JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS: PERDIÓ LA CANDIDATURA, PERO “EL GRUPO DE LOS GORDOS” CONSERVÓ EL PODER

JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS: DEL BIENESTAR AL CONTROL TERRITORIAL, EL PODER QUE CRECIÓ SIN GANAR LA GUBERNATURA

COLUMNA DE OPINIÓN | CHIAPAS EN LA MIRA

Chiapas | 15 de agosto de 2026
@ChiapasEnLaMira

José Antonio Aguilar Castillejos no gobierna Chiapas.

No preside Morena en el estado.

No ocupa actualmente una curul.

Tampoco obtuvo la candidatura a gobernador que buscó en 2023.

Sin embargo, su nombre vuelve a aparecer detrás de operadores, coordinadores, funcionarios y estructuras territoriales que comienzan a moverse rumbo a las elecciones de 2027.

Ese es precisamente el tamaño de su poder.

No necesita encabezar una institución estatal para influir dentro de ella.

Le basta con conservar relaciones, colocar personas cercanas y mantenerse en una posición federal desde la que pasan decisiones, interlocuciones y recursos destinados al desarrollo regional.

Aguilar Castillejos sobrevivió a la derrota interna, dejó la llamada superdelegación, ocupó temporalmente un escaño en el Senado y regresó a la Secretaría de Bienestar como director general de Desarrollo Regional.

No llegó tan lejos por ganar elecciones propias.

Llegó por cercanía, estructura, suplencias y permanencia.

EL HOMBRE QUE APRENDIÓ A VIVIR CERCA DEL PODER

Su trayectoria política está ligada a Morena desde sus primeros años.

El Sistema de Información Legislativa lo identifica como fundador del partido, candidato a presidente municipal, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, presidente del Consejo Político Estatal y dirigente estatal de Morena.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, Aguilar Castillejos fue designado delegado federal de los Programas para el Desarrollo en Chiapas.

El cargo no era menor.

Desde esa oficina se coordinaba la presencia territorial de los programas sociales más importantes del Gobierno federal: pensiones, becas, apoyos productivos y censos de beneficiarios.

Era una posición con acceso a comunidades, autoridades municipales, servidores de la nación y padrones relacionados con programas que llegaban a miles de familias.

Mientras Morena aseguraba que los apoyos se entregarían sin intermediarios, el superdelegado se convertía en uno de los interlocutores políticos más poderosos del estado.

Aguilar Castillejos ocupó esa responsabilidad desde 2018 hasta septiembre de 2023, cuando dejó el cargo para participar en el proceso interno por la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas.

No ganó.

Eduardo Ramírez Aguilar se quedó con la candidatura y posteriormente con la gubernatura.

Pero la derrota no expulsó a Aguilar Castillejos del poder.

Lo reacomodó.

BERTHA LUJÁN Y UNA VIEJA DISPUTA POR EL CONTROL DE MORENA

La disputa interna no comenzó rumbo a 2027.

Una versión publicada en noviembre de 2024 señala que Aguilar Castillejos, Ciro Sales Ruiz y Marcelo Toledo Cruz habrían roto políticamente con Bertha Luján Uranga, entonces figura central del Consejo Nacional de Morena y madre de la actual dirigente nacional, Luisa María Alcalde.

La publicación sostiene que durante una visita de Luján a Chiapas ese grupo intentó debilitar su operación y terminó alineándose con Mario Delgado en la disputa nacional por la conducción del partido.

Pero sí exhibe algo que ha acompañado durante años al grupo de Aguilar Castillejos: la disputa por controlar órganos, candidaturas y estructuras territoriales.

No era solamente una confrontación ideológica.

Era una pelea por saber quién decidía en Morena Chiapas.

Y esa pelea continúa.

En los pasillos políticos, este círculo ha sido llamado, “el grupo de los gordos”.

El sobrenombre podrá parecer anecdótico, pero la estructura que representa no lo es.

Detrás de la etiqueta aparecen nombres, cargos, relaciones y una disputa real por controlar posiciones dentro del partido.

2021: CANDIDATURAS IMPUGNADAS Y ACUSACIONES DE IMPOSICIÓN

En 2021, el proceso de selección de candidaturas de Morena en Chiapas terminó envuelto en inconformidades.

La Jornada informó que militantes impugnaron al menos 90 de las 123 candidaturas municipales. Los inconformes acusaron a Ciro Sales, entonces dirigente estatal; a José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal; y a otros actores políticos de “manosear” el proceso e imponer aspirantes.

