AGUA A CAMBIO DE MULTAS: CUANDO UN AGENTE MUNICIPAL EN CHIAPAS CASTIGA A MUJERES INDÍGENAS POR SOBREVIVIR A LA SEQUÍA

AGUA A CAMBIO DE MULTAS: CUANDO UN AGENTE MUNICIPAL EN CHIAPAS CASTIGA A MUJERES INDÍGENAS POR SOBREVIVIR A LA SEQUÍA

En San Gregorio, Huixtán, un grupo de mujeres indígenas hizo lo que cualquier persona haría frente a meses sin agua: consiguieron un generador de gasolina para sacar agua de un pozo. La respuesta del poder local no fue ayuda. Fue una multa de 55 mil pesos, 22 rejas de refrescos exigidas como tributo, la confiscación de sus teléfonos para borrar evidencia, un golpe y un encarcelamiento arbitrario, y el desmantelamiento físico del generador que las mantenía con agua.

Esto no es un conflicto vecinal que se salió de control. Es, según la denuncia, el uso deliberado del aparato de autoridad comunitaria para castigar a una familia por un pleito personal del agente municipal, quien pertenece al Partido del Trabajo. Que la sequía haya empezado en febrero y que las mujeres hayan tenido que comprar su propio generador para no quedarse sin agua ya es, de por sí, un fracaso de la gestión hídrica municipal. Que encima las multen, las amenacen y las silencien por resolver solas lo que la autoridad no resolvió, es algo más grave: es violencia institucional ejercida contra mujeres indígenas en situación de pobreza.

El patrón que describe la denuncia tiene todos los ingredientes de un abuso de poder clásico en la Chiapas profunda: una autoridad local que convierte un cargo comunitario en instrumento de venganza personal, una turba movilizada para intimidar, la incomunicación forzada de las víctimas —quitarles el teléfono es quitarles la posibilidad de pedir ayuda o dejar registro—, y un presidente municipal que, en lugar de mediar con imparcialidad, se puso del lado de quien tiene el poder de castigar. El corte del agua y la luz a la familia, según se denuncia, no fue un accidente administrativo: fue represalia.

El presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, tiene la obligación legal y moral de garantizar que ningún agente bajo su jurisdicción use el aparato comunitario para ajustar cuentas personales. Si permitió —como se denuncia— que se despojara del servicio de agua y luz a una familia, que se le impusiera una multa desproporcionada y que se agrediera físicamente a uno de sus integrantes, la responsabilidad no es solo del agente: es también de quien, desde la alcaldía, decidió no detenerlo.

Este caso ya está en la Fiscalía de Justicia Indígena, lo cual es un paso necesario pero insuficiente si no hay presión pública y vigilancia institucional. Por eso la exigencia de intervención inmediata debe dirigirse también a la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, a quien corresponde garantizar que ninguna comunidad quede a merced de un poder local sin contrapesos, y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, responsable último de que esa intervención ocurra con urgencia. La exigencia debe dirigirse igualmente a Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuya institución existe precisamente para intervenir cuando mujeres, niños y personas de la tercera edad —como en este caso— quedan indefensos frente a un abuso de autoridad documentado.

Que en pleno 2026, en un estado que presume programas de agua y bienestar, una familia indígena tenga que pagar 55 mil pesos y 22 rejas de refresco por el “delito” de no querer morir de sed, es la prueba más cruda de que la justicia comunitaria, sin vigilancia estatal, puede convertirse en el instrumento perfecto para aplastar a quien menos tiene forma de defenderse.

¿CUÁNTAS MUJERES INDÍGENAS MÁS TENDRÁN QUE SER MULTADAS, AMENAZADAS Y SILENCIADAS ANTES DE QUE DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO Y EL GOBIERNO DE CHIAPAS INTERVENGAN EN HUIXTÁN?