DEL SILENCIO AL ABANDONO: EL MAPA DEL PODER QUE ALIMENTA EL CORREDOR DE LA VIOL3NC!A

Chiapasenlamira.comChiapas | 16 de enero de 2026

La pregunta no es menor ni ociosa: ¿dónde está Francisco Chambé Morales?El hoy exalcalde desapareció de la escena pública tras la detención de su homólogo de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, señalado por delincuencia organizada y corrupción.

El 6 de enero fue la última vez que se le vio públicamente. Hoy ha sido formalmente destituido y el municipio opera bajo una alcaldesa interina.El vacío no es solamente político. Es institucional. Y la pregunta inevitable es si será presentado ante la Fiscalía General del Estado o si su expediente terminará, como tantos otros, convertido en una carpeta más empolvándose en los archivos de la impunidad.

El antecedente no admite ingenuidad. Chambé ya fue detenido en 2021 mediante orden de aprehensión por ejercicio indebido del servicio público, cuando fue alcalde de Ocozocoautla en el periodo 2015–2018. La interrogante es obligada: ¿cómo un partido político y un órgano electoral permitieron que, con ese historial, fuera nuevamente registrado como candidato a presidente municipal? No es un nombre nuevo para la justicia.

Es un nombre reincidente dentro de un sistema que normaliza la memoria corta y la simulación institucional.Pero Chambé no es una anomalía aislada. Es una pieza más de un patrón estructural que hoy ya puede describirse con nombre propio: EL CORREDOR DE LA VI0L3NCI4.Una franja territorial donde los silencios oficiales, la fragilidad institucional y la normalización del d3lito se encadenan sin contención efectiva.Ahí está el caso del exdirector del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Miguel Prado de los Santos: destitución, escándalo, detenciones menores y luego el silencio administrativo que todo lo diluye. Los operadores menores pagan; las decisiones de alto nivel se evaporan.

En Berriozábal, el alcalde Jorge Acero Gómez gobierna en un entorno donde los levantones, la inseguridad y la violencia forman parte de la vida cotidiana.

Dos veces alcalde, en un municipio donde las desapariciones son recurrentes y la autoridad parece rebasada.El foco también apunta hacia Jiquipilas. Su alcaldesa, Yaneth Chui López, no solo elogió públicamente a Ernesto Cruz Díaz —a quien llamó su mentor y “excelente alcalde”—; hoy guarda silencio mientras su municipio enfrenta levantones, desapariciones y una escalada de violencia.

Policías municipales se encuentran detenidos e investigados. La alcaldesa se deslindó de los hechos y, según testimonios, habría presionado a familiares para evitar declaraciones públicas, incluso confrontando a instancias de investigación.

Una autoridad ausente en la gestión, pero activa cuando se trata de controlar el daño político.En Villaflores, durante la administración de Valeria Rosales Sarmiento, los signos de deterioro institucional se acumulan: inseguridad persistente, tensiones sociales, opacidad y una creciente desconexión entre gobierno y ciudadanía. Episodios recientes —levantones masivos, homicidios, incendios con víctimas fatales y eventos electorales realizados en condiciones de alto riesgo— exhiben una fragilidad alarmante para garantizar mínimos de gobernabilidad, seguridad y certidumbre democrática.

El silencio oficial ha sido constante, mientras el poder político parece heredarse como patrimonio familiar en un municipio que pasó de liderazgo productivo a abandono estructural.Así, Berriozábal, Ocozocoautla, Jiquipilas y Villaflores terminan conectándose no solo por geografía, sino por una misma lógica de omisión, impunidad y debilitamiento institucional. Ese entramado es hoy, en los hechos, EL CORREDOR DE LA VI0L3NCI4, donde el Estado aparece fragmentado y la ciudadanía queda expuesta.La exigencia ciudadana no es retórica: deben investigarse alcaldes y exalcaldes sin excepciones ni cálculos políticos.

La Fiscalía General del Estado tiene atribuciones para iniciar investigaciones penales; la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Congreso local poseen facultades para auditar, fiscalizar y sancionar responsabilidades administrativas.

No actuar equivale a confirmar que en Chiapas la ley opera de forma selectiva.La omisión legislativa también tiene rostro. El diputado Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Congreso, declaró que la información difundida sobre la situación del entonces alcalde de Ocozocoautla era incorrecta. ¿Realmente la desconocía o prefirió administrar la ignorancia para evitar costos políticos? Días antes ya circulaban versiones públicas sobre solicitudes de licencia y escenarios legales.

Hoy el hecho es concreto: el alcalde fue removido. Negar ese contexto no es un error técnico: es ocultar información de interés público y generar un vacío institucional que impacta directamente en la gobernabilidad.

Cuando un legislador responsable de temas de seguridad opta por blindar silencios, no solo erosiona la confianza ciudadana: compromete la credibilidad del propio Poder Legislativo.La pregunta final permanece abierta y es incómoda:¿Habrá consecuencias reales o asistiremos, una vez más, a un episodio donde el poder municipal se protege a sí mismo mientras EL CORREDOR DE LA VI0L3NCI4 sigue administrando el territorio?👉🏻 ¿Usted qué opina?

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