Proceso también documentó protestas de militantes que denunciaron imposiciones dentro de Morena.

Desde entonces circuló una acusación todavía más grave: la presunta venta de candidaturas.

La acusación existe políticamente.

La prueba pública definitiva, hasta ahora, no aparece.

Por eso la pregunta correcta no es afirmar que las candidaturas fueron vendidas, sino exigir que Morena explique cómo fueron seleccionadas, quién intervino, qué encuestas se realizaron y por qué decenas de militantes denunciaron imposiciones.

Cuando un partido esconde sus procedimientos, convierte el rumor en la única explicación disponible.

Y cuando los mismos personajes aparecen repetidamente alrededor de las candidaturas, las posiciones legislativas y las estructuras territoriales, la sospecha deja de ser un accidente.

Se convierte en una consecuencia de la opacidad.

SENADOR POR SUPLENCIA, NO POR UNA VICTORIA PROPIA

Aguilar Castillejos llegó al Senado en febrero de 2024, después de que Eduardo Ramírez solicitara licencia para competir por la gubernatura.

La ficha legislativa es clara: Aguilar Castillejos era suplente de Ramírez dentro de la fórmula electa en 2018.

Su paso por la Cámara alta fue breve.

Participó como secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y como integrante de las comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, Seguridad Social, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Pero conviene colocar el episodio en su justa dimensión.

No construyó una candidatura propia al Senado.

No ganó una elección encabezando una fórmula.

Ocupó el escaño que dejó libre el político que después se convertiría en gobernador.

La suplencia confirma una constante en su trayectoria: Aguilar Castillejos ha sabido mantenerse cerca de quienes toman las decisiones.

Cuando una puerta electoral se cierra, otra puerta institucional se abre.

DE REGRESO A BIENESTAR Y CERCA DEL DESARROLLO REGIONAL

Actualmente, Aguilar Castillejos es director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar federal.

El cargo lo coloca dentro de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de políticas vinculadas con pueblos indígenas y afromexicanos.

Ha participado en actos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores, la secretaria Ariadna Montiel, autoridades municipales y representantes comunitarios.

Ya no administra solamente una delegación estatal.

Ahora ocupa una dirección de alcance nacional relacionada con recursos destinados a agua, drenaje, electrificación, caminos, salud, educación y mejoramiento de vivienda.

Esa posición fortalece su interlocución con autoridades federales, estatales y municipales.

También vuelve indispensable una separación estricta entre su responsabilidad institucional y su grupo político en Chiapas.

Porque quien participa en la coordinación de políticas de desarrollo regional no debería utilizar esa cercanía, información o interlocución para construir candidaturas.

La pregunta no es si tiene derecho a participar en Morena.

La pregunta es hasta dónde llegan los recursos públicos y dónde comienza su estructura personal.

ALEJANDRA GÓMEZ: DE LA CERCANÍA POLÍTICA A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO

Uno de los nombres asociados públicamente con Aguilar Castillejos es el de Alejandra Gómez Mendoza.

Actualmente ocupa la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, cargo confirmado por el directorio oficial del Poder Legislativo.

Su relación política con Aguilar Castillejos no es una invención surgida de rumores aislados. Existen reuniones y publicaciones públicas en las que aparece junto con él y otros integrantes de su círculo, como Marcelo Toledo.

Pero la cercanía existe y debe analizarse políticamente.

Alejandra Gómez llegó a una posición que le permite conducir las sesiones del Congreso, representar institucionalmente al Poder Legislativo y participar en decisiones relevantes sobre la agenda parlamentaria.

Por eso debe responder con autonomía.

La Presidencia de la Mesa Directiva no puede funcionar como prolongación de ningún grupo, ni del gobernador, ni de Morena, ni de Aguilar Castillejos.

Si llegó por méritos propios, debe demostrarlo con independencia legislativa.

Si llegó como parte de un acuerdo de grupos, el Congreso terminará exhibiendo quién cobra políticamente cada nombramiento.

Porque una cosa es ocupar la Presidencia del Congreso y otra muy distinta ejercerla sin tener que voltear a preguntar qué quiere el grupo que acompañó el ascenso.

KARINA DEL RÍO: UNA CANDIDATURA IMPUGNADA, PERO CONFIRMADA

La segunda figura mencionada dentro de esta red es Karina Margarita del Río Zenteno, diputada federal por el Distrito 2, con cabecera en Bochil.

