OVIDIO CORTÁZAR: DEL PODER POLÍTICO A LA CABEZA DE LOS NOTARIOS, ENTRE DENUNCIAS, CONVENIOS Y LA CRÍTICA QUE INCOMODA

OVIDIO CORTÁZAR: DEL PODER POLÍTICO A LA CABEZA DE LOS NOTARIOS, ENTRE DENUNCIAS, CONVENIOS Y LA CRÍTICA QUE INCOMODA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 18 de agosto de 2026
Por Chiapas En La Mira

Ovidio Cortázar Ramos no es precisamente un desconocido en los pasillos del poder en Chiapas.

Antes de llegar a la cabeza del notariado chiapaneco construyó una larga carrera entre cargos públicos y política partidista: fue secretario de Finanzas del Gobierno de Chiapas, diputado local, diputado federal por el PAN entre 2009 y 2012, candidato al Senado y posteriormente secretario de Economía durante el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Hoy ocupa otra posición relevante: preside el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas para el periodo 2026-2028 y es titular de la Notaría Pública número 156.

No estamos hablando, entonces, únicamente de un abogado dedicado al ejercicio notarial.

Estamos hablando de un exfuncionario, expolítico y exlegislador que actualmente representa a uno de los gremios jurídicos que mayor responsabilidad tiene sobre algo particularmente delicado: el patrimonio y la certeza jurídica de las personas.

Y precisamente por eso las preguntas deben ser mayores, no menores.

Cuando Cortázar asumió la presidencia del Consejo habló de transparencia, seguridad jurídica, coordinación institucional, ética y de acercar el notariado a la sociedad.

El discurso suena bien.

El problema comienza cuando uno sale de los discursos y revisa las denuncias.

En Chiapas existen antecedentes graves de señalamientos contra fedatarios públicos. En 2019, por ejemplo, la Fiscalía estatal informó que investigaba más de 80 denuncias contra notarios por presuntos actos ilegales, en un contexto en el que incluso fueron investigados un notario y un exfuncionario del Registro Público por delitos como fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa.

También han existido denuncias públicas contra notarios por presuntos despojos de propiedades y supuestas irregularidades relacionadas con documentos y actuaciones ante el Registro Público de la Propiedad.

Más recientemente, en julio de 2026, el ciudadano Argel Galindo Maya denunció públicamente al titular de la Notaría 106, Luis Gabriel Sánchez Velázquez, al asegurar que llevaba casi cinco años esperando la escritura de un inmueble pese a haber cubierto los honorarios correspondientes.

Son señalamientos que, por supuesto, deben investigarse y resolverse por las autoridades competentes. Una denuncia no equivale a una sentencia.

Pero precisamente porque existen denuncias, alguien debería explicar qué está ocurriendo dentro del gremio.

Chiapas En La Mira también ha documentado casos de presuntos despojos inmobiliarios en los que las víctimas han señalado documentos y actuaciones notariales dentro de las operaciones que cuestionan.

Otros medios han publicado señalamientos particularmente delicados alrededor de la Notaría 93, relacionados con presuntas firmas falsas, manejo irregular de folios y actos jurídicos cuestionados.

Otra vez: son denuncias y señalamientos públicos, no sentencias.

Pero si el nuevo presidente del Consejo Estatal de Notarios habla de ética, transparencia y recuperación de la confianza ciudadana, estos asuntos deberían estar necesariamente sobre su escritorio.

Por eso la pregunta para Ovidio Cortázar es bastante sencilla:

¿Qué está haciendo realmente el Consejo Estatal de Notarios frente a las denuncias contra integrantes del gremio?

Porque presidir el Consejo no puede reducirse a fotografías, reuniones, firmas de convenios y discursos sobre transparencia.

El presidente del Consejo no sustituye a la Fiscalía.

Tampoco sustituye a la Consejería Jurídica ni a la Dirección de Archivo General y Notarías, autoridades a las que la legislación chiapaneca otorga facultades específicas de vigilancia, inspección y responsabilidad administrativa.

Pero eso tampoco significa quedarse callado.

Y precisamente ahí aparece otro asunto.

Hace unos días, el columnista Bernardo Figueroa comenzó a publicar críticas y cuestionamientos sobre la actuación de Cortázar #DesdeElCafé

Una pregunta fue particularmente directa:

¿Será verdad que Ovidio Cortázar anda muy crecidito con tanta firma de convenio?

Después vino un cuestionamiento mucho más serio.

Figueroa analizó la llamada ventanilla anticorrupción relacionada con los notarios y planteó una pregunta jurídica que hasta ahora merece una respuesta igualmente jurídica: si la Ley del Notariado ya establece qué autoridades deben recibir, investigar y resolver las quejas contra notarios, ¿hasta dónde puede intervenir la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?

La pregunta no es menor.

Porque combatir la corrupción es indispensable, pero ninguna dependencia puede inventarse facultades que la ley no le concede.

