan de otra realidad.

Hablan de teléfonos que nadie responde.

De consultas que se posponen.

De camas saturadas.

De medicamentos inexistentes.

De quimioterapias que no comienzan.

De recetas que no se surten.

Y de funcionarios que aparecen más en actos públicos que frente a los pacientes que exigen una solución.

En Chiapas siempre existe conversación sobre el futuro político de Zoé Robledo. En 2023 expresó interés en buscar la gubernatura y posteriormente anunció que no participaría en aquel proceso. No existe, con la información pública revisada, una confirmación sólida de que actualmente sea aspirante a una próxima elección. 

Pero esa discusión ni siquiera debería ser el centro.

Sea cual sea su futuro político, su responsabilidad presente está en el IMSS.

Y antes de hablar de cualquier otro cargo, tendría que responder por el sistema que hoy dirige.

Un funcionario no puede construir una narrativa de eficiencia nacional mientras en su estado de origen se acumulan denuncias por falta de medicamentos, demoras en tratamientos oncológicos, presunto maltrato y ausencia de atención especializada.

NO SON CASOS AISLADOS

Desde 2025, Chiapas En La Mira ha documentado señalamientos de derechohabientes por largas filas, falta de citas, trato prepotente y deficiencias en la atención del Hospital “5 de Mayo”.

En enero y julio de 2026 aparecieron nuevas denuncias relacionadas con medicamentos y tratamientos.

Después vino el caso del paciente con afectaciones neurológicas.

También el de Daniel.

Cuando las quejas se repiten en distintos meses, áreas y pacientes, ya no es responsable presentarlas como episodios aislados.

Existe un patrón que debe revisarse.

La institución tendría que realizar una auditoría clínica y administrativa, publicar información sobre el abasto real, revisar los mecanismos de sustitución de especialistas y establecer una ruta transparente para atender las quejas.

LA SALUD NO SE ADMINISTRA CON EXCUSAS

Los derechohabientes no reciben atención gratuita.

Durante años aportaron cuotas mediante su trabajo y el de sus empleadores. El servicio no es una concesión ni un favor político. Es un derecho.

Por eso resulta indignante que una persona tenga que suplicar por un medicamento que ya pagó indirectamente durante años.

Resulta indignante que una familia deba acudir a medios de comunicación para conseguir atención.

Y resulta inadmisible que la ausencia de un funcionario pueda paralizar un procedimiento urgente.

El Hospital “5 de Mayo” debe responder.

La representación del IMSS en Chiapas debe intervenir.

Y Zoé Robledo debe dejar de observar estas denuncias como si ocurrieran en una institución ajena.

Un director general no puede estar en cada farmacia ni en cada consultorio. Pero sí es responsable de crear mecanismos que garanticen medicamentos, personal suficiente, supervisión y consecuencias cuando existen fallas.

La salud pública no se mide por boletines.

Se mide en farmacias abastecidas.

En citas disponibles.

En enfermeras que tratan con dignidad.

En médicos que cuentan con sustitutos.

En tratamientos que comienzan a tiempo.

Y en pacientes que regresan a casa con una solución, no con otro número telefónico al que nadie responde.

Las denuncias siguen acumulándose.

Los nombres de los pacientes cambian.

Las excusas se repiten.

La pregunta es cuánto tiempo más permitirá el IMSS que el “5 de Mayo” sea identificado no por la atención que brinda, sino por las historias de quienes aseguran haber sido abandonados.