202 DÍAS PRESOS, CINCO DÍAS DESAPARECIDOS Y UNA INVESTIGACIÓN QUE NO LOGRA PROBARLOS CULPABLES

202 DÍAS PRESOS, CINCO DÍAS DESAPARECIDOS Y UNA INVESTIGACIÓN QUE NO LOGRA PROBARLOS CULPABLES

Chiapas | 12 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

El 22 de enero de 2026, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal detuvieron en Pueblo Nuevo Solistahuacán a Orvey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez.

Hoy se cumplen 202 días desde su detención.

Más de seis meses dentro de una prisión mientras sus familiares, defensores y representantes de la Iglesia católica sostienen que no existen pruebas científicas directas que los vinculen con el homicidio de un funcionario de Pueblo Nuevo.

La acusación es grave: homicidio calificado.

Pero igual de grave es lo que habría ocurrido para sostenerla.

De acuerdo con los testimonios de familiares y defensores, los tres hombres fueron detenidos sin que en ese momento les mostraran una orden de aprehensión. Elementos de la Fuerza Pakal les habrían apuntado con armas, los mantuvieron aproximadamente una hora sobre el pavimento y después se los llevaron.

Durante los siguientes días, sus familias comenzaron a buscarlos.

Preguntaron en Pueblo Nuevo.

Fueron enviadas a Tapilula.

Otros familiares buscaron en Reforma.

En cada lugar recibieron información distinta. Nadie les decía con certeza dónde estaban.

Orvey y José Julián permanecieron incomunicados durante cinco días, según las denuncias. Sus familiares finalmente supieron que se encontraban en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Cinco días sin conocer el paradero de una persona detenida por agentes del Estado no constituyen un simple error administrativo.

Durante ese tiempo, la familia no sabe si su hijo, esposo, hermano o padre sigue vivo. No sabe si está herido, si está siendo golpeado, si tiene acceso a un abogado o si alguien intenta arrancarle una declaración.

El abogado defensor Jorge Luis López afirma que fueron víctimas de una detención arbitraria, incomunicación y malos tratos equiparables con tortura. También señala irregularidades en la investigación y sostiene que no existen huellas, arma, planimetría ni elementos científicos que los relacionen directamente con los hechos.

Además, la defensa cuestiona el levantamiento del cuerpo de la víctima. De acuerdo con el abogado, esa diligencia habría sido realizada por policías municipales y no por personal pericial especializado, como correspondía para documentar debidamente la posición del cuerpo y preservar los indicios.

Una investigación por homicidio puede definir quién pasará años en prisión.

No puede levantarse con improvisaciones.

No puede sostenerse con diligencias deficientes.

Mucho menos puede suplirse la ausencia de pruebas con la fuerza de una corporación armada.

La defensa también asegura que las acusaciones cambiaron. Primero se habría pretendido relacionar a los detenidos con un homicidio ocurrido en Tila; después aparecieron señalamientos por hechos registrados los días 21 y 22 de enero en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Las imputaciones cambiaron de lugar y de fecha.

Los hombres señalados siguieron siendo los mismos.

Eso obliga a preguntar si la investigación buscó responsables a partir de las pruebas o si primero eligió culpables y después comenzó a construir una historia alrededor de ellos.

Jorge Luis López informó que desde enero fueron promovidos tres amparos en favor de los detenidos. Los recursos cuestionan la desaparición, la legalidad de la detención, la falta de elementos para vincularlos a proceso y la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía podía solicitar hasta un año para desarrollar la investigación complementaria. Eso habría permitido mantenerlos encarcelados hasta enero de 2027 sin llegar siquiera a juicio.

La presión y la solidaridad nacional e internacional consiguieron reducir ese plazo a cinco meses. La investigación complementaria cerró en mayo, pero los tres hombres continúan presos.

Ahora se aproxima la audiencia intermedia. En esa etapa deberá revisarse qué pruebas pretende llevar el Ministerio Público a juicio y cuáles deben excluirse por haber sido obtenidas ilegalmente o con violaciones a los derechos humanos.

