CAMINOS PARA EL BUEN VIVIR, EXPEDIENTES PARA NADIE

DE LA CURUL A LA CARRETERA: EL PREMIO DE ALEJANDRA GÓMEZ

El pasado 24 de agosto, mientras el Congreso de Chiapas todavía tenía fresca la sesión donde se entregó la medalla al mérito ambiental “Miguel Álvarez del Toro”, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, de Morena, dejó la Mesa Directiva de la 69 Legislatura para asumir la dirección de la Comisión Estatal de Caminos del gobierno de Chiapas. El propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar le tomó protesta esa misma tarde, y no escatimó elogios: dijo que Gómez venía de un gran papel al frente del Congreso, demostrando capacidad, liderazgo y compromiso con el estado. La narrativa oficial es impecable. La pregunta que a mí me interesa es otra: ¿qué significa, en términos reales, que alguien pase de fiscalizar al Ejecutivo —o al menos de ocupar un cargo donde debía hacerlo— a operar directamente su obra pública?

Vale la pena decir quién es. Alejandra Gómez es ingeniera civil con maestría, y había figurado entre las aspirantes a la candidatura para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. No es una improvisada técnicamente. Pero tampoco es una designación neutra: viene de presidir el órgano que, al menos en el papel, debe equilibrar al Poder Ejecutivo, y aterriza en un organismo que depende directamente de la voluntad del gobernador. Ramírez la exhortó a desempeñar el cargo con lealtad, honestidad y compromiso, privilegiando la transparencia y la entrega de resultados. Son las palabras de siempre. Lo que falta es saber si alguien las va a exigir con la misma insistencia con la que se repiten.

Y aquí es donde vale detenerse en qué es realmente la Comisión Estatal de Caminos, porque el nombre suena a trámite y no lo es. Se trata de un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, con patrimonio y personalidad jurídica propios, y con autonomía administrativa, presupuestal y financiera para planear, programar, presupuestar, construir, reconstruir, conservar y dar mantenimiento a la infraestructura carretera del estado. Es decir: maneja obra pública, contratos, presupuesto y personal técnico con relativa independencia formal del resto del gabinete. No es una dirección decorativa. Es, potencialmente, una de las bolsas de recursos más grandes del gobierno estatal.

Y sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora en la comunicación pública de Gómez Mendoza —y en la cobertura oficialista que la acompaña— es prácticamente puro ritual político: reuniones de cortesía con presidentes municipales, tomas de protesta, hashtags como #CaminosParaElBuenVivir y #ProsperidadCompartida, fotografías con autoridades ejidales, referencias a “los 13 municipios olvidados” que ahora sí serían atendidos. Es la gramática clásica del clientelismo institucional: cada camino se presenta como dádiva personal del gobernador y de su operadora, no como una obligación del Estado financiada con dinero público. Se anuncian inauguraciones —Rayón-Pantepec-San Isidro Las Banderas, el acceso al CECyTECh de Jitotol— pero no se publican costos, contratistas, plazos de ejecución ni el estado que guardan las licitaciones. Se dice “transparencia” en el discurso de toma de protesta y se practica la opacidad en los hechos.

No sobra recordar que este patrón no es nuevo ni exclusivo de Gómez: es el mismo molde con el que Morena en Chiapas ha ido reproduciendo viejas prácticas del priismo que dijo venir a desterrar —cuadros que rotan entre el Legislativo y el Ejecutivo según convenga, funcionarios que administran obra pública como capital político personal, y una comunicación institucional que privilegia la foto sobre el expediente. La pregunta no es si Alejandra Gómez sabe de ingeniería civil. La pregunta es si, al frente de un organismo con autonomía presupuestal y a cargo de millones de pesos en obra carretera, vamos a exigirle algo más que inauguraciones con banda de gobernador y consigna en mayúsculas.

¿DE VERDAD LOS CAMINOS DE CHIAPAS VAN A CONDUCIR A LA TRANSPARENCIA, O SOLO A LA SIGUIENTE FOTO DE CAMPAÑA?