CAPTURARON A “EL TITO”; AHORA EL CASO DE BEANY LOZANO DEBE LLEGAR HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

Columna de opinión
Chiapas | 3 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

José Manuel “N”, alias “El Tito”, fue detenido en Guasave, Sinaloa, después de permanecer casi cuatro meses prófugo y ser identificado como el principal sospechoso del feminicidio de Beany Lozano.

La captura es importante. Pone fin a una búsqueda que durante meses mantuvo en incertidumbre a una familia y a una sociedad que exigía respuestas.

Pero detenerlo no significa que el caso esté resuelto.

Beany tenía 18 años y estudiaba Administración. En abril fue localizada gravemente herida dentro de un vehículo después de recibir un disparo. Permaneció hospitalizada durante varios días, luchando por sobrevivir, pero las lesiones terminaron por quitarle la vida.

Desde las primeras horas, su familia señaló a José Manuel como el principal sospechoso y entregó información que, según sus propios testimonios, podía ayudar a localizarlo.

La orden de aprehensión no fue inmediata. Esa demora generó cuestionamientos porque, mientras Beany permanecía hospitalizada, el señalado logró desaparecer y abandonar Chiapas.

Después vinieron las protestas, las exigencias públicas y una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información efectiva sobre su ubicación.

Durante casi cuatro meses, el rostro de “El Tito” apareció en fichas de búsqueda y publicaciones. Mientras las autoridades intentaban localizarlo, la familia de Beany tuvo que enfrentar el dolor de su pérdida y la incertidumbre de saber que el principal sospechoso continuaba libre.

Finalmente fue ubicado en Sinaloa.

La detención debe reconocerse como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Sin embargo, la celebración institucional no puede borrar las preguntas que continúan pendientes.

¿Cómo logró salir de Chiapas? ¿Quién lo ayudó durante su huida? ¿Dónde permaneció escondido? ¿Contó con recursos, contactos o protección para desplazarse hasta el norte del país?

La investigación no debería limitarse a explicar cómo fue detenido. También debe establecer cómo logró evadir durante meses una orden de aprehensión y si otras personas participaron en su ocultamiento.

Ahora comienza una etapa decisiva.

La Fiscalía General del Estado deberá presentar una imputación respaldada por pruebas periciales, testimoniales, científicas y digitales que permitan reconstruir lo ocurrido y establecer, ante un juez, la posible responsabilidad del detenido.

La presión social no sustituye las pruebas.

Tampoco la gravedad del señalamiento permite improvisar una acusación.

Una investigación deficiente, una cadena de custodia mal integrada o pruebas obtenidas de manera irregular podrían debilitar el proceso y abrir la puerta a la impunidad.

Por eso, el caso exige rigor.

No basta con mostrar la fotografía de la captura ni con anunciar que uno de los objetivos prioritarios ya está bajo custodia. El resultado verdadero se medirá en la capacidad de sostener el proceso, esclarecer los hechos y llegar a una resolución basada en evidencias.

La detención tampoco devuelve la vida de Beany.

No repara los días que permaneció hospitalizada. No elimina el sufrimiento de su familia ni responde por sí sola a los cuestionamientos sobre las primeras horas de la búsqueda.

Pero abre la posibilidad de que el caso avance.

La familia no debería verse obligada nuevamente a protestar para conocer el estado del proceso, acceder a la carpeta o exigir que se realicen diligencias básicas.

El nombre de Beany no puede convertirse en una consigna utilizada únicamente cuando hay operativos o anuncios públicos.

Beany fue una joven con proyectos, familia y una vida por delante.

Su caso merece una investigación completa, sin dilaciones, sin errores y sin protección para quien resulte responsable.

Después de casi cuatro meses, “El Tito” fue detenido.

Terminó la fuga.

Ahora comienza la etapa en la que las autoridades deberán demostrar que pueden transformar una captura en verdad, justicia y una resolución jurídicamente sólida.

Porque localizar al sospechoso fue indispensable.

Pero la justicia llegará únicamente cuando se esclarezcan los hechos y quien resulte responsable enfrente las consecuencias establecidas por la ley.