CUANDO LA SEGURIDAD ES DECORADO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Y EL PODER QUE MIRA HACIA OTRO LADO

CUANDO LA SEGURIDAD ES DECORADO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Y EL PODER QUE MIRA HACIA OTRO LADO

Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 31 de agosto de 2026

Que un partido político nazca con dos cadáveres en la puerta no es un mal augurio: es una radiografía. El domingo, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, el Partido Humanista tomó protesta a su primer líder municipal con un despliegue de discursos sobre continuidad y proyecto político, y a los pocos minutos, a unos pasos del hotel Brisas, dos personas quedaron tendidas en el suelo. Nadie fue detenido. Los sicarios simplemente caminaron, dispararon y se fueron, como si el operativo de seguridad hubiera sido, en efecto, decorado.

Ahí estaban, según la nota, el alcalde Herlen Sánchez, el alcalde de Rayón Domingo González Trejo, y el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán, fundador del partido y funcionario estatal en activo. Tres figuras del poder público reunidas en un acto que, según se informó, contaba con un fuerte dispositivo policial. Y sin embargo, la pregunta que nadie hace en voz alta es la más elemental: ¿a quién estaban cuidando esos elementos? ¿A los funcionarios que subieron al templete, o al municipio que los recibió?

Porque ahí está el punto ciego de estos operativos: la lógica de la «seguridad» en los eventos políticos en Chiapas suele diseñarse para proteger al orador, no para pacificar el territorio. Se cierra un perímetro alrededor del alcalde, del subsecretario, del gobernador en turno, y se deja que el resto del municipio —el que vino caminando desde otra comunidad, el que se dispersa después del acto— quede exactamente donde siempre ha estado: expuesto. La violencia no interrumpió el evento; llegó cuando el evento ya había cumplido su función política, cuando las cámaras ya habían capturado el aplauso y la banda presidencial.

En ese mismo dispositivo de seguridad debería rendir cuentas el secretario de Seguridad Pública del estado, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, responsable último de la estrategia que, en los hechos, no impidió que dos personas fueran ejecutadas a plena vista, ni logró la detención de los agresores. Si su dependencia avaló o coordinó el operativo del domingo, corresponde que explique públicamente por qué el resguardo alcanzó al templete y no a la gente que se dispersaba hacia sus casas.

Y está también la pregunta que sí le compete a Alfredo Ramírez, más allá del narrador de discursos: ¿qué hace un subsecretario de Educación Federalizada del gobierno estatal fundando y presidiendo actos de un partido político en horario y con logística que, según ha documentado la prensa local en los últimos meses, involucra personal y recursos de su propia dependencia? No es un detalle menor ni un asunto solo de ambición personal: es un funcionario público operando una estructura partidista paralela a su cargo, en un municipio donde, ahora, dos personas están muertas.

Pueblo Nuevo Solistahuacán no es un caso aislado: es otro episodio de la violencia estructural que atraviesa la región Norte de Chiapas, donde los actos políticos, las disputas territoriales y el crimen organizado conviven con una normalidad que debería alarmarnos más de lo que lo hace. La pregunta no es solo quién disparó, sino por qué, en un estado donde la maquinaria de seguridad se despliega con tanta eficiencia para escoltar a un funcionario, resulta tan insuficiente para proteger a la gente que ese mismo funcionario dice representar.

¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS NECESITA CHIAPAS PARA QUE LA SEGURIDAD DEJE DE SER UN PRIVILEGIO DEL PODER Y SE CONVIERTA EN UN DERECHO DE LA GENTE?