MARÍA EUGENIA MÉNDEZ MORALES Y EL ALCALDE MARIO GUILLÉN: ¿VIVIENDAS DEL BIENESTAR PARA QUIÉNES?

Chiapasenlamira.com

Comitán de Domínguez, Chiapas 30 de marzo de 2026

Mientras familias enteras en Comitán hacen filas, revisan requisitos, juntan papeles y buscan cumplir con cada condición para aspirar a una vivienda digna, desde el poder las reglas parecen distintas.

La síndica María Eugenia Méndez Morales no solo se registró en el programa “Viviendas del Bienestar”. De acuerdo con señalamientos ciudadanos, también habría incluido a integrantes de su entorno familiar en el proceso.

Y ahí es donde la discusión deja de ser administrativa… y se vuelve ética.

Porque este programa no fue diseñado para quienes tienen acceso al poder, sino para quienes han pasado años sin poder acceder a un patrimonio básico.

Sin embargo, en Comitán el mensaje que se percibe es otro:

que primero se apuntan los de arriba… y luego, si alcanza, el resto.

El problema no es únicamente el registro.

El problema es el contexto.

Porque en un municipio donde hay familias viviendo en condiciones precarias, donde muchas personas no logran ni siquiera completar los requisitos, resulta cuestionable que una funcionaria pública aparezca entre las primeras interesadas… y más aún, que su círculo cercano también figure.

¿Casualidad… o ventaja?

En este escenario, el papel del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez no puede quedar fuera.

Porque estos programas no operan en el vacío.

Requieren validación, supervisión y, sobre todo, voluntad política para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La pregunta es directa:

¿Existe anuencia para que perfiles cercanos al poder accedan primero?

Y más aún:

¿Se están beneficiando personas cercanas mientras la ciudadanía compite por lo básico?

Cuando un programa social comienza a percibirse como una oportunidad para los mismos de siempre, pierde su esencia.

Porque el objetivo de las “Viviendas del Bienestar” no es fortalecer estructuras de poder, sino reducir desigualdades.

Pero en Comitán, la narrativa empieza a invertirse:

llegaron a servirse… no a servir.

Legalmente, podrán argumentar cumplimiento de requisitos.

Pero políticamente, la línea es clara:

no todo lo que es legal… es correcto.

Y cuando esa línea se cruza, lo que se pierde no es solo un espacio en un programa, sino la confianza ciudadana.

¿TÚ QUÉ OPINAS?

¿LOS PROGRAMAS SOCIALES DEBEN ESTAR VEDADOS PARA FUNCIONARIOS Y SU ENTORNO?

Te leemos en los comentarios.