Mientras tanto, también está pendiente la resolución de los amparos.

Si la justicia federal determina que no existieron elementos suficientes, el proceso podría caer y los acusados recuperarían la libertad. Si ordena reponer el procedimiento, la maquinaria comenzaría nuevamente y la prisión seguiría consumiendo sus vidas.

Para el expediente son plazos, audiencias y recursos.

Para ellos han sido 202 amaneceres detrás de las rejas.

Orvey Juárez Juárez es subcoordinador de la capilla de Santa Isabel de Hungría. José Julián López Juárez es ministro extraordinario de la Eucaristía. Orlando de Jesús López Gómez también es identificado como servidor de la Iglesia en la comunidad de El Estoraque.

El sacerdote Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y director de Cáritas, sostiene que el proceso ha estado plagado de irregularidades y que se habrían fabricado pruebas contra los acusados.

El padre también advierte una consecuencia que va más allá de estas tres personas: criminalizar a quienes sostienen el servicio comunitario destruye el tejido social.

Si acompañar a personas enfermas, distribuir la Eucaristía o participar en la organización de una capilla puede terminar en una detención violenta y una acusación de homicidio, el mensaje para las comunidades es devastador: servir también puede convertirte en sospechoso.

Todo esto ocurrió bajo la operación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

El secretario suele hablar de seguridad, tranquilidad y protección para las familias de Chiapas.

Pero la seguridad no consiste únicamente en desplegar hombres armados, ingresar a comunidades y presentar detenidos.

También implica explicar cómo actuaron sus elementos.

De acuerdo con declaraciones del propio Óscar Alberto Aparicio Avendaño, los agentes Pakal utilizan cámaras de solapa durante sus operativos.

Entonces, una parte de la verdad podría estar grabada.

Si los elementos que participaron en la detención del 22 de enero portaban esas cámaras, deben existir registros del momento en que los tres hombres fueron intervenidos, sometidos y trasladados.

¿Qué muestran esas grabaciones?

¿Las cámaras estuvieron encendidas durante todo el operativo?

¿Quién resguardó los archivos?

¿Dónde permanecieron los detenidos mientras sus familias los buscaban?

¿Quién estuvo a cargo de su custodia?

¿Quedaron registradas las amenazas y los presuntos malos tratos denunciados?

¿Se preservaron los videos o convenientemente dejaron de existir?

Las cámaras de solapa no pueden servir únicamente para producir imágenes espectaculares de detenciones y alimentar la propaganda institucional. También deben funcionar para vigilar a quienes portan el uniforme, reconstruir los operativos y acreditar si actuaron conforme a la ley.

Si Aparicio Avendaño asegura que sus elementos llevan cámaras, ahora le corresponde explicar qué grabaron los Pakal en Pueblo Nuevo.

Han transcurrido 202 días y no se ha informado públicamente si la Secretaría de Seguridad del Pueblo abrió una investigación interna, identificó a los agentes participantes, revisó las grabaciones o entregó ese material para esclarecer las denuncias.

Las cámaras estaban diseñadas para no depender únicamente de versiones.

Aquí existen señalamientos de detención arbitraria, incomunicación, amenazas y actos equiparables con tortura.

El silencio de las cámaras —o el silencio sobre su contenido— también exige una explicación.

La presunción de inocencia no es una frase para colocar en comunicados. Significa que ninguna institución puede tratar públicamente como culpable a una persona cuya responsabilidad no ha sido demostrada.

Tampoco basta con decir que el caso se encuentra en manos de un juez. La detención, el traslado, la custodia y las condiciones en que permanecieron incomunicados corresponden a actuaciones de agentes estatales que también deben investigarse.

La Fuerza Pakal no puede convertirse en un atajo para producir culpables cuando una investigación carece de resultados.

Una corporación que infunde tanto miedo que los testigos no se atreven siquiera a acercarse mientras alguien permanece sometido sobre el pavimento no está construyendo confianza pública. Está sembrando silencio.