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Al cumplirse un mes desde que Eduardo Ramírez Aguilar asumió la gubernatura de Chiapas, el estado ha sido testigo de una serie de operativos de alto impacto en materia de seguridad, llevados a cabo principalmente por el grupo de reacción inmediata PAKAL. Estos operativos, que han incluido detenciones, cateos, aseguramiento de sustancias ilícitas y vehículos, así como la localización de fosas clandestinas, marcan un inicio claro en la lucha contra la delincuencia organizada y los crímenes que han aquejado a la entidad.

Uno de los casos más emblemáticos fue la captura de varios policías municipales en Comitán de Domínguez, vinculados con actividades ilícitas, lo que subraya un aspecto delicado de la seguridad en Chiapas: la infiltración de estructuras criminales dentro de las mismas instituciones encargadas de la protección pública.

Esta detención, junto con el aseguramiento de vehículos de lujo y monstruos, es solo una parte de los resultados que el gobierno de Ramírez Aguilar ha mostrado en sus primeros 30 días.

Sin embargo, otro de los eventos significativos que ha marcado este mes de gobierno fue la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, quien se encuentra involucrado en investigaciones relacionadas con desaparición de personas y homicidio, según las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado. Esta detención no solo sacudió el ámbito político del estado, sino que también expuso las graves redes de criminalidad y corrupción que se extienden hasta los niveles más altos de la administración local.

La captura de Villatoro es un claro mensaje de que el nuevo gobierno no está dispuesto a tolerar la impunidad, aunque la verdadera prueba será cómo se gestionan los procesos judiciales y si la justicia llega a todas las víctimas.

Pero el trabajo de PAKAL no se limita solo a la detención de individuos o el aseguramiento de bienes. En diciembre se localizó al menos 25 fosas clandestinas con 31 cuerpos, una alarmante cifra que deja claro el desafío que enfrenta el gobierno estatal en materia de justicia y derechos humanos. Además, el hallazgo de restos humanos en Suchiate pone en evidencia la persistente violencia en la región fronteriza, que se ve agravada por la actividad de bandas criminales que operan tanto a nivel local como internacional.

La desactivación de cámaras de videovigilancia en Frontera Hidalgo y Suchiate también refleja un esfuerzo por neutralizar los medios con los que los delincuentes operan impunemente. A través de estas acciones, la administración estatal busca desmantelar los mecanismos de control que estos grupos han utilizado para realizar actividades ilícitas, como el cobro de piso y tráfico de personas.

Lo logrado en este primer mes es un paso importante, pero también es necesario destacar que el trabajo del gobernador no termina con los operativos. Los ciudadanos esperan ver resultados tangibles, no solo en términos de detenciones, sino también en la reconstrucción de un tejido social que permita que la seguridad, la justicia y el bienestar sean una realidad cotidiana en todo Chiapas.

Si bien el panorama sigue siendo complejo, con nuevos casos de inseguridad y violencia, las medidas implementadas hasta ahora son un primer indicio de un gobierno decidido a enfrentar los grandes retos que su administración heredó. Sin embargo, el futuro está marcado por la necesidad de consolidar estos esfuerzos, garantizar el respeto a los derechos humanos y seguir combatiendo la corrupción dentro de las instituciones.

Eduardo Ramírez Aguilar se enfrenta a un desafío monumental, pero en estos primeros 30 días ha demostrado que está dispuesto a tomar decisiones firmes.

La pregunta ahora es: ¿será capaz de mantener la presión sobre los grupos criminales y continuar con el fortalecimiento de la seguridad en todo el estado?

La respuesta dependerá de la continuidad de los operativos y de la colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, elementos esenciales para lograr la paz y la justicia en Chiapas.