ARRIAGA: PATRINOS, REYNOL Y EL NEGOCIO DE LAS OBRAS QUE MERECE SER EXPLICADO

ARRIAGA: PATRINOS, REYNOL Y EL NEGOCIO DE LAS OBRAS QUE MERECE SER EXPLICADO

En Arriaga hay una pregunta que Alejandro Patrinos Fernández ya no debería responder con fotografías, inauguraciones ni publicaciones de Facebook:

¿QUIÉN CONTROLA REALMENTE LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y QUIÉNES ESTÁN HACIENDO NEGOCIO CON ELLA?

Porque cuando uno empieza a revisar nombres, el asunto deja de ser solamente chisme de pueblo.

Aparece Reynol Jiménez Palacios.

Y Reynol no es un desconocido ni alguien que llegó ayer al círculo de Patrinos.

Documentos públicos ya lo ubicaban como director de Obras Públicas durante la administración municipal 2015-2018 encabezada por Alejandro Patrinos.

Años después, cuando Patrinos regresó a la Presidencia Municipal, Reynol también regresó.

En diciembre de 2024 fue presentado nuevamente públicamente como director de Obras Públicas Municipales de Arriaga.

Hasta ahí podría tratarse simplemente de un funcionario de confianza que acompaña nuevamente al alcalde.

Pero hay otro dato que cambia por completo la dimensión del asunto.

En un contrato celebrado con la Comisión Federal de Electricidad en febrero de 2025, Reynol Jiménez Palacios aparece como administrador único de Grupo MKO Construcciones, S.A. de C.V.

Entonces la pregunta ya no es menor.

¿Cómo se concilia el ejercicio de la Dirección de Obras Públicas de un Ayuntamiento con la representación de una empresa constructora?

¿Qué actividades realiza esa empresa?

¿Ha participado en contratos públicos?

¿Ha contratado directa o indirectamente con Arriaga?

¿Ha participado en procedimientos relacionados con dependencias estatales, federales o municipales mientras Reynol ocupa un cargo público?

Eso es lo que debe transparentarse.

No se trata de condenar a nadie por tener una empresa.

Se trata de algo elemental: un funcionario encargado de Obras Públicas ocupa una posición desde la cual puede conocer proyectos, presupuestos, necesidades técnicas, procedimientos y contratistas.

Por eso cualquier vínculo empresarial relacionado con construcción merece absoluta transparencia.

Y Alejandro Patrinos lo sabe.

También debería recordar que su primera administración ya tuvo problemas con la fiscalización.

Una revisión correspondiente al ejercicio 2017 señaló más de 13 millones de pesos en obras y acciones no justificadas, de acuerdo con información publicada en su momento a partir de observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Entre ellas apareció una ampliación de red eléctrica en Emiliano Zapata que entonces fue señalada por no haber sido entregada a la Comisión Federal de Electricidad.

Es decir, la relación entre Patrinos, Obras Públicas y las cuentas pendientes no comenzó ayer.

Por eso sorprende que, en su regreso al Ayuntamiento, los ciudadanos tengan nuevamente que preguntar quién maneja la obra, quién ejecuta los contratos y quién termina beneficiándose.

También ha surgido repetidamente el nombre de Giovanni Aguilar López, a quien habitantes señalan como constructor cercano al gobierno municipal y como familiar político del entorno del alcalde.

Le corresponde al Ayuntamiento acabar con la especulación.

Que publique el padrón completo de contratistas.

Que informe qué empresas recibieron obra durante 2024, 2025 y 2026.

Que detalle contratos, montos, procedimientos de adjudicación y representantes legales.

Y que diga claramente si alguno mantiene parentesco con el alcalde, su esposa, integrantes del Cabildo o funcionarios de Obras Públicas.

No debería costarle trabajo.

Son documentos públicos.

Y existe otro antecedente que obliga a tomar en serio estos asuntos.

En Jiquipilas, la directora de Obras Públicas Guadalupe López Molina terminó bajo investigación penal por presunta extorsión agravada, dentro de un caso que alcanzó también a la entonces presidenta municipal. La Fiscalía informó sobre acciones legales y medios nacionales documentaron la existencia de una orden de aprehensión contra la funcionaria.

Lo ocurrido en Jiquipilas dejó una lección muy sencilla:

Obras Públicas no es una oficina cualquiera.

Por ahí pasan millones.

Por ahí pasan contratos.

Por ahí se decide qué empresa construye, cuánto cobra y qué obra se ejecuta.

Por eso nadie debería molestarse porque se pregunte quién manda ahí.

Al contrario.

Alejandro Patrinos tendría una oportunidad extraordinaria para demostrar que todo está limpio.

Que publique los contratos.

Que publique los nombres.

Que publique las empresas.

Que explique la situación empresarial de Reynol Jiménez Palacios y determine públicamente si existe algún conflicto de interés.

Y que transparente qué relación contractual mantiene el municipio, si existe alguna, con Giovanni Aguilar López o con empresas vinculadas a él.

Porque hay algo que los gobiernos municipales nunca terminan de entender:

la sospecha crece precisamente donde falta información.

Arriaga no necesita otro discurso sobre honestidad.

Necesita expedientes abiertos.

Porque cuando un director de Obras Públicas aparece también como administrador de una constructora, la pregunta ya no es malicia política.

ES FISCALIZACIÓN ELEMENTAL.

Y Alejandro Patrinos tiene la obligación de responder.