182.5 MILLONES BAJO OBSERVACIÓN Y 2 MIL 500 TARJETAS: ANA LAURA ROMERO DICE QUE TODO FUE “AISLADO”

CHIAPAS PUEDE: ANA LAURA ROMERO DECLARA INOCENCIA MIENTRAS TODAVÍA ESTÁ “VERIFICANDO”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 13 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tiene razón en una cosa: una observación de auditoría no demuestra por sí sola un desvío de recursos.

Una inconsistencia puede ser solventada. Un expediente incompleto no equivale automáticamente a dinero robado. Una irregularidad administrativa tampoco debe convertirse, sin pruebas, en sentencia penal.

Hasta ahí, su explicación es correcta.

El problema comienza cuando la funcionaria pasa de la precisión técnica a la absolución política.

Romero Basurto asegura “categóricamente” que en Chiapas Puede no existe ningún desvío de recursos. Lo afirma mientras reconoce que su dependencia apenas realiza una verificación en tiempo real, que existen observaciones de la Auditoría Superior del Estado y que se detectaron conductas irregulares de personas servidoras públicas.

Entonces, ¿en qué momento concluyó la revisión?

¿Cómo puede descartar categóricamente un desvío si todavía está verificando cómo se ejerció el dinero?

La Secretaría Anticorrupción no debería declarar inocente a un programa antes de terminar de revisar sus cuentas. Su trabajo no es defender el proyecto insignia del gobierno ni descalificar a los medios que publican las observaciones. Su responsabilidad es revisar, documentar, deslindar responsabilidades y presentar denuncias cuando corresponda.

La funcionaria calificó como “sesgada” la publicación de Proceso y sostuvo que parte de una premisa falsa. Sin embargo, la discusión no puede reducirse a si el medio utilizó correctamente la palabra “desvío”.

El informe identificado como ASE/OAC/024/2026 coloca bajo observación 182.5 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2025. Esa es la cifra que debe explicarse; no los 582 millones mencionados erróneamente durante la pregunta formulada a la secretaria.

Y las inconsistencias difundidas no se limitan a un acta de nacimiento extraviada.

De acuerdo con la información publicada sobre la auditoría, casi 40 mil de 200 mil paquetes educativos no habrían sido distribuidos; no existiría certeza sobre la entrega de becas a parte de las 71 mil 56 personas registradas, y 5 mil 130 beneficiarios incorporados como personas alfabetizadas ya contarían con antecedentes de alfabetización.

Eso ya no parece una simple carpeta a la que le faltó una copia de la credencial de elector.

Si el ICHEJA pagó por materiales que no llegaron a sus destinatarios, debe informar dónde están. Si entregó apoyos, debe comprobar quién los recibió. Si registró como alfabetizadas a personas que ya sabían leer y escribir, debe explicar quién autorizó esos registros, cómo fueron validados y qué pasó con el dinero asociado.

Y luego están las 2 mil 500 tarjetas.

Romero Basurto las llamó “un caso total y absolutamente aislado”. Pero la frase no sustituye a una investigación.

Las tarjetas no aparecieron extraviadas en una oficina. Fueron aseguradas dentro de un expediente penal por el que Luis Manuel “N” y Lidia “N”, vinculados laboralmente con el ICHEJA, quedaron bajo investigación. Si estaban destinadas a personas beneficiarias, la autoridad debe reconstruir toda la cadena: quién las solicitó, quién las recibió, quién tenía su resguardo, por qué no fueron entregadas y qué controles institucionales fallaron.

Además, los hechos ocurrieron durante la gestión de Sergio David Molina Gómez, quien dejó la Dirección General del ICHEJA el 14 de julio. Esto no prueba por sí mismo una responsabilidad personal del extitular, pero vuelve indispensable revisar su cadena de mando y las autorizaciones emitidas durante su administración.

Llamar “aislado” al caso antes de agotar esa revisión es una conclusión anticipada.

También resulta contradictorio afirmar que el gobierno “no tapa absolutamente nada” mientras se descalifica como sesgada una publicación que obliga a explicar el destino de millones de pesos. La transparencia no consiste en prometer que algún día los medios podrán consultar Jaguar Evalúa. Consiste en publicar ahora el informe completo, las observaciones, las respuestas del ICHEJA, los documentos de solventación y el avance de cada procedimiento.

Ana Laura Romero insiste en que Chiapas Puede “es, será y seguirá siendo un éxito”. Esa declaración puede pronunciarla el área de comunicación social, el ICHEJA o cualquier integrante del gabinete interesado en promover el programa.

Pero cuando la titular del órgano encargado de vigilar el ejercicio público habla como defensora del programa que debe revisar, su independencia queda comprometida.

La alfabetización es una causa necesaria. Precisamente por eso no debe utilizarse como escudo para minimizar irregularidades. Las personas que durante años fueron privadas del derecho a leer y escribir merecen educación, pero también merecen saber si los recursos destinados a ellas llegaron completos.

Aquí nadie debería sentenciar un desvío antes de concluir los procedimientos.

Pero la secretaria tampoco puede sentenciar que no lo hubo.

Si Ana Laura Romero todavía está verificando, ¿por qué ya absolvió al programa, declaró aislado el caso de las tarjetas y convirtió a la Secretaría Anticorrupción en vocería de Chiapas Puede?

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