Su candidatura fue efectivamente impugnada.

En marzo de 2024, Blanca Carolina Pérez Gutiérrez promovió un juicio en el que sostuvo que el INE debió negar su registro porque, desde su perspectiva, Del Río no cumplía con los requisitos para ser postulada mediante la acción afirmativa indígena.

El caso llegó al Tribunal Electoral.

Pero aquí debe decirse completo: la Sala Regional Xalapa confirmó el registro de Karina del Río. La mayoría consideró que acreditó un vínculo efectivo con el distrito y cumplió los requisitos de la acción afirmativa mediante constancias presentadas ante la autoridad electoral.

Por tanto, es incorrecto afirmar como hecho definitivo que “usurpó” la candidatura indígena.

Sí fue acusada.

Sí fue impugnada.

Pero el tribunal confirmó su registro.

Eso no elimina la discusión política sobre la forma en que los partidos utilizan las acciones afirmativas ni sobre la calidad de los documentos aceptados.

Tampoco impide preguntar por qué las candidaturas reservadas para representar a pueblos originarios terminan rodeadas de inconformidades y sospechas.

ALBANIA GONZÁLEZ PÓLITO Y LA FRACTURA DEL GRUPO

Albania González Pólito ocupa la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, de acuerdo con el directorio actualizado del Gobierno estatal.

En versiones políticas locales aparece identificada como otra figura cercana al grupo de Aguilar Castillejos.

También se habla de un distanciamiento entre González Pólito y Alejandra Gómez Mendoza.

Pero el simple surgimiento de la versión retrata las tensiones internas de un grupo que habría logrado colocar perfiles en posiciones estratégicas: el Congreso del Estado y la Secretaría responsable de regular concesiones, rutas, permisos y transporte público.

Si existe una fractura, no es solamente un pleito personal.

Es una disputa por espacios de poder.

Y si no existe, ambas funcionarias podrían aclarar públicamente cuál es su relación política con Aguilar Castillejos y qué autonomía mantienen frente a “el grupo de los gordos”.

Cuando una alianza política comienza a dividirse después de repartir posiciones, el desacuerdo rara vez es ideológico.

Generalmente, el problema es quién recibió más, quién quedó fuera o quién pretende controlar el siguiente reparto.

IXTAPA: LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE NO DEBE CONTARSE A MEDIAS

Otro dato requiere una corrección importante.

José Antonio Aguilar Castillejos no fue síndico de Ixtapa en el episodio señalado: fue tesorero municipal.

En mayo de 2019, el periódico 24 Horas publicó información sobre una orden de aprehensión en su contra como probable responsable de peculado en perjuicio del erario municipal de Ixtapa.

Aguilar Castillejos respondió que promovió un juicio de amparo y que el asunto quedó sin efectos después de un desistimiento de la acción penal.

Una publicación posterior sostuvo que el expresidente municipal Ricardo Pérez Pérez sí fue detenido y que, en el caso de Aguilar Castillejos, el desistimiento dejó sin efecto la orden.

Esto significa que existió un señalamiento penal y una orden reportada públicamente, pero no encontramos una sentencia condenatoria vigente contra Aguilar Castillejos por ese caso.

La diferencia es fundamental.

El asunto no debe utilizarse para afirmar que fue condenado.

Pero tampoco debe desaparecer de su trayectoria como si nunca hubiera existido.

Quedan preguntas:

¿Por qué se ejerció inicialmente la acción penal?

¿Quién solicitó el desistimiento?

¿Con qué argumentos?

¿Hubo una revisión completa de la cuenta pública?

¿Se recuperó algún recurso?

¿Existe una resolución definitiva disponible para consulta?

Aguilar Castillejos ha ocupado suficientes cargos como para hacer público el expediente completo y cerrar cualquier duda.

Sobre la supuesta deuda adicional mencionada en versiones locales, no localizamos documentos, contratos, pagarés o una resolución judicial que permitan identificar al acreedor, el monto y el origen.

Sin esos elementos no debe publicarse como hecho.

EMILIANO VILLATORO: NO ES UN NOMBRE NUEVO

Emiliano Villatoro Alcázar sí debe permanecer dentro de esta historia, pero por razones verificables.

No aparece de manera repentina en la estructura territorial.

