«¡Arrodíllate!»: La brutal agresión en el Cobach 13 y el pacto de silencio que la cobija
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Chiapas En la Mira
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La violencia escolar no se resuelve con acuerdos entre sombras, sino con justicia.
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El video es claro, contundente, desgarrador: un estudiante del Cobach Plantel 13, Eduardo N., fue golpeado salvajemente dentro de las instalaciones ante la vista de todos. Son estremecedores no solo los puñetazos, los gritos o la crueldad del acto, sino la orden humillante que el agresor lanza entre golpes: «¡Arrodíllate!». Una frase que revela no solo la brutalidad física, sino el deseo de someter, de degradar, de ejercer poder a toda costa desde temprana edad.
Pero más grave que la agresión misma es la respuesta institucional —o mejor dicho, su ausencia—. Las autoridades callan, la Fiscalía aparentemente investiga entre murmullos de influencias, y el Cobach prefiere el “acuerdo” antes que la justicia. Y no es para menos, dadas las presuntas influencias de la madre del agresor.
¿Qué ha sucedido antes para llegar a esta violencia?
¿Qué modelo educativo, qué entorno familiar o político ha permitido que la violencia sea hoy la forma más común de relacionarse entre adolescentes?
¿Por qué las juventudes replican estas prácticas e incluso se graban?
¿Qué están haciendo las autoridades para atacar la raíz del problema?
¿Qué estamos haciendo como sociedad frente a esta normalización del abuso?
¿Y cómo se repara el daño cuando el daño ya está hecho?
La agresión que todos vieron, pero nadie castiga
El caso está documentado: la Fiscalía de Adolescentes abrió la carpeta de investigación (RA0031-101-2703-20254), pero los padres de la víctima denuncian que el proceso podría estar contaminado por tráfico de influencias. El agresor no es un estudiante cualquiera: es hijo de Wendy Lorena López Gochez, funcionaria de Protección Civil en Pantelhó, y se presume que su posición podría blindarlo de consecuencias reales.
El Cobach, dirigido por Miguel Prado de los Santos, solo emitió un comunicado frío, hablando de “acuerdos” y “conciliación” entre todas las partes. ¿Conciliación entre qué? ¿Entre la violencia y la impunidad? Ninguna institución educativa seria puede permitir que un acto de esta magnitud quede en un simple «acuerdo» en desigualdad de condiciones.
El silencio cómplice: «No difundan más, ya hay acuerdo»
La madre de Eduardo N. ha solicitado que el video deje de circular para proteger a su hijo. Es comprensible: el dolor de ver a un hijo humillado y golpeado es profundo. Sin embargo, ese silencio no puede traducirse en inacción institucional. Cabe mencionar que muchas veces se recurre al miedo desde el poder para proteger al agresor y perpetuar el control, preservando privilegios incluso ante la violencia ejercida contra los más vulnerables. Esto no puede ser normalizado.
Lo más preocupante es el mensaje que queda: “No habrá expulsión, no habrá consecuencias. Caso cerrado.” Así opera la impunidad. Así funciona en Chiapas.
¿Y las autoridades?
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, no se han pronunciado. Su silencio también habla. Mientras tanto, estudiantes y madres y padres de familia del Cobach y de todo el estado exigen respuestas.
Se conoce tanto de la Fiscalía como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hay justificaciones ante la ralentización de procesos con argumentos como: «A veces las partes llegan a un acuerdo económico que lo apacigua todo.» ¿Eso es justicia? ¿Ese es el mensaje institucional hacia las víctimas?
Lamentablemente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo puede intervenir formalmente si los padres del joven agredido presentan una denuncia. Y es comprensible que en un contexto donde predominan los acuerdos desde el privilegio y el uso del poder para proteger a los agresores, lo último que desee una familia es exponerse aún más o poner en mayor riesgo a su hijo. Esta limitación institucional revela la profunda vulnerabilidad en la que quedan muchas víctimas: sin respaldo real, atrapadas entre el miedo y la impunidad.
Un cierre que no puede ser el silencio
Este caso no debe ser minimizado ni resuelto en acuerdos de escritorio. La agresión cometida en el Cobach 13 no es un hecho aislado, sino parte de una realidad más amplia que refleja la normalización de la violencia, la protección institucional a los agresores y la ausencia de protocolos efectivos en las escuelas públicas.
Se trata de una oportunidad para que las autoridades educativas, judiciales actúen con seriedad, con firmeza y sin sesgos. El video no deja lugar a dudas: lo ocurrido amerita consecuencias claras, sanciones ejemplares y una revisión urgente de cómo se están gestionando los entornos escolares.
Porque la omisión y la simulación también son formas de violencia. Informar es visibilizar. Y en contextos como este, visibilizar es una necesidad para que la justicia no continúe siendo una promesa aplazada.
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