COMUNICACIÓN SOCIAL: ENTRE EL DESPRECIO Y EL CONTROL

Chiapasenlamira.comEn el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, encabezada por José Luis Sánchez García, parece operar más como un aparato de dominio político y represalia selectiva, que como una instancia encargada de articular una estrategia institucional eficaz, profesional y con visión de Estado.Este pasado viernes, tras cinco largos meses de espera —más los meses de campaña del actual mandatario— finalmente se realizó un pago a algunos medios de comunicación por concepto de convenios publicitarios. Sin embargo, la sorpresa fue doble: además de aplicarse un recorte de hasta el 40 % del monto acordado, únicamente se cubrió el mes en curso. Los adeudos anteriores fueron ignorados por completo. En Comunicación Social, al parecer, también decidieron aplicar su versión del programa “borrón y cuenta nueva”, ese que tan bien les ha funcionado para simular “orden y justicia financiera”.El descontento en el gremio no se hizo esperar. No solo se incumplieron compromisos formales, también quedó claro que el trato hacia quienes no se alinean será frío, autoritario y sin espacio para el diálogo.La encargada de transmitir la “mala noticia” fue Esther Figueroa Meléndez, jefa de prensa, quien ante los reclamos respondió sin rodeos: “Es lo que hay. Si tienen algún problema, véanlo con José Luis Sánchez. Es una instrucción.” Así, con una indiferencia que ya parece institucionalizada, se cerró la puerta a cualquier intento de conciliación.Varios medios han solicitado audiencias con el gobernador, con la esperanza de que se corrija lo que consideran un atropello a su labor periodística y un ejercicio abusivo del poder. No se trata de una queja menor: los recursos que administra Comunicación Social no son propiedad del coordinador ni del gobierno en turno, son fondos públicos que deben asignarse con transparencia, imparcialidad y respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, se reparten como favores personales o mecanismos de presión.Lamentablemente, el guion es conocido. Durante el sexenio de Manuel Velasco Coello, los convenios también quedaron sin pagarse durante años. Los fondos desaparecieron sin justificación. Hoy, con Sánchez García nuevamente al frente, el patrón se repite: beneficiar a los medios afines y marginar a quienes no se someten.El malestar no es exclusivo del sector periodístico. Diversos titulares de dependencias estatales también han manifestado su inconformidad con la línea impuesta desde ICOSOyRP. La mayoría de los enlaces de prensa designados por Sánchez han demostrado escasa preparación técnica y ausencia de criterio estratégico. Más que desarrollar contenido de valor o construir campañas funcionales, se limitan a emitir boletines vacíos, frases altisonantes y una promoción oficial carente de sustancia.En una reciente reunión con Fernando Bermúdez Velasco, jefe de la Oficina de la Gubernatura, algunos funcionarios expresaron su inconformidad. La respuesta fue evasiva: “Véanlo con el gobernador.”Ante esta crisis institucional, varios secretarios han optado por relegar a los enlaces oficiales y delegar esas funciones a personas de confianza. El desorden, la opacidad y el autoritarismo en Comunicación Social no solo afectan la imagen pública del gobierno, sino que están generando un ambiente de desgaste y desconfianza dentro del propio gabinete.Como ejemplo del estilo impositivo y excluyente que impera en la oficina, se encuentra el caso reciente de un director de un medio en Tapachula que llamó para preguntar por los pagos pendientes. La respuesta de José Luis Sánchez fue tajante y despreciativa: “Espérate, ya saldrán los recursos. Si te gusta o no, tendrás que esperar.”¿Así se construye la comunicación de un gobierno que presume estar cerca del pueblo? ¿Ese es el trato que merecen los medios de comunicación y los propios funcionarios?A esto se suma una censura “sutil” pero constante en redes sociales, donde se ha instruido al personal de comunicación —y a otras áreas del gobierno— reportar y bloquear páginas críticas como Chiapas en la Mira. Una reacción inmadura, visceral y abusiva que desperdicia tiempo, recursos y capacidades humanas en silenciar voces, en lugar de entablar diálogo.El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar debe atender con seriedad lo que ocurre en la oficina de Comunicación Social. Porque no se trata solo de pagos pendientes o reducciones arbitrarias. Se trata de decisiones autoritarias que vulneran la libertad de expresión, atentan contra el derecho a la información y desacreditan el principio fundamental de que los recursos públicos deben responder al bien común, no a intereses personales o vendettas internas.Porque el verdadero enemigo de un gobierno no es la crítica,sino la sordera del poder.