OCOZOCOAUTLA, FRANCISCO CHAMBÉ Y EL CONGRESO DE CHIAPAS: LA CRISIS QUE NADIE QUISO EXPLICAR

Chiapasenlamira.comTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 15 de enero de 2026 Lo ocurrido en Ocozocoautla de Espinosa no es un accidente administrativo ni una confusión menor. Es la radiografía de un sistema político que normaliza el silencio, administra la información con cálculo y reacciona cuando los hechos ya son irreversibles.

La salida del presidente municipal Francisco Javier Chambé Morales no solo exhibe un vacío de autoridad: expone un Congreso desarticulado, una cadena de omisiones y una peligrosa costumbre de gobernar desde la 0pacidad.

LÍNEA DE TIEMPO 7 DE ENERO DE 2026 | DESAPARICIÓN POLÍTICA Desde el 7 de enero no existe registro público del ahora exalcalde en actos oficiales, actividades institucionales ni comunicaciones directas.

No hay agenda pública, no hay explicación, no hay mensaje institucional.Un municipio entero queda, de facto, sin rostro político visible. Nadie informa quién toma decisiones, quién firma, quién conduce. El silencio no es neutral: es una forma de evasión del poder.

8–11 DE ENERO | EL VACÍO SE NORMALIZA

Durante varios días consecutivos, el Ayuntamiento de Ocozocoautla hace mutis. No hay comunicados, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas.La información comienza a conocerse primero por los medios de comunicación y por la conversación pública, no por las autoridades responsables.

Cuando el periodismo sustituye a la autoridad informativa, la institucionalidad ya está fracturada.

MARTES 13 DE ENERO DE 2026 (POR LA NOCHE) | EL CABILDO APRUEBA LA LICENCIA

La noche del martes 13 de enero, el Cabildo de Ocozocoautla aprueba formalmente la licencia del presidente municipal, en sesión oficial, de acuerdo con reportes periodísticos y confirmaciones públicas.

Este dato es crucial: la licencia ya estaba aprobada en el ámbito municipal mientras, horas antes y durante ese mismo día, el Congreso seguía afirmando públicamente que no existía nada “oficial”.

La contradicción no es menor; es estructural.O existió una falla grave de comunicación institucional entre el Ayuntamiento y el Poder Legislativo —lo que revela desorden, desarticulación y debilidad administrativa—, o existió una decisión consciente de minimizar un proceso ya consumado para administrar políticamente el desgaste público.

En ambos escenarios, la responsabilidad institucional es ineludible.

MARTES 13 DE ENERO DE 2026 (DURANTE EL DÍA) | EL CONGRESO NIEGA

Ese mismo día, el diputado Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Congreso de Chiapas, declaró públicamente que el Congreso del Estado no había recibido ninguna solicitud formal de licencia por parte del presidente municipal y que la información provenía únicamente de redes sociales.En entrevista afirmó: “Muy temprano vi información en redes sociales sobre una presunta solicitud de licencia ante el cabildo, incluso que ya se había sesionado, pero no hay nada oficial en el Congreso del Estado”.

La pregunta es inevitable: ¿realmente desconocía un proceso que ya estaba ocurriendo en el ámbito municipal o decidió simular ignorancia para no asumir costos políticos?

Mientras el Cabildo avanzaba hacia una decisión formal esa misma noche, el Congreso sostenía durante el día una narrativa de negación. La contradicción expone una institucionalidad desconectada de los hechos que administra.

Pero la responsabilidad no se agota en una sola comisión ni en una sola voz. La conducción política del Congreso recae en su presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, quien tiene la obligación directa de garantizar orden institucional, claridad en la información pública y coordinación efectiva entre los órganos internos del Poder Legislativo.

El silencio, la falta de una postura clara y la tardanza en comunicar una decisión de alto impacto para un municipio entero también son responsabilidad de la presidencia del Congreso.

No se trata solo de fallas operativas: se trata de conducción política.Cuando la Mesa Directiva no fija una narrativa institucional coherente ni transparenta procesos sensibles, el daño deja de ser mediático y se convierte en institucional.

La gobernabilidad legislativa se mide también por la capacidad de informar con oportunidad, coherencia y responsabilidad.En un escenario de crisis municipal, la presidencia del Congreso no puede limitarse a administrar tiempos legislativos: tiene la obligación de garantizar certidumbre pública y liderazgo institucional.

