CERTIFICADOS PARA MATAR: EL CONTROL DE CONFIANZA QUE DEJÓ PASAR A LOS VERDUGOS DE LEOPOLDO

LEOPOLDO GRITÓ «ME VAN A M4TAR» Y TENÍA RAZÓN: LA POLICÍA DE TEOPISCA LO CUMPLIÓ

Teopisca, Chiapas | 31 de agosto de 2026

Hay un video que esta redacción decidió no publicar, por respeto a una familia que ya sufrió suficiente. Pero lo que muestra sí se puede contar, y debe contarse: un hombre en la azotea de su propia casa, gritándole a su madre que le ayude porque cree que lo van a matar. No estaba exagerando. Horas después, Leopoldo Vera Gutiérrez, de 40 años, apareció muerto en los separos de la Policía Municipal de Teopisca.

Ese grito —»¡me van a matar!»— no fue el miedo de un hombre desesperado. Fue una premonición exacta de lo que le hicieron.

Porque lo que pasó después de esa azotea no fue una detención: fue un linchamiento con uniforme. Policías municipales y civiles le lanzaron piedras y botellas mientras intentaba defenderse. Y cuando alguien trató de grabarlo, no encontraron vergüenza, encontraron cómplices: golpearon cámaras, amedrentaron testigos, hicieron todo lo posible para que no quedara registro de lo que estaban a punto de hacerle a un hombre ya sometido.

Y lo hicieron. Según la información recabada, Leopoldo no fue llevado directo a la comandancia. Lo llevaron a otro sitio, donde presuntamente lo golpearon y lo torturaron, antes de que apareciera sin vida en los separos municipales. Eso no es «exceso en el uso de la fuerza», la frase cómoda con la que las autoridades suelen maquillar sus propios crímenes. Eso es tortura y homicidio bajo custodia del Estado.

Y como si la muerte de Leopoldo no fuera suficiente crueldad, después vino el segundo capítulo: el intento de silenciar a quienes podrían hablar. Hay denuncias de amenazas contra sus familiares y vecinos, de civiles recorriendo las calles en motocicletas y camionetas para intimidar a la comunidad. Cuando una corporación policial mata bajo custodia y después manda a amenazar testigos, ya no estamos hablando de un caso aislado de brutalidad: estamos hablando de un aparato que protege a sus verdugos.

Y en medio de todo esto, el silencio del alcalde Luis Alberto Valdez Díaz resulta insultante. Es su policía municipal, son sus separos, es su administración. No basta con esperar a que la Fiscalía haga su trabajo mientras él mira para otro lado. Un alcalde que calla ante la tortura y muerte de un detenido bajo su propia corporación no está siendo prudente: está siendo cómplice por omisión.

Pero hay algo detrás de este caso que también exige respuesta, y que va más allá de un solo municipio: ¿quién avaló a los elementos que hoy están señalados de torturar y matar a un hombre bajo custodia? Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo, es el responsable de coordinar la actuación de las policías municipales en todo el estado. Y José Alonso Llaven Villarreal, Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, es quien encabeza el organismo por el que —en teoría— deben pasar los exámenes de control y confianza de toda la policía estatal y municipal antes de portar un uniforme y un arma. Si los policías que participaron en esto ya habían sido «certificados» por ese filtro, entonces el examen no sirve para nada. Y si nunca fueron evaluados, la pregunta es aún más grave: ¿con qué criterio se contrata y se arma a quien va a cuidar a la ciudadanía? Un filtro que no filtra a gente capaz de torturar a un detenido no es un filtro, es una simulación que le cuesta vidas a familias como la de Leopoldo.

Tampoco se puede ignorar la sospecha que ya circula: que Leopoldo era hermano de un exfuncionario electoral que se habría distanciado del proyecto reeleccionista de Valdez Díaz. No está confirmado, y debe investigarse con rigor. Pero si esta muerte terminara teniendo un trasfondo político, entonces ya no hablaríamos solo de brutalidad policial: hablaríamos de un aparato municipal usado para eliminar disidencias. Y el alcalde tiene la obligación de despejar esa sospecha con hechos, no con silencio.

La Fiscalía General del Estado debe esclarecer qué ocurrió desde la detención hasta la muerte, identificar a cada participante —policía o civil— y castigar sin excepciones. Porque si esto queda impune, el mensaje para cualquier policía municipal de Chiapas será claro: pueden tortur4r y m4tar a un detenido, y no pasa nada.

Leopoldo pidió ayuda. Nadie lo ayudó. Ahora le toca al Estado demostrar que, al menos en la justicia, sí hay alguien escuchando.

¿VA A SEGUIR CALLADO LUIS ALBERTO VALDEZ DÍAZ MIENTRAS ÓSCAR ALBERTO APARICIO AVENDAÑO Y JOSÉ ALONSO LLAVEN VILLARREAL DEJAN PASAR A POLICÍAS CAPACES DE TORTURAR Y MATAR BAJO CUSTODIA?