INE: EL ÁRBITRO ELECTORAL BAJO TUTELA DE MORENA

Cuando la legalidad se convierte en el arma más eficaz del control político.Hay una forma de destruir una institución sin tocarla. No se necesitan golpes de mano ni rupturas constitucionales espectaculares. Basta con reescribir, despacio y en silencio, las reglas que la sostienen. No en el texto de la ley —eso sería demasiado visible, demasiado impugnable— sino en su aplicación. En quién interpreta. En quién evalúa. En quién decide qué cuenta y qué no cuenta, qué perfil es idóneo y cuál no supera el filtro.Cuando se controla la interpretación de las reglas, las reglas mismas dejan de ser un límite al poder y se convierten en su instrumento más eficaz.Porque nada protege mejor a quien manda que la apariencia de que todo se hizo conforme a derecho.Este es el método. Y hoy se aplica, con precisión y sin prisa, sobre el Instituto Nacional Electoral.La renovación de tres consejerías no es un trámite administrativo de rutina. Es una operación política de largo alcance, ejecutada en el momento preciso, con los instrumentos exactos, por una fuerza que aprendió hace tiempo que el poder más duradero no es el que se toma por asalto, sino el que se edifica ladrillo por ladrillo dentro del propio andamiaje institucional, hasta que ese andamiaje deja de pertenecer a la república y pasa a servir al partido.Los que se van: una salida que huele a venganza.El 3 de abril concluye el encargo de tres consejeros electorales: Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. En el papel, es el fin natural de su periodo. En la práctica, es el desenlace de una persecución institucional que comenzó hace cuatro años y que no ha terminado con su salida, sino que los acompañará más allá de ella.Los tres se van con un proceso administrativo abierto desde 2021.No por corrupción. No por desvío de recursos. No por abuso de autoridad. Se van procesados por haber tomado una decisión que, en cualquier sistema electoral verdaderamente autónomo, habría sido exactamente lo que se esperaba de un árbitro independiente: votar para suspender temporalmente la consulta de revocación de mandato promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al detectar que el proceso no cumplía con los requisitos legales para llevarse a cabo en los términos propuestos.Esa decisión, técnicamente fundada y jurídicamente defendible, les costó cara. López Obrador no perdonó la afrenta. El aparato político de la 4T los señaló públicamente como enemigos del proyecto, como saboteadores de la voluntad popular, como representantes del bloque conservador que se oponía al cambio.Y desde entonces, los tres consejeros cargaron con esa marca, sabiendo que en la política mexicana una marca de ese tipo no se borra: se cobra.En su última sesión ordinaria como miembros del Consejo General, los tres rompieron el protocolo de la despedida institucional discreta. Denunciaron persecución. Denunciaron venganza. Dijeron, con todas sus letras, que el proceso administrativo que pesa sobre ellos no es un ejercicio de rendición de cuentas, sino un instrumento de disciplinamiento político: el mensaje enviado a cualquier funcionario electoral que en el futuro considere la posibilidad de incomodar al poder.Y ese mensaje es, quizás, el dato más relevante de toda esta historia. Porque no está dirigido a Zavala, Ravel y Rivera. Está dirigido a quienes vendrán después de ellos. A los tres consejeros que ocuparán sus lugares. A cualquier árbitro que, en algún momento de los próximos nueve años, se encuentre frente a una decisión que le convenga al partido hegemónico de Morena y tenga que elegir entre la ley y la conveniencia política.El expediente abierto en 2021 es, en ese sentido, mucho más que un proceso administrativo. Es un manual de consecuencias. Una advertencia institucionalizada. La demostración de que el costo de la independencia no termina cuando termina el cargo.El filtro como instrumento de poder.El diseño institucional del proceso de designación tiene una lógica que, en abstracto, parece razonable: una convocatoria abierta, un comité técnico que evalúa y filtra, listas de candidat@s calificad@s y votación final en la Cámara.Cada paso tiene su sustento legal. Cada engranaje encaja con el siguiente. El problema no está en el diseño. Está en quién lo opera.Porque el punto neurálgico de todo el proceso no es la votación final, donde Morena, el Partido Verde y el PT tienen los votos suficientes y el resultado es predecible.El punto neurálgico es el filtro previo: el comité técnico de evaluación.Ese comité no designa, es cierto. Pero decide quién puede ser designad@.Construye las quintetas finales. Define el margen real de la decisión política.Y quien controla el filtro, en la práctica, controla el resultado.L@s cinco integrantes del comité no son figuras neutrales caídas del cielo institucional.Son trayectorias.Son redes.Son historias que circulan dentro del mismo sistema y que permiten leer, con claridad, el contexto en que fueron elegidas.Sus trayectorias permiten entender el contexto:Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada del Tribunal Electoral cuyo nombre fue incluido en los llamados “acordeones” difundidos en el proceso judicial de 2025 para orientar el voto hacia perfiles afines al oficialismo. Este tipo de promoción política, aunque no invalida el procedimiento, sí condiciona la percepción de independencia.Rubén