La comunicación del silencio: abuso, control y simulación en el aparato estatal
- Chiapas
Chiapas En la Mira
- 0
- 7minutos de lectura
Chiapasenlamira.com
Mientras desde los altos niveles del poder se repiten con insistencia palabras como “transparencia”, “cambio”, “humanismo”, “abre la conciencia”, “descolonizar el pensamiento” y “Cuarta Transformación”, en las entrañas del aparato estatal se incuban prácticas que contradicen profundamente esos discursos. Lejos de consolidar una democracia participativa, lo que se ejerce desde la estructura institucional es control, censura y simulación.
Y quienes más lo resienten son quienes ejercen la comunicación en Chiapas: periodistas, reporteros, medios independientes, voces críticas.
El Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, bajo la dirección de José Luis Sánchez García, funciona hoy más como un instrumento de congelamiento e intimidación que como una institución orientada a garantizar el derecho a la información y a dignificar el ejercicio periodístico.
En lugar de abrir canales de diálogo y cooperación, se han consolidado esquemas de vigilancia, y censura encubierta. Teléfonos intervenidos, reporteros monitoreados, jefaturas de prensa convertidas en células de control político. Las y los periodistas no son tratados con respeto, sino sometidos a una burocracia indolente. Al frente de la Dirección de Información, María Esther Figueroa Meléndez, conocida como Teté, ha sido señalada por mantener filas interminables, evasivas constantes, respuestas dilatorias como el infame “vuelva mañana… y mañana”, promesas incumplidas y una absoluta falta de claridad sobre los convenios de publicidad institucional. Pero lo más preocupante es que, según diversas fuentes, ella no toma decisiones, sino que solo obedece instrucción superior.
El estilo de José Luis Sánchez García no es nuevo. Se arrastra desde su gestión en el gobierno de Manuel Velasco Coello, donde ocupó el mismo cargo. Hoy, con el respaldo de Eduardo Ramírez Aguilar, repite las mismas prácticas. Diversos periodistas lo han denunciado: no responde, no escucha, no dialoga. Se trata de una política sistemática de exclusión, chantaje y silenciamiento. Muchos de los funcionarios de aquel sexenio han sido reciclados en su equipo actual, perpetuando conductas que deberían haber quedado atrás.
Quienes se atreven a cuestionar enfrentan represalias: cancelación de convenios, bloqueo de información institucional o, incluso, campañas de desprestigio profesional.
Pero lo más alarmante es la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Conviene recordarlo: esos fondos no son patrimonio privado de ningún funcionario. Provienen de los impuestos de la ciudadanía y deben ejercerse con transparencia, legalidad y equidad. Sin embargo, según denuncias internas, se obliga al personal a firmar hojas en blanco, se inflan facturas, se simulan gastos y se rentan equipos y vehículos a empresas ligadas a personas cercanas al director general. Prácticas idénticas a las del sexenio de Velasco, cuando varios “se fueron rayados” a costa del erario.
El Instituto ha dejado de ser un canal para comunicar lo público. Hoy es un enclave de intereses particulares, donde los cargos estratégicos no se asignan por méritos, sino por vínculos familiares o lealtades políticas. El caso de Moisés Borbolla, primo de Sánchez García y actual asesor de comunicación estatal, es solo uno de los muchos ejemplos de un nepotismo que ya ni se disimula.
A esto se suma el trato inaceptable hacia más de 550 medios que, según la narrativa oficial, recibirían convenios a partir de marzo. Sin embargo, desde enero de 2025, la mayoría no ha recibido pago alguno por la difusión de información institucional, ni información clara sobre su situación. Bajo la bandera de una supuesta “austeridad”, se ejecuta una política de omisión, exclusión y selectividad. Los recursos siguen fluyendo… pero solo hacia unos cuantos. La versión oficial habla de recortes, pero la realidad muestra una distribución discrecional, opaca y profundamente injusta.
Todo esto revela una estrategia: premiar la obediencia y castigar la crítica.
Pero no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad. Quienes ejercen la comunicación merecen condiciones justas, libertad para informar sin miedo y acceso equitativo a los recursos públicos. Tratar a periodistas como enemigos o piezas descartables es negarle sentido a cualquier aspiración democrática.
La libertad de expresión no es un favor. Es un derecho. Y quienes hoy la vulneran desde el poder, más temprano que tarde, deberán rendir cuentas. Tal vez no ante la justicia inmediata, pero sí ante la historia. Porque aunque intenten desmarcarse de su pasado, siempre habrá quien recuerde su origen, lo que hicieron para llegar donde están, los pasos que dieron y a quiénes pisotearon en su carrera por el poder.
Y quien en su andar daña, niega o silencia, activa una fuerza que no olvida. Porque todo se regresa.
Las palabras tienen poder. Y cuando se usan para simular, tarde o temprano la verdad las alcanza. La historia es un campo fértil: allí germinan los actos, y cada acción es semilla. Quien siembra control, abuso y silencio, tarde o temprano cosecha vergüenza, caída o justicia. Y llegará el día en que no habrá slogan, pacto ni discurso que les salve del eco de sus propios actos.
