MARTÍN DE LOS SANTOS LORENZANA: MÁS DE 3 AÑOS SIN JUSTICIA EN TONALÁ
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Tonalá; Chiapas 29 de marzo de 2026
Han pasado más de 3 años y casi 3 meses desde aquel 31 de diciembre de 2022.
Más de mil días.
Más de mil noches.
Y la misma pregunta sigue intacta: ¿dónde está la justicia?
UN ANTECEDENTE QUE MARCA LA HERIDA
Faltaban unas horas para que terminara el último día de 2022.
Martín de los Santos Lorenzana, su esposa y su hija —una menor de apenas 5 años— abordaron su taxi para realizar compras para la cena de fin de año.
No llegaron.
Un sujeto se acercó y disparó en siete ocasiones.
El ataque ocurrió frente a su propia vivienda, en el municipio de Tonalá, Chiapas. En cuestión de segundos, la escena se convirtió en tragedia: familiares y vecinos salieron al escuchar las detonaciones; el llanto, la desesperación y los gritos de auxilio se mezclaron mientras socorristas intentaban salvarle la vida.
No hubo tiempo.
No hubo explicación.
No hubo respuesta.
Así terminó todo.
Y así comenzó otra cosa: el abandono institucional.
Porque lo que duele no es solo la muerte.
Es lo que viene después.
Carpetas que no avanzan.
Autoridades que no llaman.
Investigaciones que no explican.
Silencio.
Causa penal: C.I. 0182-097-0711-2022.
Un número que debería significar justicia… pero que hoy representa incertidumbre.
En Tonalá, lo que antes era rutina hoy es miedo.
Salir de noche ya no es normal.
Trabajar ya no es garantía de regresar.
Y mientras tanto, las familias siguen esperando.
Esperando que alguien les diga qué pasó.
Esperando que alguien les diga por qué.
Esperando que alguien, al menos, los escuche.
Porque aquí hay otro punto que no se puede ignorar:
los hijos.
Niños que no solo perdieron a su padre, sino que hoy enfrentan el riesgo de quedar en el abandono institucional si no se garantiza la protección de sus derechos, incluso en la repartición de los bienes.
¿Quién responde por ellos?
¿Quién se hace cargo cuando el Estado no llega?
La exigencia de Lorena no es extraordinaria.
Es básica.
Que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar escuche.
Que dé la cara.
Que abra espacios reales, no solo para el discurso o el entretenimiento, sino para las víctimas.
Porque en Chiapas hay algo que se ha vuelto costumbre:
La violencia ocurre…
y después, el silencio la cubre.
Y no es un caso aislado.
Hay desapariciones sin respuesta.
Homicidios sin detenidos.
Familias que gritan… y un sistema que apenas susurra.
Aquí la pregunta no es técnica.
Es moral.
¿Para quién gobierna un Estado que no escucha a sus víctimas?
Porque cuando la justicia no llega, lo que queda no es solo dolor.
Es desconfianza.
Es miedo.
Es ruptura social.
Martín no era criminal.
No tenía antecedentes.
No tenía enemigos identificados.
Era chofer.
Era padre.
Era proveedor.
Y aun así, lo mataron.
Y aun así, nadie responde.
Hoy su familia no pide privilegios.
Pide lo mínimo:
verdad, justicia y atención.
Porque un gobierno no se mide por lo que promete.
Se mide por lo que resuelve.
Y mientras tanto, las carpetas siguen ahí: guardadas, sin seguimiento, sin respuestas.
En archivos que acumulan polvo institucional, mientras la impunidad crece.
Bajo el silencio del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, los expedientes no avanzan…
y los responsables siguen libres.
En Chiapas, no solo se archivan casos.
Se archiva la justicia.
¿Cuántos casos más deben pasar para que las autoridades escuchen a las víctimas?
Leemos sus comentarios.
