”¿VAS A PODER?”: LA PREGUNTA QUE EXPONE CÓMO LA FISCALÍA LE FALLÓ A UNA MADRE EN TUXTLA

”¿VAS A PODER?”: LA PREGUNTA QUE RESUME CÓMO LA FISCALÍA DE LA MUJER EN CHIAPAS LE FALLÓ A UNA MADRE

Hay una frase que debería perseguir a cualquier funcionario que trabaje en la Fiscalía de la Mujer de Chiapas. Cuando Ana José Zenteno Coutiño fue a exigir que se cumpliera la entrega de su hijo, el personal no exigió nada: le preguntó a Roberto Rubio García, el padre, “si sí iba a poder” presentarse. No una orden. Una pregunta. Como si acatar una resolución judicial fuera un favor que el agresor decide conceder o no.

Veinte días. Ese es el tiempo que un niño de un año 10 meses lleva separado de su madre, desde que el 8 de agosto fue entregado bajo la promesa de devolución el día 11, en una cita médica que nunca se cumplió. Lo que siguió fue un manual de dilación: citas fijadas por la Fiscalía que se caían solas, un certificado médico de última hora presentado por el abogado de la contraparte, y finalmente la exigencia que desnuda todo el esquema: entregarían al niño solo si la madre aceptaba custodia compartida y renunciaba a la pensión alimenticia. Eso no es un desacuerdo entre padres. Es, con nombre técnico, violencia vicaria: usar a un hijo como rehén para doblegar a la madre.

Y aquí el apellido importa, porque no es cualquier apellido. El abuelo del niño es Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado federal por el PVEM entre 2018 y 2021, exsecretario general de ese partido en Chiapas, figura pública con historial ya conocido en el estado —desde la gorra alusiva a “El Chapo” Guzmán hasta el señalamiento de haber ocupado una curul reservada a un candidato indígena sin serlo. Según la denuncia de Ana José, tanto él como su esposa, Blanca Arelis G., habrían aprovechado esos nexos políticos para bloquear su acceso al niño y fabricar acusaciones de abandono en su contra.

Lo que ya no es solo un temor, sino un hecho documentado, es que el Juzgado Quinto de lo Familiar resolvió en junio de 2026 otorgarle a Ana José la guarda y custodia de su hijo. Es decir: no estamos ante dos versiones equivalentes en disputa. Hay una resolución judicial vigente que, según la denuncia, la familia Rubio Montejo simplemente decidió no acatar. Y mientras tanto, los juzgados le fijaron al padre una pensión mínima bajo el argumento de que no tiene ingresos, pese a que —según la denunciante— colabora en la Notaría Pública 192, un gimnasio comercial, un tianguis de autos y negocios restauranteros de la familia. Si eso es cierto, no es un error de cálculo: es una simulación que castiga económicamente al propio niño.

La violencia vicaria nunca golpea sola. Golpea con la retención del hijo, y golpea otra vez cuando la institución que debería frenarla termina, por acción o por omisión, administrando el chantaje con la lógica de la cortesía. Ana José no pide privilegios ni venganza. Pide, literalmente, lo mínimo: que el apellido de un exdiputado no compre lo que a cualquier madre chiapaneca sin apellido jamás le darían.

La titular de la Fiscalía de la Mujer, Flor de María Guirao, llegó al cargo con el mandato explícito de actuar bajo “cero impunidad”. Este caso, con una resolución judicial ya dictada y desobedecida, con un exdiputado señalado de usar su peso político, y con un niño de menos de dos años en medio, es exactamente la prueba que mide si ese mandato es real o es, otra vez, otro discurso que se disuelve frente al poder.

¿CUÁNTAS RESOLUCIONES JUDICIALES MÁS TENDRÁ QUE IGNORAR LA FAMILIA RUBIO MONTEJO ANTES DE QUE LA FISCALÍA DEJE DE PREGUNTAR Y EMPIECE A EXIGIR?