Jesús Lara Patrón, exmagistrado que impulsó una resolución contra una ciudadana por criticar en redes sociales a la diputada federal del Partido del Trabajo (PT) por Sonora, Diana Karina Barreras Samaniego, esposa de Sergio Gutiérrez Luna.La sanción incluyó multa, disculpa pública obligatoria y la imposición de publicar un mensaje en X bajo lineamientos oficiales. El caso fue tratado como “dato protegido” y permanece como referencia de un uso desproporcionado del poder sancionador, señalado como excesivo en relación con una expresión en redes.Selene Cruz Alcalá, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), órgano encargado de resolver conflictos laborales entre trabajadores al servicio del Estado y dependencias federales. Participó como candidata a ministra de la Suprema Corte en el proceso impulsado por el oficialismo y, tras no resultar electa, fue incorporada a este tribunal. Su trayectoria se interpreta como parte de una dinámica de movilidad dentro del aparato institucional.Irma Rodríguez Cruz, con paso por organismos del Gobierno federal como Segalmex, Diconsa y Liconsa —entidades bajo escrutinio público— y quien hasta hace unos días se desempeñaba como asesora dentro del propio INE. Su incorporación abre cuestionamientos sobre cercanía institucional y posible conflicto de interés.Miriam Rodríguez Armenta, académica que mantiene un vínculo directo con Mauricio Rodríguez Alonso, exconsejero electoral y exfuncionario del gobierno capitalino.Ninguno de estos perfiles opera en el vacío. Juntos, forman una red de trayectorias interconectadas que no necesitan instrucciones explícitas para funcionar en una misma dirección.Eso es, precisamente, lo que hace al mecanismo tan eficaz y tan difícil de combatir: no requiere conspiración. Requiere afinidad. Y la afinidad, en política, produce resultados mucho más confiables que cualquier acuerdo formal.El ensayo general: la elección judicial y sus heridas abiertas.Para entender lo que ocurre hoy con el INE, hay que detenerse en lo que ocurrió ayer con el Poder Judicial. Porque la elección extraordinaria no fue solo un proceso controvertido: fue el laboratorio de operación.Un proceso marcado por cuestionamientos, por denuncias de irregularidades y por una percepción creciente de captura institucional.Pero, sobre todo, fue la demostración práctica de un método: controlar el proceso sin romper formalmente las reglas.Hoy ese mismo método no solo se repite: se perfecciona.El llamado comité técnico de evaluación y la “elección” de las y los nuevos consejeros del INE no pueden leerse como hechos aislados. Son la continuidad directa de ese ensayo general.El mismo diseño.La misma lógica.El mismo control desde el filtro.Porque si algo dejó claro el proceso judicial es que no se necesita manipular la votación final cuando ya se controló quién puede llegar a ella.Y lo más delicado es que ese proceso aún no ha sido completamente cerrado ni esclarecido.Existe la posibilidad de que en bodegas distritales sigan resguardadas boletas de esa elección extraordinaria del Poder Judicial: material electoral que, más que memoria administrativa, podría representar evidencia de un proceso severamente cuestionado.Ese dato no es menor. Es síntoma.Porque cuando un proceso deja dudas estructurales y, aun así, su modelo se replica en la integración del árbitro electoral, lo que está en juego ya no es una elección.Es el sistema completo.Lo que hoy se construye en el INE no empieza con estas designaciones.Viene de antes.Se probó antes.Y hoy se aplica con mayor precisión.No es un error.No es improvisación.Es método.Y en ese contexto, no puede omitirse un dato clave: la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del INE se dio mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, impulsado por la correlación de fuerzas del bloque en el poder.Ese origen no es menor. Marca el punto de partida de una conducción que, desde el inicio, quedó bajo cuestionamiento por su cercanía política.Desde entonces, su gestión ha acumulado señalamientos: tensiones internas en el Consejo, falta de consensos en nombramientos clave, decisiones polémicas y una conducción que, en momentos críticos, no ha logrado disipar dudas sobre la imparcialidad del árbitro.Y aquí aparece otro elemento que no puede ignorarse: la continuidad política del proyecto en el poder.Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, lejos de observarse un deslinde institucional, lo que se percibe es la consolidación de una lógica que ya venía operando. No como ruptura, sino como prolongación.Porque cuando desde el poder Ejecutivo no se fortalece la autonomía del árbitro, sino que se tolera —o se normaliza— su debilitamiento, el mensaje es claro: la independencia electoral deja de ser prioridad y pasa a ser variable política.No se trata de una persona.Se trata de un modelo.Un modelo donde las reglas se mantienen… pero el control cambia de manos.No son hechos aislados.Son piezas de un mismo patrón.Porque cuando la presidencia del órgano electoral es cuestionada, el proceso de designación es controlado y el poder político no marca distancia, lo que se erosiona no es una figura.Es la confianza en el árbitro.Y cuando el árbitro deja de generar certeza, la democracia deja de ser competencia… y empieza a parecer simulación.¿Usted qué opina?Leemos sus comentarios #ChiapasEnLaMiraNoticias #ChiapasEnLaMiraInforma #ChiapasEnLaMira