Cuando eso no ocurre, el vacío no es solo informativo: es un vacío de conducción política..

MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2026 | EL CONGRESO APRUEBA LA LICENCIA

El día 14 de enero de 2026, el Congreso del Estado de Chiapas, se difundió que por la noche, se aprobó la licencia indefinida del presidente municipal, la calificó como renuncia y procedió a formalizar la designación de una presidenta municipal sustituta.

El procedimiento del legislativo, vuelve a exhibir su limitada transparencia operativa incluso en decisiones de alto impacto institucional.

La rectificación llega sin explicación pública del desfase, sin aclarar por qué un día antes se negaba un proceso que ya estaba en marcha y sin asumir responsabilidades por la confusión institucional generada.Primero se niega. Después se valida. Nunca se explica.

JUEVES 15 DE ENERO DE 2026 | LA DECISIÓN SE HACE PÚBLICA

Es hasta hoy 15 de enero cuando la aprobación legislativa y la designación de la presidenta municipal sustituta se dan a conocer públicamente de manera clara en medios de comunicación, consolidando oficialmente un proceso que, en los hechos, ya había ocurrido entre el Cabildo (13 de enero) y el Congreso (14 de enero).Se confirma un patrón preocupante: las decisiones de alto impacto institucional no se comunican de manera oportuna, sino que se conocen días después, cuando ya son hechos consumados.

La transparencia llegó tarde. La certeza institucional, también.Negar un contexto que ya era público no es un error menor: es ocultar información de interés público, sembrar incertidumbre institucional y colocar, aunque sea temporalmente, a un municipio entero en un vacío de autoridad y claridad política.

Entre el 7 y el 14 de enero, Ocozocoautla y el propio Congreso del Estado operaron dentro de un vacío institucional prolongado.Ocho días sin una explicación pública clara sobre la ausencia del alcalde, sin comunicación oficial del Ayuntamiento, sin conducción visible y con un Congreso que primero negó la existencia de un proceso que ya se estaba gestando.

Durante ese lapso, la gobernabilidad municipal quedó suspendida en una zona gris: nadie aclaró quién ejercía plenamente la autoridad, nadie explicó si existía un proceso legal en curso, nadie asumió responsabilidad política.

El municipio vivió una administración en silencio, y el Poder Legislativo actuó bajo una lógica reactiva, no preventiva ni transparente.

Que la decisión del Congreso se haya conocido públicamente hasta hoy 15 de enero, cuando la ausencia del alcalde comenzó desde el 7, confirma que la institucionalidad llegó tarde a su propia crisis.

Durante más de una semana, la ciudadanía tuvo que informarse por versiones periodísticas y conversación pública, no por canales oficiales.Ese lapso no es un detalle técnico: es un vacío de gobernabilidad real, tiempo perdido para la certeza jurídica, la estabilidad administrativa y la confianza pública.

Más grave aún, esta postura provino del diputado Javier Jiménez Jiménez, presidente de una comisión legislativa directamente vinculada con la seguridad y la gobernabilidad.

Blindar situaciones sensibles, administrar silencios o minimizar procesos reales no solo erosiona la confianza ciudadana: compromete la credibilidad del propio Poder Legislativo y debilita su función de control institucional.Si el Congreso no tenía información oportuna, el problema es incompetencia operativa.Si la tenía y decidió negarla, el problema es simulación política.En ambos casos, la ciudadanía queda desprotegida frente a un poder que no rinde cuentas.Ocozocoautla no enfrenta simplemente la salida de un alcalde. Enfrenta la confirmación de que el silencio, la opacidad y la reacción tardía se han convertido en prácticas normalizadas del ejercicio público.Cuando un municipio se queda sin autoridad visible durante días, cuando el Cabildo decide y el Congreso lo niega, y cuando nadie explica nada, el problema no es administrativo: es estructural, político e institucional.La democracia no se sostiene con silencios.

Se sostiene con verdad, responsabilidad y transparencia. Y hoy, en Ocozocoautla, esas tres siguen pendientes.¿Es aceptable que un alcalde desaparezca de la vida pública durante días sin explicación oficial y que el Congreso niegue un proceso que ya estaba ocurriendo?

¿Estamos frente a desorganización institucional o a una simulación política deliberada?

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