Después de esas publicaciones, Figueroa sostiene que Ovidio Cortázar lo bloqueó en redes sociales.

Si ocurrió como lo refiere el periodista, el episodio resulta cuando menos paradójico.

Hablar de transparencia mientras se bloquea a quien pregunta no parece la mejor manera de demostrar apertura.

Y el asunto tampoco debe reducirse a una simple discusión de Facebook.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido precedentes importantes respecto de servidores públicos que utilizan cuentas aparentemente personales para difundir información relacionada con sus funciones. Cuando una red social se transforma materialmente en un canal para comunicar asuntos de interés público, el bloqueo puede entrar en tensión con el derecho de acceso a la información.

Eso no significa afirmar automáticamente que Cortázar haya cometido una violación constitucional. Habría que analizar la naturaleza de la cuenta, el uso que le da y si desde ella difunde actividades correspondientes a su representación al frente del Consejo.

Pero la pregunta es completamente legítima:

¿Puede quien encabeza un organismo vinculado con una función de interés público cerrar el acceso a un periodista justamente cuando comienza a cuestionarlo?

El episodio además toca un problema más amplio en Chiapas.

Parece que a algunos personajes de la vida pública ya no solamente les incomoda la nota.

Les incomoda hasta quién la lee.

Hay funcionarios y personas vinculadas al poder que parecen estar más pendientes de quién comparte una publicación, quién le da “me gusta”, quién comenta y hasta por qué grupos de WhatsApp circuló determinada información.

En algunas dependencias basta que una nota crítica comience a compartirse entre trabajadores para que aparezca la molestia y empiece la pregunta interna:

“¿Quién la compartió?”

Ese comportamiento debería preocuparnos.

Porque una cosa es que un funcionario responda una publicación que considera incorrecta y otra muy diferente es generar un ambiente donde trabajadores, ciudadanos o personas cercanas a una institución sientan que hasta compartir una noticia puede traerles problemas.

La libertad de expresión no consiste solamente en permitir que un periodista publique.

También comprende que la información pueda circular, compartirse, comentarse y discutirse sin que desde el poder se pretenda vigilar quién la difundió.

WhatsApp no debería convertirse en una extensión de la oficina de vigilancia de ninguna dependencia.

Facebook tampoco.

Mucho menos debería importar quién puso un “me gusta”.

Si una información es falsa, se aclara.

Si contiene datos incorrectos, se presentan documentos.

Si existe derecho de réplica, se ejerce.

Si un periodista se equivoca, se demuestra.

Lo que resulta difícil de defender democráticamente es esa obsesión por identificar quién leyó, quién compartió y quién hizo circular una publicación incómoda.

Porque cuando el poder comienza a preocuparse más por quién comparte la noticia que por responder lo que dice la noticia, algo está funcionando mal.

Y Ovidio Cortázar debería entender particularmente bien el escrutinio público.

No es un ciudadano alejado de la vida política.

Fue secretario de Finanzas.

Fue diputado local.

Fue diputado federal.

Fue candidato al Senado.

Fue secretario de Economía.

Y hoy preside el Consejo Estatal de Notarios.

Ha pasado buena parte de su trayectoria profesional alrededor de instituciones públicas y actualmente representa a profesionales investidos de fe pública.

Por eso está sujeto a preguntas.

Y debería saberlo mejor que muchos.

Ahora se encuentra frente a un gremio que necesita fortalecer su credibilidad.

No basta repetir que existe certeza jurídica.

La certeza jurídica se demuestra cuando una familia entrega sus ahorros para una escritura y recibe el documento.

Cuando una persona denuncia una irregularidad y obtiene respuesta.

Cuando aparece una firma presuntamente falsa y se investiga.

Cuando existe un folio cuestionado y se determina qué ocurrió.

Cuando una propiedad cambia de manos mediante documentos sospechosos y las autoridades actúan.

Y la transparencia también se demuestra cuando un periodista pregunta y la respuesta no termina siendo el botón de “bloquear”.

Ovidio Cortázar quiso encabezar el Consejo Estatal de Notarios.

Ahora también le corresponden las preguntas que vienen con el cargo.

Porque representar al notariado no significa únicamente defender a los notarios.

También implica dar la cara ante la sociedad cuando son precisamente los notarios quienes están bajo cuestionamiento.

Y queda una pregunta para Cortázar:

¿Llegó al Consejo Estatal de Notarios para transparentar y fortalecer al gremio, incluso frente a sus propios problemas, o la transparencia funciona solamente mientras nadie haga preguntas incómodas?

Porque algo debería quedar claro para Cortázar y para cualquier funcionario:

la crítica no se combate bloqueando periodistas, vigilando quién comparte una nota o preguntando por qué circuló en WhatsApp. Se enfrenta respondiendo con hechos, documentos y resultados.

Eso también se llama rendición de cuentas.