En 2023 fue presentado como coordinador estatal de la agrupación Promotores de la Cuarta Transformación, organización que participó junto con Construyendo el Bienestar de Chiapas en actividades políticas relacionadas con Aguilar Castillejos.

En el reacomodo territorial difundido durante agosto de 2026, Villatoro aparece como posible sustituto de Andrés González al frente de la estructura territorial de Morena.

Su importancia no depende de haber sido un candidato competitivo en San Cristóbal de Las Casas.

Depende del puesto que podría ocupar ahora.

Quien coordina la estructura territorial tiene contacto con operadores distritales, comités, militantes y liderazgos municipales.

Puede preparar el terreno antes de que aparezcan las convocatorias y las encuestas.

Por eso su eventual nombramiento debe ser confirmado formalmente por Morena.

Y si realmente fue designado, el partido tendría que informar quién lo propuso, qué órgano lo aprobó y cuáles serán sus facultades.

GUILLERMO SANTIAGO Y LA ALCALDÍA “CONEJA”

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez sí se mueve rumbo a Tuxtla Gutiérrez.

Es diputado federal por el Distrito 9, representante de Morena ante el INE y anteriormente dirigió el Instituto Mexicano de la Juventud.

También nació en San Cristóbal de Las Casas, no en Tuxtla, aunque electoralmente representa una parte de la capital chiapaneca.

Sus recorridos por colonias, bardas, actividades territoriales y la promoción de su nombre alimentan abiertamente la versión de que pretende buscar la Presidencia Municipal de Tuxtla en 2027.

Guillermo Santiago suspira por la alcaldía “coneja”.

Políticamente sí resulta posible que una candidatura visible sirva para medir fuerzas, presionar en las encuestas o negociar espacios dentro de Morena.

También podría tratarse de un proyecto propio de Santiago, quien cuenta con trayectoria federal, estructura juvenil y representación partidista ante el INE.

La pregunta debe dirigirse hacia los hechos:

¿Quién financia sus recorridos y bardas?

¿Con qué recursos opera sus casas de enlace?

¿Cuánto tiempo dedica a legislar y cuánto a promocionarse?

¿Busca cumplir como diputado federal o utiliza la curul como trampolín hacia la Presidencia Municipal?

Y, sobre todo, ¿responde a un grupo político nacional, al equipo de Aguilar Castillejos o a su propio proyecto?

Tuxtla no necesita otro candidato fabricado mediante fotografías, bardas y recorridos anticipados.

Necesita resultados.

LOS OPERADORES DE “EL GRUPO DE LOS GORDOS”

En 2026, distintos movimientos internos colocaron nuevamente el nombre de Aguilar Castillejos en el centro de la reorganización territorial de Morena en Chiapas.

Una lista difundida —que todavía requiere confirmación formal del partido— señala la posible incorporación de personajes cercanos a su grupo como coordinadores operativos en los 13 distritos federales.

Entre los nombres mencionados aparecen Emiliano Villatoro, Ciro Sales Ruiz, Adriana Blas Solís y Marco Antonio Ruiz López.

El dato es relevante porque esos coordinadores no ocuparían posiciones decorativas.

La estructura territorial identifica liderazgos, integra comités, afilia militantes, organiza reuniones y moviliza personas.

También puede influir en la construcción de candidaturas.

Quien controla esa maquinaria llega con ventaja antes de que Morena aplique sus encuestas.

El partido podrá afirmar que la ciudadanía decide, pero alguien prepara previamente el terreno, reúne a los simpatizantes y coloca nombres en circulación.

Si los operadores relacionados con “el grupo de los gordos” realmente ocuparán posiciones distritales, Morena debe transparentar quién los designó, mediante qué procedimiento y con qué facultades.

De lo contrario, la estructura del partido puede convertirse en patrimonio de un solo grupo.

CIRO SALES Y LA FRONTERA ENTRE GOBIERNO Y PARTIDO

El caso de Ciro Sales Ruiz exige una explicación particular.

Sales fue dirigente estatal de Morena y actualmente aparece dentro de la Fiscalía General del Estado como coordinador general de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana.

También ha sido identificado como integrante del círculo político de Aguilar Castillejos.

Si participa simultáneamente en la operación territorial de Morena, tendría que explicar cómo separará sus funciones públicas de las partidistas.

¿En qué horario organizará al partido?

¿Utilizará las relaciones construidas desde la Fiscalía?

¿Tendrá acceso a vehículos, personal, información o programas institucionales?

