CASI CINCO MESES PRESO POR GRABAR: EL CASO VICENTE ÁNGEL Y LAS PREGUNTAS QUE EL PODER NO HA RESPONDIDO

Motozintla, Chiapas | 2 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

Vicente Ángel Cortés Roblero está por cumplir cinco meses privado de la libertad. Su familia sostiene que no participó en un desalojo, no derribó árboles ni intentó apropiarse de terreno alguno. Iba rumbo a su trabajo, encontró un operativo y decidió grabarlo para la página de Facebook Estamos al Día.

Ese acto le cambió la vida.

También se la cambió a su esposa, a sus dos hijos, de cuatro y seis años, y a su madre, ElisaVila Roblero Escalante, quien ha tenido que convertir su dolor en denuncia pública para pedir que el caso sea revisado.

De acuerdo con su testimonio, Vicente Ángel fue detenido la mañana del 10 de marzo por elementos de la Policía Municipal de Motozintla y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, mientras documentaba el operativo realizado cerca de la ribera del río.

La familia afirma que la detención ocurrió aproximadamente a las 7:21 de la mañana, pero que fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta cerca de las 6 de la tarde.

Son casi once horas que no pueden reducirse a un simple detalle administrativo.

¿Dónde estuvo Vicente Ángel durante ese tiempo?

¿Bajo la custodia de qué corporación permaneció?

¿Qué actuaciones se realizaron antes de entregarlo al Ministerio Público?

¿Quién puede acreditar, minuto a minuto, lo ocurrido desde su detención hasta su puesta a disposición?

La autoridad está obligada a responder. Cuando una persona es detenida, el tiempo, la forma y las condiciones de su traslado importan. No son formalidades prescindibles. Son garantías destinadas a impedir abusos, incomunicación y actuaciones fuera del control legal.

También existe una contradicción que debe aclararse.

Según la familia, inicialmente Vicente Ángel fue señalado por ecocidio, pero posteriormente fue vinculado por despojo agravado.

¿Qué árbol taló?

¿Qué daño ambiental provocó?

¿Qué inmueble ocupó?

¿Qué propiedad despojó?

¿Qué conducta concreta realizó, además de encontrarse en el lugar y grabar con un teléfono?

La responsabilidad penal es individual. No basta estar cerca de un operativo, conocer a alguna de las personas presentes o documentar lo que ocurre para convertir a alguien en responsable de todos los hechos registrados en ese lugar.

El Ministerio Público debe demostrar qué hizo Vicente Ángel, no limitarse a señalar dónde estaba.

Desde una perspectiva jurídica, la prisión durante un proceso no debe convertirse en una pena anticipada. Mantener a una persona privada de la libertad exige datos concretos, pruebas suficientes y una imputación individualizada. No puede sostenerse únicamente en interpretaciones generales, informes ambiguos o en el hecho de que alguien haya estado presente durante un conflicto.

Grabar no es despojar.

Documentar un operativo no es cometer ecocidio.

Y presenciar una acción policial no convierte automáticamente a una persona en participante de un delito.

Por eso resulta indispensable revisar la intervención de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

El caso alcanza directamente al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, responsable político e institucional de la estrategia de seguridad estatal y de las corporaciones que actúan bajo esa estructura.

Si elementos de la Fuerza Pakal participaron en la detención, como sostiene la familia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo debe informar cuál fue su intervención, qué orden recibieron, quién estuvo al mando del operativo, bajo qué fundamento actuaron y qué documentos respaldan su actuación.

No basta presentar a la Fuerza Pakal como una corporación de reacción contra delitos de alto impacto. Precisamente por el poder operativo, el armamento, la capacidad de despliegue y las facultades que posee, sus elementos deben estar sometidos a una vigilancia todavía más estricta.

Una corporación fuerte no es aquella que evita dar explicaciones.

Es aquella que puede demostrar que cada intervención se realizó conforme a derecho.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño no puede limitarse a guardar distancia frente al caso. Como secretario de Seguridad del Pueblo, debe transparentar qué participación tuvo la Fuerza Pakal en la detención de Vicente Ángel y si sus elementos cumplieron con los protocolos legales.

