EXTORSIÓN EN EL CERESO 13 DE TONALÁ: SERVANDO JAIMES RUIZ LLEGÓ HACE UN MES Y YA HAY FAMILIAS PAGANDO PARA QUE NO CASTIGUEN A SUS PRESOS

Tonalá, Chiapas | 31 de agosto de 2026Apenas 30 días. Eso es lo que tardó el nuevo director del CERESO 13 de Tonalá, Servando Jaimes Ruiz, en generar denuncias de cuotas, extorsión y trabajos forzados contra las familias de las personas privadas de la libertad. No hablamos de un problema heredado que está resolviendo: hablamos de un director que, según los testimonios recabados, llegó el 1 de agosto y desde entonces habría comenzado a exigir tazas, cubetas de pintura, puertas, accesorios de baño y dinero en efectivo —hasta más de 15 mil pesos por interno— a cambio de un trato mínimamente humano para sus familiares presos.

Y quien no puede pagar esa cuota, según las denuncias, no queda exento: es puesto a trabajar como castigo. Eso tiene nombre en cualquier marco de derechos humanos: trabajo forzado. Y si se confirma que se está utilizando como forma de presión o represalia contra quien no tiene dinero, no estamos hablando de una irregularidad administrativa, estamos hablando de un delito cometido desde una institución del Estado, contra personas que ya están bajo su custodia y su responsabilidad absoluta.

Servando Jaimes Ruiz no puede esconderse detrás del anonimato de quienes lo denuncian. Si las cuotas que se le atribuyen son falsas, tiene la obligación de desmentirlas con documentos: comprobantes, actas, registros de ingresos, lo que sea necesario para demostrar que ninguna familia está pagando por evitar el castigo de un ser querido. Pero mientras ese director guarde silencio, la sospecha crece, y con razón: porque el CERESO 13 de Tonalá no llega limpio a este episodio. Este mismo centro ya había sido señalado en el pasado por cobros irregulares, extorsión y abuso de autoridad contra internos y sus familias, bajo otra dirección. Que el patrón se repita, con un director nuevo, en menos de un mes, no es casualidad: es evidencia de que en esta institución la extorsión no depende de quién esté a cargo, es la forma en que opera el sistema.

Y aquí es donde el silencio deja de ser solo de Jaimes Ruiz y se convierte en responsabilidad directa de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo. Es su dependencia la que nombra a los directores de los centros penitenciarios, la que debería supervisar cada peso que entra y sale de un CERESO, la que tiene la obligación legal de garantizar que ningún interno ni su familia sean sometidos a extorsión bajo custodia del Estado. Si Aparicio Avendaño no sabía lo que estaba pasando en Tonalá, es un secretario que no supervisa sus propios penales. Y si lo sabía y no ha actuado, entonces es cómplice de un esquema de extorsión que opera bajo su firma.

No hay margen para la ambigüedad aquí. O Aparicio Avendaño ordena una investigación real, con auditoría financiera, entrevistas protegidas a las familias denunciantes y consecuencias inmediatas para Servando Jaimes Ruiz si se confirman los hechos, o su silencio quedará como una decisión política de proteger a un director acusado de extorsionar a las familias más vulnerables del sistema penitenciario chiapaneco.

Las familias de los internos ya viven la condena de tener a un ser querido preso. No tienen por qué, además, pagar cuotas para que no lo castiguen con trabajos forzados.

¿VA A ACTUAR ÓSCAR ALBERTO APARICIO AVENDAÑO CONTRA SERVANDO JAIMES RUIZ, O VA A DEJAR QUE LA EXTORSIÓN SIGA OPERANDO EN EL CERESO 13 DE TONALÁ?