¿Quién vigilará que una responsabilidad relacionada con la participación ciudadana no termine convertida en plataforma electoral?

La vieja política comienza precisamente ahí: cuando los funcionarios dejan de distinguir entre servir a la población y operar para su grupo.

LA CERCANÍA COMO MÉTODO DE ASCENSO

Aguilar Castillejos ha estado cerca de Andrés Manuel López Obrador.

Fue representante federal de sus programas en Chiapas.

Mantiene interlocución con Ariadna Montiel dentro de la Secretaría de Bienestar.

Fue suplente de Eduardo Ramírez y ocupó su lugar en el Senado.

Su agrupación acompañó al actual gobernador durante el proceso electoral de 2024.

Y ahora distintos personajes relacionados con su proyecto aparecen en estructuras partidistas o instituciones públicas.

Cada relación, vista por separado, puede explicarse políticamente.

El problema aparece al observarlas juntas:

Partido.

Programas sociales.

Suplencia legislativa.

Dirección federal.

Operadores territoriales.

Funcionarios cercanos.

Presencia en el Congreso.

No es una coincidencia aislada.

Es una red de poder.

Aguilar Castillejos no consiguió la candidatura a gobernador, pero conservó algo quizá más útil: presencia dentro de la maquinaria.

No necesita estar en la boleta si tiene influencia sobre quienes construyen las candidaturas.

No necesita gobernar directamente si personajes cercanos ocupan espacios estratégicos.

No necesita presidir Morena si un grupo le reconoce liderazgo y trabaja territorialmente bajo su referencia.

El poder no siempre aparece en el organigrama.

A veces se encuentra en la lista de quienes deben un nombramiento.

DEL “PRIMERO LOS POBRES” AL PRIMERO LOS OPERADORES

Morena prometió separar al gobierno del partido.

Prometió eliminar el uso electoral de los programas sociales.

Prometió terminar con el dedazo y las estructuras controladas por grupos.

La trayectoria de Aguilar Castillejos obliga a preguntar cuánto queda de esas promesas.

Durante casi cinco años dirigió en Chiapas los programas que representan el rostro más visible del Gobierno federal.

Después utilizó su presencia territorial para buscar la candidatura a gobernador.

Perdió, pero mantuvo su estructura.

Ahora ocupa una dirección federal vinculada con el desarrollo regional y su grupo aparece nuevamente en el reparto interno rumbo a 2027.

¿Dónde termina el servidor público?

¿Dónde comienza el dirigente?

¿Dónde acaba el trabajo institucional?

¿Dónde empieza la operación electoral?

La respuesta no puede depender únicamente de su palabra.

Se necesitan reglas, documentos, horarios, declaraciones de intereses y vigilancia institucional.

EL PODER QUE NO RINDE CUENTAS

José Antonio Aguilar Castillejos ha llegado lejos.

Fue dirigente de Morena.

Superdelegado del Bienestar.

Aspirante a gobernador.

Senador suplente.

Y ahora director general de Desarrollo Regional.

Pero los cargos acumulados no responden la pregunta principal:

¿Qué resultados personales, medibles y verificables justifican tanto poder?

No los resultados generales de los programas creados por López Obrador.

No las tarjetas entregadas por el Gobierno federal.

No el presupuesto aprobado por el Congreso.

No las obras ejecutadas por municipios y comunidades.

Sus resultados.

¿Cuántas irregularidades corrigió?

¿Cuántas denuncias aclaró?

¿Cuántos procesos transparentó?

¿Cuántas comunidades atendió sin convertir la gestión en capital político?

¿Cuánto de su influencia proviene del respaldo ciudadano y cuánto de su cercanía con quienes distribuyen cargos?

Aguilar Castillejos no desapareció después de perder la candidatura.

Aprendió a moverse sin encabezar la boleta, a conservar operadores y a permanecer cerca de los centros donde se distribuyen recursos y posiciones.

Esa capacidad puede llamarse experiencia.

También puede llamarse construcción de poder personal.

Y cuando ese poder cruza sin claridad las fronteras entre partido, gobierno y programas sociales, deja de ser un asunto interno de Morena.

Se convierte en un problema público.

¿JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS TRABAJA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL PAÍS O UTILIZA SU CERCANÍA CON EL PODER FEDERAL PARA RECONSTRUIR EL CONTROL POLÍTICO DE “EL GRUPO DE LOS GORDOS” SOBRE CHIAPAS RUMBO A 2027