El silencio institucional no protege a la corporación. Solo incrementa las sospechas.

La responsabilidad también alcanza al presidente municipal de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral.

La Policía Municipal pertenece a una estructura bajo la conducción administrativa y política del Ayuntamiento. El alcalde debe explicar qué elementos participaron, quién les dio instrucciones, qué informe rindieron y por qué una persona que, según su familia, únicamente grababa el operativo terminó detenida.

No se le está pidiendo al presidente municipal que sustituya a un juez ni que determine la culpabilidad o inocencia de Vicente Ángel.

Se le exige responder por la actuación de la policía bajo su gobierno.

Alfonso Meza Pivaral tampoco puede tratar este caso como un problema ajeno. La detención ocurrió en su municipio y participaron elementos de una corporación municipal que forma parte de su administración.

La rendición de cuentas no termina cuando una persona es entregada al Ministerio Público.

Comienza desde el momento en que un policía decide detenerla.

Mientras las autoridades evitan responder, la condena ya se está cumpliendo en casa.

La esposa de Vicente Ángel enfrenta sola las responsabilidades familiares. Sus hijos, de cuatro y seis años, llevan casi cinco meses sin la presencia cotidiana de su padre. Son niños que no entienden de tipos penales, expedientes ni discursos institucionales. Solo saben que su padre no ha regresado.

Cada día de prisión también pesa sobre ellos.

Cada audiencia aplazada, cada explicación incompleta y cada autoridad que decide guardar silencio prolongan la ausencia.

Y está su madre.

ElisaVila Roblero Escalante regresó al lugar donde su hijo fue detenido para grabar un mensaje. No acudió con lenguaje jurídico ni con discursos preparados. Llegó con las preguntas elementales de una madre que no entiende por qué su hijo sigue encerrado.

¿Qué árbol cortó?

¿Qué propiedad despojó?

¿Qué prueba existe contra él?

Una madre no debería suplicar públicamente para que el Estado haga lo que está obligado a hacer: investigar con legalidad, explicar sus decisiones y garantizar un proceso justo.

Tampoco debería tener que exhibir su dolor para conseguir que las autoridades volteen a ver un expediente.

El caso de Vicente Ángel no se resuelve con comunicados ni con el silencio de quienes participaron en el operativo. Se resuelve revisando la legalidad de la detención, la actuación de la Policía Municipal, la intervención de la Fuerza Pakal, el tiempo transcurrido antes de su puesta a disposición y las pruebas que el Ministerio Público presentó para sostener la acusación.

Si existen elementos sólidos de que Vicente Ángel participó en un despojo, deben ser expuestos y acreditados.

Pero si fue detenido por encontrarse en el lugar y grabar, entonces su encarcelamiento representa algo más grave: el uso de la fuerza pública contra quien documenta un acto de autoridad.

Una sociedad democrática no puede normalizar que sacar un teléfono para grabar termine en meses de prisión.

Mucho menos puede aceptar que las corporaciones involucradas se escondan detrás de la falta de información.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar debe ordenar una revisión seria del caso. Óscar Alberto Aparicio Avendaño debe aclarar la actuación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Alfonso Meza Pivaral debe responder por la Policía Municipal de Motozintla. Y el Ministerio Público debe explicar con pruebas qué conducta concreta atribuye a Vicente Ángel.

La familia no pide privilegios.

Pide justicia.

Pide que se investigue sin fabricar responsabilidades.

Pide que dos niños recuperen a su padre si no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.

Vicente Ángel está por cumplir cinco meses lejos de su casa.

Cinco meses en los que el poder ha tenido tiempo suficiente para explicar qué hizo, qué despojó y por qué fue detenido.

Hasta ahora, las preguntas siguen abiertas.

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS TENDRÁN QUE ESPERAR SUS HIJOS MIENTRAS EL MINISTERIO PÚBLICO, ALFONSO MEZA PIVARAL Y ÓSCAR ALBERTO APARICIO AVENDAÑO EVITAN DAR UNA EXPLICACIÓN CLARA SOBRE LA DETENCIÓN Y LAS PRUEBAS CONTRA VICENTE ÁNGEL?