ARTESANAS DENUNCIAN DEUDA DE 600 MIL PESOS TRAS CINCO AÑOS

CINCO AÑOS DE ESPERA: CUANDO EL TRABAJO ARTESANAL SE ENTREGA, PERO EL PAGO NO LLEGA

Catorce artesanas señalan que llevan aproximadamente cinco años esperando el pago de trabajos y productos que, de acuerdo con sus testimonios, fueron elaborados y entregados conforme a lo solicitado.

El monto reclamado no es menor: cerca de 600 mil pesos.

El nombre señalado por las denunciantes es el de Alberto López Gómez, a quien atribuyen la responsabilidad de un adeudo que, aseguran, continúa pendiente pese al tiempo transcurrido, las solicitudes de pago y los intentos por encontrar una solución.

No se trata únicamente de una diferencia comercial. Tampoco de un retraso de algunos días o de una confusión administrativa que pueda justificarse con facilidad. Estamos hablando de cinco años y de 14 mujeres que afirman haber cumplido con su parte del acuerdo.

Y cuando una persona entrega un trabajo, lo mínimo que espera es recibir el pago convenido.

NO SON PIEZAS: SON HORAS DE TRABAJO Y SUSTENTO FAMILIAR

Detrás de cada prenda artesanal existen horas de bordado, compra de materiales, traslados, alimentación, cuidado de hijas e hijos y jornadas que muchas veces comienzan antes de que salga el sol.

La artesanía no aparece por arte de magia en un aparador, una pasarela o una fotografía promocional. Es resultado de conocimientos heredados, paciencia, técnica y trabajo físico.

Por eso, cuando una artesana no recibe su pago, la afectación no termina en una cifra escrita en una libreta.

Ese dinero representa comida, medicamentos, transporte, educación y las necesidades cotidianas de familias completas.

Quienes comercializan, promueven o utilizan el trabajo artesanal no deberían olvidar que detrás de cada producto existe una persona. No una fábrica anónima. No una máquina. No una mercancía sin historia.

CINCO AÑOS NO PUEDEN CONSIDERARSE UN RETRASO NORMAL

Las denunciantes aseguran que han buscado una respuesta durante años. Han solicitado el cumplimiento de los compromisos económicos y han esperado una solución que, hasta ahora, no habría llegado de manera completa.

Cinco años son suficientes para pedir explicaciones claras.

¿Por qué no se ha cubierto el pago?

¿Dónde quedó el dinero obtenido por las piezas entregadas?

¿Existen comprobantes, contratos, recibos o registros que permitan aclarar el destino de esos productos?

¿Hay una propuesta formal y verificable para liquidar el adeudo?

Estas preguntas no pueden responderse con silencio, evasivas o nuevas promesas.

Cuando una deuda involucra a 14 mujeres y alcanza una cantidad cercana a los 600 mil pesos, la persona señalada tiene la responsabilidad pública de explicar su versión, mostrar documentos y establecer, en su caso, un mecanismo real de pago.

LA DESIGUALDAD TAMBIÉN SE REFLEJA EN QUIÉN PUEDE ESPERAR

En muchos casos, quienes producen artesanías ocupan la parte más vulnerable de la cadena comercial.

Otros promocionan las piezas, aparecen en eventos, obtienen reconocimiento público o construyen una imagen alrededor de la cultura indígena. Sin embargo, las mujeres que realizaron el trabajo pueden terminar esperando meses o años para cobrar.

Esa desigualdad debe señalarse.

No basta con utilizar discursos sobre identidad, tradición, cultura y orgullo de los pueblos originarios. El respeto verdadero comienza pagando de manera justa y puntual a quienes elaboran las prendas.

La cultura no debe convertirse en una herramienta de promoción personal mientras las productoras permanecen sin recibir lo que les corresponde.

LAS ARTESANAS NO PIDEN CARIDAD

Las mujeres involucradas han sido claras: no están solicitando un apoyo gubernamental, una donación o un favor.

Están reclamando el pago de productos que aseguran haber elaborado y entregado.

Pedir que se cubra una deuda no es atacar a nadie. Tampoco es difamación cuando se presentan testimonios, documentos y registros que deben ser investigados y contrastados.

Hacer pública una denuncia puede ser el último recurso de personas que ya agotaron las conversaciones privadas y las promesas informales.

Si durante cinco años no hubo una solución definitiva, resulta comprensible que las afectadas decidan llevar el caso ante la opinión pública.

EL SILENCIO TAMBIÉN TIENE CONSECUENCIAS

Ante un señalamiento de esta magnitud, guardar silencio no ayuda a aclarar los hechos.

Alberto López Gómez tiene derecho a responder, presentar documentación, explicar las condiciones de los acuerdos y señalar si existe alguna información que no haya sido considerada por las denunciantes.

Ese derecho de réplica permanece abierto.

Pero las artesanas también tienen derecho a ser escuchadas.

Y la sociedad tiene derecho a conocer cómo se realizan las operaciones comerciales que involucran productos artesanales, especialmente cuando existen señalamientos de pagos pendientes durante varios años.

LA EXIGENCIA ES SIMPLE: TRANSPARENCIA Y PAGO

Este caso podría resolverse con acciones concretas.

Primero, mediante una revisión documentada de cada prenda entregada, su valor y los pagos realizados.

Segundo, con la presentación de un estado de cuenta detallado para cada artesana.

Tercero, con un calendario de pagos serio, firmado y verificable, en caso de que el adeudo sea reconocido.

Y cuarto, mediante el cumplimiento de dichos acuerdos sin nuevas postergaciones.

Lo que ya no resulta aceptable es prolongar indefinidamente la incertidumbre.

NO HAY DEFENSA DE LA CULTURA SIN RESPETO A QUIENES LA CREAN

Las prendas tradicionales suelen utilizarse como símbolos de identidad, orgullo y representación de Chiapas. Pero esos símbolos pierden toda coherencia cuando quienes los producen denuncian que no han recibido su pago.

No se puede hablar de dignidad cultural mientras se ignora la dignidad económica de las artesanas.

No se puede presumir el trabajo de las comunidades mientras las productoras esperan una respuesta.

No se puede convertir la identidad indígena en una marca personal y, al mismo tiempo, dejar pendientes compromisos con quienes realizaron las piezas.

Este caso merece ser esclarecido.

Las artesanas exigen justicia, pero también algo mucho más básico: recibir el dinero correspondiente a su trabajo.

Después de cinco años, la exigencia no es exagerada.

Lo verdaderamente cuestionable sería pedirles que continúen esperando.