TRABAJADORES DENUNCIAN ABUSOS Y OPACIDAD EN PAGOS Y RECURSOS EN EL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

Chiapasenlamira.comTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 16 de enero de 2026

Este último grupo —por temor a perder la continuidad de su empleo— asegura que ha tolerado irregularidades en sus percepciones salariales.

Trabajadores del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC) denunciaron una serie de abusos laborales al interior de la dependencia, entre ellos la falta de pagos complementarios tanto a personal despedido como a personal de confianza.

Las preguntas que surgen son inevitables: ¿Quién audita estos movimientos?¿Quién valida las diferencias entre los montos timbrados oficialmente y lo que finalmente se dispersa al personal?Si en la nómina de la Secretaría de Finanzas cada trabajador tiene un salario asignado y, en su caso, una compensación (complementaria) autorizada, resulta indispensable esclarecer por qué existirían discrepancias entre los comprobantes fiscales emitidos desde plataformas oficiales y los montos que presuntamente pretende reconocer la Unidad de Apoyo Administrativo del propio Sistema.

De acuerdo con los denunciantes, no se trata de un señalamiento aislado. Aseguran que estas irregularidades ya han sido expuestas con anterioridad y que existe conocimiento institucional por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin que hasta ahora se conozcan públicamente resultados de una revisión de fondo.Los trabajadores señalan que la raíz de muchos de estos abusos estaría vinculada a la concentración de poder en Soledad Gabriela Aguilar Aguilera, jefa del Área de Recursos Humanos y señalada como sobrina del director general Mario Escobar Gálvez.

De acuerdo con los testimonios, Aguilar Aguilera no solo dirige Recursos Humanos, sino que también tendría influencia operativa sobre áreas estratégicas como Recursos Financieros y Planeación, configurando en los hechos una concentración de decisiones sin contrapesos claros.

Los propios trabajadores refieren que esta situación se vería favorecida por una supervisión jerárquica débil o intermitente.Entre los señalamientos internos también figura el manejo de una máquina dispensadora de botanas y bebidas, propiedad de la jefa de Recursos Humanos, que originalmente se encontraba en un pasillo de área común y que habría sido reubicada en un espacio cercano a su oficina.

Los trabajadores cuestionan si existe algún reglamento que avale actividades comerciales dentro del inmueble público y quién supervisa el uso de los espacios institucionales para fines distintos a los operativos.Asimismo, se menciona la participación familiar de la jefa de Recursos humanos en adausiines y contestaciones de servicios, lo que podría configurar un posible conflicto de interés que amerita revisión administrativa.Otras inquietudes también emergen y apuntan directamente al ámbito de influencia de Soledad Gabriela Aguilar Aguilera.

Trabajadores señalan que comienzan a percibirse dinámicas no claras en torno a servicios de maquillaje, peinado, vestuario y posibles vínculos con proveedores, áreas especialmente sensibles por el manejo de recursos, patrocinios y relaciones externas.

De acuerdo con los testimonios, el personal de estas áreas no solo enfrenta las exigencias propias de la producción y de las figuras de conducción, sino ahora también dinámicas que —según su percepción)— no corresponden a funciones institucionales claras, generando confusión sobre quién autoriza, quién supervisa y con qué criterios se toman ciertas decisiones.

Las preguntas vuelven a imponerse: ¿Existen acuerdos comerciales o patrocinios no transparentados?¿Se están utilizando espacios, relaciones laborales o influencia administrativa para facilitar beneficios ajenos a la función pública?¿Quién audita estos posibles movimientos?¿Por qué el personal percibe que debe tolerar prácticas que no forman parte de su trabajo institucional?Para los denunciantes, la preocupación no se limita a un hecho aislado, sino a un patrón de uso discrecional de una posición administrativa clave, donde la línea entre lo público y lo privado comienza a diluirse. No se trata de prejuzgar, sino de exigir que cualquier relación comercial, patrocinio o prestación de servicios vinculada al funcionamiento del SCHRTyC sea plenamente transparente, documentada y sujeta a control institucional.

En una dependencia financiada con recursos públicos, incluso la apariencia de beneficio personal, intermediación irregular o aprovechamiento de infraestructura institucional amerita revisión inmediata, auditoría y rendición de cuentas, particularmente cuando los señalamientos apuntan de manera reiterada hacia la jefatura de Recursos Humanos.Finalmente, trabajadores advierten un deterioro preocupante del clima laboral: prácticas de subordinación excesiva, conductas dóciles normalizadas y dinámicas que consideran denigrantes para el ejercicio del servicio público.

Estas conductas no solo erosionan la dignidad laboral, sino que proyectan una imagen institucional debilitada y profundizan una dinámica interna que —lejos de corregirse— parece agravarse.

👉🏻 ¿Usted qué opina?¿Deben auditarse de inmediato estas prácticas internas y transparentarse los procesos administrativos del Sistema Chiapaneco?

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