MARCELA CASTILLO: CONTRATOS FAMILIARES, PROMOCIÓN BAJO INVESTIGACIÓN Y AHORA EL CONGRESO EN SUS MANOS

MARCELA CASTILLO: CONTRATOS FAMILIARES, PROMOCIÓN BAJO INVESTIGACIÓN Y AHORA EL CONGRESO EN SUS MANOS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 24 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

EL CONGRESO COMO MESA DE REPARTO

Marcela Castillo Atristain ya es presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas.

El nombramiento llegó después de la salida de Alejandra Gómez Mendoza, quien dejó la diputación para instalarse en la Comisión Estatal de Caminos. En el Congreso aprobaron la licencia por urgente y obvia resolución, movieron las piezas y colocaron a Castillo al frente del Poder Legislativo.

Todo rápido. Todo acomodado. Todo dentro del mismo círculo.

Lo ocurrido se parece demasiado al caso de Alejandra Gómez. Una dejó la presidencia del Congreso para recibir otra dependencia; la otra ocupó inmediatamente su lugar pese a los cuestionamientos que arrastra.

No parece una coincidencia. Parece un patrón.

Ahora es Marcela Castillo quien recibe el elogio público del gobernador y ocupa el espacio que quedó libre. Cambian los nombres, pero permanece la lógica: el siguiente grupo recibe su cuota de poder y el Congreso vuelve a funcionar como mesa de reparto.

No es el poder de las mujeres, sino el poder premiando a quienes pertenecen a su círculo y garantizan la continuidad de las mismas prácticas.

UNA CARRERA RÁPIDA Y POCOS RESULTADOS CONOCIDOS

Marcela Castillo comenzó como directora del Instituto Municipal de la Juventud, después fue segunda regidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y en 2024 buscó una diputación federal.

No la consiguió, pero Morena la postuló por el Distrito I de Tuxtla Oriente y llegó al Congreso local.

¿Qué dejó como directora? ¿Qué defendió como regidora? ¿Qué contratos cuestionó? ¿Qué cuentas públicas revisó? ¿Cuántas veces se opuso a una decisión perjudicial para Tuxtla?

De eso se conoce poco.

Lo que sí aparece documentado merece una explicación pública.

PODER LEGAL PARA ELLA, SU PADRE Y SU HERMANA

En febrero de 2019, el Ayuntamiento de Tuxtla otorgó facultades generales para pleitos, cobranzas, actos de administración y representación patronal a un grupo de abogados.

Entre los nombres estaban Marcela Castillo Atristain, su padre, Francisco Ignacio Castillo Acevedo, y su hermana, Cristina Isabel Castillo Atristain.

Tres integrantes de una misma familia con facultades para representar legal y laboralmente al gobierno municipal.

No era un nombramiento decorativo. El poder comprendía intervenir en relaciones laborales, comparecer ante autoridades, participar en conciliaciones y realizar trámites ante el IMSS, Infonavit y Fonacot.

Marcela ya formaba parte de la estructura municipal. Después se convirtió en regidora del mismo Ayuntamiento.

¿Informó públicamente ese vínculo familiar? ¿Qué funciones desempeñaron su padre y su hermana? ¿Recibieron pagos? ¿Cuánto dinero público estuvo involucrado?

316 MIL 800 PESOS MENSUALES ENTRE DOS EMPRESAS

A esto se suman los contratos señalados por publicaciones periodísticas.

Dos empresas relacionadas con el padre de Marcela Castillo habrían recibido contratos del Ayuntamiento: Integralegal, Sociedad Civil, por 208 mil 800 pesos mensuales, y Negossia —Instituto de Especialización Profesional Universitas, S.C.—, por otros 108 mil pesos mensuales.

En conjunto, 316 mil 800 pesos cada mes.

Además, las dos empresas aparecían con el mismo domicilio: 17 Poniente Sur número 406, en la colonia Xamaipak de Tuxtla Gutiérrez.

Los servicios contratados eran de asesoría jurídica, laboral, científica y técnica.

Si esos pagos se mantuvieron durante varios años, estaríamos hablando de una suma millonaria de recursos públicos. Para conocer la cantidad exacta deben abrirse los contratos, facturas, entregables, periodos de vigencia y comprobantes de pago.

Marcela Castillo debe explicar si conoció esas contrataciones, si intervino en alguna decisión relacionada y si, como regidora, votó presupuestos, cuentas públicas o modificaciones que incluyeran pagos a empresas vinculadas con su familia.

Aquí hay un posible conflicto de interés que no puede despacharse con silencio.

EL PRIMER EXPEDIENTE ELECTORAL

El cuestionamiento tampoco termina en el Ayuntamiento.

En 2024, Marcela Castillo fue incluida en un procedimiento electoral por presunta promoción personalizada, posible uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

La denuncia llegó hasta la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral federal. Finalmente no hubo sanción porque el tribunal consideró que las expresiones denunciadas no contenían un llamado inequívoco al voto.

Sin embargo, el expediente sí dejó constancia de publicidad y publicaciones difundidas dentro del proceso electoral y antes del periodo formal de campañas.

“LA TRIBUNA ES TUYA”: ¿PARTICIPACIÓN O PROMOCIÓN?

En marzo de 2026 presentó “La Tribuna es Tuya”, un programa que llevó una réplica del Congreso a colonias, parques y mercados.

No se transparentó cuánto costó, de dónde salieron los recursos, cuántas propuestas recibió ni cuáles llegaron a convertirse en iniciativas.

Semanas después, el IEPC abrió un procedimiento contra Castillo por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, posible uso indebido de recursos públicos y vulneración del principio de imparcialidad.

Entre los elementos presentados aparecen publicaciones en Facebook, propaganda, espectaculares y un evento público.

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias ordenó, como medida cautelar, retirar propaganda y publicaciones con su imagen al considerar que podrían generar una ventaja indebida mientras se resolvía el fondo.

La medida no constituye una sanción definitiva. Pero hasta julio de 2026 el expediente continuaba abierto y no localizamos una resolución posterior.

¿“La Tribuna es Tuya” fue realmente participación ciudadana o una plataforma para posicionar políticamente a Marcela Castillo en las colonias de Tuxtla?

Si todavía existe una investigación relacionada con su promoción personal, el Congreso también debe explicar por qué decidió colocarla precisamente en la presidencia de la Mesa Directiva.

UNA DECLARACIÓN PATRIMONIAL QUE NO APARECE

Tampoco localizamos una declaración patrimonial pública específica que permita conocer con claridad sus bienes, ingresos, actividades profesionales, participaciones empresariales y posibles conflictos de interés.

Tal vez la presentó. La obligación legal existe. Pero una cosa es entregar un documento dentro de una oficina y otra muy distinta ponerlo al alcance de la ciudadanía.

Ahora que encabeza la Mesa Directiva, Marcela Castillo debería publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses completas y actualizadas.

EL ASCENSO AVANZA; LAS EXPLICACIONES NO

Los poderes legales concedidos a su familia, los contratos señalados, la tribuna itinerante y la investigación electoral continúan sin una explicación completa.

Marcela Castillo ya tiene la presidencia de la Mesa Directiva. Ahora falta saber si utilizará esa posición para transparentar su trayectoria y abrir los documentos pendientes, o si el Congreso solamente será otro escalón desde donde seguirá construyendo su siguiente candidatura.

¿Llegó a la presidencia del Congreso para rendir cuentas o para acumular más poder sin responder primero por el que ya tuvo?