¿Es Justo Multar a Ciudadanos por Instalar Cámaras de Seguridad?

Chiapasenlamira.com Recientemente, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ha generado controversia al establecer que aquellos que instalen cámaras de seguridad fuera de sus hogares pueden ser multados con hasta 320 mil días de salario mínimo. Esto significa que, en 2025, quienes difundan imágenes captadas por estas cámaras podrían enfrentarse a una multa millonaria, que podría superar los 18 millones de pesos, además de una posible pena de prisión por manipulación engañosa de datos personales.Este tema pone en evidencia un delicado balance entre la seguridad personal y la protección de datos. Por un lado, vivimos en un país donde la inseguridad y el crimen parecen crecer día con día, y las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta vital para documentar delitos, proteger el patrimonio y, en algunos casos, identificar a los responsables de actos delictivos. Sin embargo, las autoridades federales defienden que la instalación de cámaras que captan a personas sin su consentimiento puede infringir su derecho a la privacidad, lo que justifica las sanciones.Sin embargo, la situación se torna irónica cuando comparamos esta ley con la realidad de la inseguridad que enfrentamos. Si bien es necesario proteger la privacidad de los ciudadanos, no podemos ignorar que las cámaras de seguridad se han convertido en una forma de autodefensa para muchas personas que buscan una respuesta ante el vacío de protección estatal. En Chiapas, por ejemplo, ha quedado claro que no solo los ciudadanos comunes instalan cámaras, sino también el crimen organizado, que las utiliza para sus propios fines, incluso desmantelando sistemas completos de videovigilancia para sus actividades ilícitas.¿Será que a los delincuentes también se les aplicarán las multas millonarias que ahora amenazan a los ciudadanos que solo buscan protegerse? ¿O esta medida está dirigida solo a aquellos que, en su intento por salvaguardar su bienestar y el de su familia, se convierten en víctimas de una ley que parece desproporcionada en un contexto de inseguridad creciente?Es necesario reflexionar sobre esta ley, no solo en términos de su impacto en la privacidad, sino también en su coherencia con la realidad social y de seguridad que atraviesa nuestro país. En lugar de penalizar a aquellos que intentan contribuir a la seguridad colectiva, las autoridades deben buscar alternativas que equilibren la protección de datos personales con la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda defenderse frente a un sistema de justicia que, en muchos casos, aún no ofrece respuestas eficaces.